La Audiencia Provincial de Madrid celebrará a partir de este martes el juicio contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y su entonces subordinado Bonifacio Díez Sevillano por la obtención y custodia de un pendrive ‘fantasma’ con datos de Jordi Pujol Ferrusola, que se trató de incorporar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre el patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Si bien la Fiscalía concluye en su escrito de acusación que los hechos no son constitutivos de delito y pide la libre absolución para Pino y Díez Sevillano, la acusación popular ejercida por Podemos pide diez años y medio de cárcel para cada uno. Por su parte, la defensa de Pujol Ferrusola pide dos años y medio de prisión para ambos.
La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid prevé celebrar cuatro sesiones –del 9 al 12 de junio– en horario de mañana para juzgarles por un presunto delito de descubrimiento de secretos. Este será el primer juicio contra la conocida como ‘policía patriótica’ de la etapa del ex ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz.
Según informa el tribunal, el primer día se destinará a interrogar a los acusados y tendrá lugar la testifical de dos comisarios del Cuerpo Nacional de Policía, de tres inspectores jefes, de un policía nacional y de la secretaria particular del exDAO. No será hasta la segunda jornada cuando llegue la declaración del comisario jubilado y en prisión preventiva desde 2017 José Manuel Villarejo, sobre quien gira la macrocausa ‘Tándem’ que se instruye en la Audiencia Nacional.
Además de Villarejo, testificará el que fuera jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas, Jordi Pujol Ferrusola, tres detectives y cinco policías nacionales. El tercer día se dedicará a la prueba documental –se reproducirá una conversación entre Villarejo y El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño– y la última jornada será para las conclusiones e informes.
Este caso pasó inicialmente por la Audiencia Nacional debido a que la documentación de Pujol Ferrusola contenida en ese pendrive fue incorporada en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) que se presentó en el Juzgado Central de Instrucción número 5, en el marco de la investigación sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol.
Sin embargo, el juez instructor de dicha causa, José de la Mata, «vio indicios del origen incierto» de dichos documentos, por lo que incoó una pieza separada con el fin de no contaminar la causa. Finalmente lo derivó a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, recayendo en el número 11 dirigido por Juan Javier Pérez.
Fue entonces cuando este magistrado procesó a Pino y a Sevillano al no creer sus versiones. Pino aseguró durante la instrucción que la memoria USB le llegó al que fuera jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y que le había indicado que provenía de la agencia de detectives Metodo3.
Asimismo, apuntó que, previamente, el dispositivo se lo había ofrecido Villarejo pero a cambio de que le pagara medio millón de euros, cantidad que luego rebaja a 200.000 euros. Mientras tanto, Díez Sevillano señaló durante la instrucción del caso que nunca había entregado ese dispositivo a ningún responsable de la UDEF.
EL LARGO VIAJE DEL PENDRIVE
En su escrito de conclusiones preliminares, la Fiscalía apunta que los hechos no son constitutivos de delito, y reconstruye el viaje que hizo esa memoria USB hasta llegar a manos de José de la Mata. Así, indica que Pino en marzo de 2015 entregó a Bonifacio Díez Sevillano ese pendrive «sin que conste fehacientemente su contenido ni como había llegado a su poder».
Pino le encomienda a Sevillano que se lo haga llegar al comisario jefe de la UDEF Manuel Vázquez López, quien a su vez se lo entregó al inspector jefe de la UDEF José Manuel Álvarez Luna. Éste mandó la memoria al GRUPO 12 para que trabajara con él, y ahí, se produjo el extravío «por circunstancias no determinadas» de dicha memoria.
Pero en febrero de 2017, cuando Álvarez Luna organiza su mesa la encuentra en un cajón y su superior, el comisario José Manuel García Catalá se lo hace llegar al Juzgado Central de Instrucción número 5 entendiendo «que podía tener relación con la investigación en curso sobre el clan de los Pujol.
El Ministerio Fiscal entiende que en esa entrega no tuvieron participación los dos acusados y que no queda acreditado un «concierto previo» entre ambos para introducir el pendrive en el procedimiento por posible blanqueo de capitales contra Pujol Ferrusola «para conseguir la contaminación de dicho procedimiento penal». Por ello piden la libre absolución de ambos.
PODEMOS PIDE 10 AÑOS DE CÁRCEL PARA PINO Y SEVILLANO
En cambio, la acusación popular que ejerce Podemos solicita 10 años y medio de prisión para Pino, y en su escrito de acusación le atribuye los delitos de estafa procesal, falso testimonio y descubrimiento y revelación de secretos, los mismos que al que fuera la ‘mano derecha’ del exDAO Bonifacio Díez Sevillano, para quien solicita la misma pena, además de una accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un plazo de 10 años, ya que él sí continúa en servicio activo.
Para la formación de Iglesias, ambos actuaron «de forma concertada y prevaliéndose de su posición jerárquica y organizativa» en la DAO para facilitar a la UDEF «un dispositivo electrónico ‘pendrive’ con documentación propiedad de Jordi Pujol Ferrusola indicando un origen de la documentación falso, desconociéndose en la actualidad el origen real de dicho ‘pendrive'».
«El ánimo (…) fue crear una apariencia de legitimidad bastante sobre esta documentación de forma que ésta pasara a ser incorporada, en forma de informe policial», a las diligencias, indican, para añadir que Díaz Sevillano entregó Vázquez López la memoria informándole de que dicho ‘pendrive’ había resultado incautado «durante las operaciones de entrada y registro» ordenadas en Barcelona.
INTERVINIERON «DE COMÚN ACUERDO»
Es su escrito de acusación de conclusiones preliminares, la defensa de Pujol Ferrusola apunta que tanto Pino como Díaz Sevillano, sabedores del origen ilícito del pendrive intervinieron «de común acuerdo en la utilización, revelación y cesión» de aquel dispositivo, y que en la entrega a la UDEF Díez Sevillano señaló que el material procedía de la agencia de detectives Método 3 de Barcelona, «una afirmación fácilmente constatable en su falsidia».
Por todo ello piden una pena de dos años y medio de cárcel para Pino, multa de 10.000 euros e inhabilitación absoluta por 9 años. Para Díez Sevillano piden misma pena de cárcel y otros 10.000 euros de multa además de su inhabilitación por 9 años. Además exige que ambos abonen a Pujol Ferrusola 12.000 euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil.
LAS DEFENSAS DE PINO Y DÍEZ PIDEN SU LIBRE ABSOLUCIÓN
Tanto la defensa de Pino como la de Díez piden la libre absolución dado que entienden que los hechos que van a ser enjuiciados «carecen de trascendencia penal y no son constitutivos de delito de descubrimiento y revelación de secretos, estafa procesal ni falso testimonio».
«Mi representado no ha tenido absolutamente ninguna intervención ni en la obtención del pendrive de referencia, ni en su grabación, ni en su traslado, ni en su introducción en ningún informe, ni en su aportación al Juzgado Central de Instrucción», señalaba la defensa de Díez en su escrito de conclusiones.
