El delegado del Gobierno en Madrid, JosĆ© Manuel Franco, ha seƱalado ante la titular del Juzgado de InstrucciĆ³n nĆŗmero 51 de Madrid, Carmen RodrĆguez-Medel, y a preguntas de la propia magistrada, que no recibiĆ³ indicaciĆ³n o recomendaciĆ³n alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestaciĆ³n del 8 de marzo en Madrid.
Durante su declaraciĆ³n como imputado por un presunto delito de prevaricaciĆ³n administrativa, el dirigente socialista –que es secretario general del PSOE en Madrid-, ha contestado a las preguntas que le han realizado todas las partes presentes en la diligencia judicial celebrada este miĆ©rcoles, reiterando en varias ocasiones que Ć©l no es competente en materia de Sanidad y que nunca tuvo a su disposiciĆ³n informaciĆ³n sobre la evoluciĆ³n del covid-19, segĆŗn han seƱalado a Europa Press fuentes jurĆdicas.
Al tĆ©rmino de su declaraciĆ³n ante la magistrada, y a preguntas de los numerosos periodistas que le esperaban a la puerta del edificio de los juzgados de Madrid, el delegado del Gobierno ha seƱalado que Ā«no habĆa ningĆŗn elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamentalĀ» como era el de manifestaciĆ³n feminista, y su actuaciĆ³n como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos sobre la evoluciĆ³n de la pandemia.
De hecho, durante su declaraciĆ³n, que ha durado alrededor de una hora y media, ha insistido en que no tenĆa constancia documental de la percepciĆ³n del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo. Esto contrastarĆa con la tesis defendida por la DelegaciĆ³n del Gobierno, que, tras ser requerido por la juez para que notificara cuĆ”l fue la primera Ā«indicaciĆ³n, alerta o noticiaĀ» sobre el coronavirus que recibiĆ³ el organismo, ha asegurado que Ā«no consta recepciĆ³n de comunicaciones sanitarias con anterioridad al dĆa 14 de marzo de 2020Ā», cuando se declarĆ³ el estado de alarma.
En este sentido, en respuesta a la acusaciĆ³n popular AsociaciĆ³n de Consumidores y Usuarios JosĆ© MarĆa Mena, que le ha inquirido sobre cĆ³mo es posible que se permitiera el 8-M si la OrganizaciĆ³n Mundial de la Salud (OMS) declarĆ³ la crisis sanitaria como pandemia el 30 de enero, Franco ha precisado que el dato es errĆ³neo porque se declarĆ³ como tal el 11 de marzo, han apuntado las fuentes consultadas.
CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIĆN DE RIESGOS LABORALES
Asimismo, para incidir sobre cuĆ”ndo tuvo conocimiento la gravedad de la crisis sanitaria, el delegado del Gobierno ha sido preguntado por el correo electrĆ³nico interno que el departamento de PrevenciĆ³n de Riesgos Laborales de la DelegaciĆ³n del Gobierno enviĆ³ a todos los trabajadores el pasado 2 de marzo indicando la medida de mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro.
Franco ha defendido que en esas fechas no conocĆa dicho mensaje, que adjuntaba el protocolo de seguridad elaborado el 28 de febrero, segĆŗn las fuentes jurĆdicas consultadas. Dicho documento tiene cierta relevancia en la causa, pues ha servido para la Guardia Civil concluyera en su Ćŗltimo informe que la DelegaciĆ³n del Gobierno conocĆa de Ā«los riesgos relacionados con el covid-19Ā» desde Ā«mediados de febreroĀ».
A Franco le acusan varias acusaciones populares en relaciĆ³n con la actuaciĆ³n de su departamento durante los dĆas previos a la declaraciĆ³n del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.
La comparecencia tiene lugar o un dĆa despuĆ©s de que titular del Juzgado Central de InstrucciĆ³n nĆŗmero 51 inadmitiera los recursos presentados por la AbogacĆa del Estado –que ejerce la defensa de Franco– y la FiscalĆa y rechazara anular la causa, tal y como Ć©stas habĆan solicitado al no ver indicios de delito en su actuaciĆ³n.
DEBATE SOBRE LA COMPETENCIA EN MATERIA SANITARIA
Por otro lado, este miĆ©rcoles tambiĆ©n han comparecido ante la juez el secretario general de la DelegaciĆ³n del Gobierno, Fernando Talavera; el director del Gabinete TĆ©cnico, Luis MarĆa Sanz, y el director de Seguridad Ciudadana, JosĆ© Luis Correas, en calidad de testigos y que tambiĆ©n han sido interrogados por la magistrada.
Las fuentes jurĆdicas han apuntado que las declaraciones se han centrado en si la DelegaciĆ³n del Gobierno tenĆa competencias en materia de Sanidad o si Ć©stas eran de la Comunidad de Madrid. SegĆŗn sostiene la FiscalĆa, Franco no ha cometido ningĆŗn delito porque no tiene competencias para prohibir una manifestaciĆ³n por razones sanitarias.
AdemĆ”s, el director de Seguridad Ciudadana ha sido preguntado por las llamadas que la DelegaciĆ³n del Gobierno hizo a partir del 11 de marzo a convocantes de manifestaciones para instarles a que desconvocaran.
Correas no ha negado este hecho, que tambiĆ©n ha sido destacado por los agentes de la Guardia Civil en sus informes, y ha indicado que era este tipo de contacto telefĆ³nico era mĆ”s frecuente que mandar un correo electrĆ³nico y que se decidiĆ³ hacer a partir de esa fecha porque fue cuando tuvieron constancia de la repercusiĆ³n del covid-19.
MĆS TESTIGOS MAĆANA
La ronda de declaraciones de testigos continuarĆ” maƱana. La juez instructora escucharĆ”, a partir de las 09.00 horas, a otros cinco trabajadores de la DelegaciĆ³n del Gobierno: el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, JosĆ© Luis SĆ”nchez; el jefe de secciĆ³n del mismo departamento, Ignacio Ortiz; la auxiliares administrativo del servicio MarĆa Lourdes AndrĆ©s y MarĆa Elena GarcĆa DĆaz; y el jefe del departamento de PrevenciĆ³n y Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey.
DespuĆ©s comparecerĆ”n tres promotores de manifestaciones Javier GĆ³mez Ochoa, de CC.OO. ConstrucciĆ³n y Servicios; Antonio GarcĆa Edwards, de ‘Anonymus for the voiceless Animal Save’; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.
Las declaraciones continuarĆ”n por la tarde cuando acudirĆ”n a la sede judicial los promotores de otras siete manifestaciones convocadas en marzo a los que supuestamente llamaron funcionarios de la DelegaciĆ³n del Gobierno para instarles a que las suspendieran. Son: Diana Chnaiker, de la AsociaciĆ³n de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler; MarĆa Teresa MartĆnez, de Defensa del Sistema PĆŗblico de Pensiones de Getafe; Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de AlcorcĆ³n; Antonio O’Connor, del sindicato CGT Madrid; Luis Concha, del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa; MoisĆ©s FernĆ”ndez, de CGT Amazon; y Santiago de la Iglesia, del sindicato Oficios Varios del Sur CGT.