La portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs, comparecerá este jueves en el Congreso para presentar sus alegaciones sobre el suplicatorio que ha pedido el Tribunal Supremo para investigarla por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La Mesa del Congreso rechazó esta semana su pretensión de paralizar el procedimiento, pero no fue una decisión unánime porque los representantes de Unidas Podemos evitaron votar en contra de la diputada independentista y optaron por abstenerse.
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, remitió el pasado 25 de mayo la comunicación cursada por la Sala de lo Penal de este órgano que eleva suplicatorio en relación con la diputada independentista, y al día siguiente la Mesa del Congreso ya puso en marcha el procedimiento parlamentario, que se espera resolver antes del verano.
En su primera reunión para tratar el caso de Laura Borràs, la Comisión del Estatuto de los Diputados que preside la socialista Begoña Nasarre acordó dar un plazo hasta el 11 de junio para dar audiencia a la interesada con el fin de que presente sus alegaciones, ya sea por escrito o bien de forma oral ante la misma.
TODO A PUERTA CERRADA
En una reunión a puerta cerrada, como todas las que celebra esta comisión, Borràs comparecerá este jueves, al filo del plazo, pata presentar sus alegaciones y sus reparos sobre la investigación del Alto Tribunal. Y es que la portavoz de Junts ya apeló a la Mesa al entender que el Supremo no había respetado sus derechos, un recurso que el órgano de gobierno de la Cámara zanjó este martes ratificándose en lo previsto en el Reglamento y rechazando paralizar el procedimiento parlamentario.
En la votación de la Mesa, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE, e PP y Vox siguieron el criterio de los letrados de la Cámara, mientras que Unidas Podemos prefirió abstenerse al cuestionar los plazos del Supremo.
Conforme a lo establecido en los artículos 13 y 14 del Reglamento, la Comisión del Estatuto de los Diputados debe hacer una propuesta al Pleno sobre el suplicatorio de Borràs en el plazo de 30 días hábiles, en lo que será la primera votación en el Congreso sobre el suplicatorio. En anteriores suplicatorios, la comisión ha resuelto estos expedientes en poco más de dos semanas desde las alegaciones del afectado.
La propuesta de la comisión se elevará después al siguiente Pleno del Congreso, que es el que tiene la última palabra sobre la concesión o denegación de la autorización solicitada. Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en sesión plenaria tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
A partir del acuerdo del Pleno de la Cámara, que se prevé a finales de mes o principios de julio, Batet dispondrá de ocho días para trasladar la decisión a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
La votación de este suplicatorio puede suponer otro elemento de ruptura entre Junts y ERC, socios en el Govern de la Generalitat. Los republicanos aún no han desvelado el sentido de su voto, pero la opinión mayoritaria en el partido se inclina por favorecer que la diputada rinda cuentas por esos contratos, mientras que la formación de Borràs viene sosteniendo que se trata de una causa política en su contra.
Todo apunta a que esta vez no habrá la misma unidad de voto entre los independentistas que en el último suplicatorio votado en el Congreso, el del portavoz de la antigua Convergència, Francesc Homs, investigado por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña cuando era conseller de Presidencia. En aquella ocasión, el 22 de noviembre de 2016, los independentistas, los nacionalistas y Unidos Podemos votaron en contra al considerar que se trata de una causa política, aunque el suplicatorio salió adelante con los votos del PP, PSOE y Ciudadanos.
EL ÚLTIMO SUPLICATORIO QUE SE DENEGÓ FUE HACE MÁS DE 30 AÑOS
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
En las legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
