La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acumula a fecha de este martes un total de 16 querellas y 24 denuncias por supuestos delitos derivados de la gestión por el Gobierno de la pandemia por covid-19 y está estudiando cómo organizar y acumular todo este material antes de concluir si existen indicios que permitan abrir una investigación penal, han informado a Europa Press fuentes del alto tribunal.
Las denuncias se presentan por unos hechos que se consideran delictivos, mientras que las querellas se dirigen contra personas concretas a las que se considera autoras de una determinada conducta criminal. En este caso, entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como Vox -todos ellos en calidad de acusación popular– pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por covid-19, en calidad de acusación particular.
La diferencia entre unas acusaciones y otras es la que está ocupando estos días la labor del alto tribunal, según las fuentes consultadas, ya que mientras que las denuncias pueden ser presentadas directamente para informe a la Fiscalía, al igual que las querellas que impulsan acusaciones particulare, las que son presentadas por asociaciones requieren más trámites. Sus representantes deben presentar poder y se les impone una fianza, que en el Supremo suele ser casi siempre de 12.000 euros.
Así, estos días la Sala trabaja en estas funciones preliminares para agrupar las diferentes acciones penales presentadas por materia, delitos y querellados, ya que algunas se han presentado contra todos los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez mientras que otras se dirigen de forma específica contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y otros altos cargos de su departamento como es el director*Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón.
SE PREGUNTARÁ A FISCALÍA SOBRE ACUMULACIÓN
Una vez se organicen todas estas acciones por grupos se remitirán a Fiscalía para que fije postura sobre competencia, sobre la conveniencia de las acumulaciones y sobre la exisitencia o no de indicios para sostener una investigación penal.
Muchas de las querellas piden responsabilizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a sus ministros de las al menos 27.000 muertes por covid-19 que ha habido en España desde el inicio de la pandemia. Así lo han hecho once abogados, en nombre de más de 3.000 familias, o el partido político Vox.
Entre los querellantes también está Asociación Abogados Cristianos, que a principios de abril solicitó al Supremo que ordenara al Gobierno a repartir de «inmediato» material sanitario a los centros sanitarios y residencias de ancianos y de personas con discapacidad». Sin embargo, la Sala de lo Penal desestimó esta medida cautelar.
