El proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética pasará su primer examen en el Congreso en el Pleno extraordinario que tendrá lugar la próxima semana y en el que se debatirá la enmienda a la totalidad que Vox ha presentado pidiendo su devolución al Gobierno.
En la votación, el Ejecutivo deberá conseguir el rechazo mayoritario de la Cámara a la enmienda de totalidad para que el proyecto de ley pueda continuar con la tramitación parlamentaria.
La ley redactada por el equipo de la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, establece que España debe alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, y que para entonces, el sistema eléctrico habrá de ser cien por cien renovable. Además, el proyecto legislativo marca una senda con pasos intermediso, como alcanzar en 2030 una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20 por ciento respecto a 1990.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se implantarán sucesivos planes de Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). Precisamente, el primero de ellos, que marca la senda entre 2021 y 2030 –remitido a la Comisión Europea el 31 de marzo–, plantea una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23 por ciento respecto a 1990 al final de esta década y duplicar el porcentaje de renovables en el consumo final hasta el 42 por ciento.
UNA LEY PARA SER «MÁS VERDES QUE NADIE»
La norma también recoge que las administraciones locales y autonómicas deberán poner en marcha medidas para que el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros en 2050 sean 0 emisores; que las poblaciones de más de 50.000 habitantes establezcan «no más tarde de 2023» zonas de bajas emisiones en su planificación urbana; que se fomentará el uso de gases renovables; que no se autorizarán nuevos proyectos en energías fósiles; o que los beneficios fiscales a los productos de origen fósil deberán estar justificados por motivos de interés social o económico, entre otras medidas.
Para Vox, el contenido de esta ley no es compatible con «la auténtica emergencia económica y social a la que se enfrentan los españoles» y cree que los objetivos que de reducción de emisiones que se plantea el Gobierno están puestos sólo para intentar que España sea «más verdes que nadie», pero sin pensar en le bienestar de los ciudadanos o la competitividad de las empresas.
Tampoco le gusta la «hostilidad» declarada del Ejecutivo en esta ley a los combustibles fósiles que, a su juicio, «va a poner en seria dificultades» a la industria automovilística en España y el intento del Gobierno de terminar con la energía nuclear. Lo considera, según apunta en la enmienda, una ruptura con la «racionalidad científica» y el «realismo económico».
Para la formación, la preocupación de la izquierda por la transición ecológica es «muy reciente» y cree que se interesa ahora por ella porque otras problemáticas como las relacionadas con la pobreza, «la opresión de género» o la «discriminación racial» ya «están superadas» o son «residuales».
