El grupo parlamentario Vox ha solicitado a la Mesa del Congreso de los Diputados la comparecencia de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que explique las gestiones que está realizando su departamento de cara al fin de la moratoria a la prohibición de la caza deportiva en Parques Nacionales el próximo mes de diciembre.
De acuerdo con la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, el próximo 5 de diciembre expira la moratoria a la prohibición de la pesca y la caza deportiva que consta en su disposición adicional séptima.
Tal disposición apuntaba a que la Administración debería llegar a acuerdos con los titulares de las fincas afectadas o, en su defecto, se les podría llegar a expropiar. Si bien, el grupo parlamentario afirma que a día de hoy aún no se ha suscrito ningún acuerdo al respecto.
Por ello, Vox quiere que Ribera explique en sede parlamentaria cómo va a proceder.
LOS CAZADORES, EN RONDA DE CONTACTOS
Esta misma semana, la entidad cinegética Fundación Artemisán anunció que había iniciado contactos con distintos representantes políticos y de las administraciones para advertirles de que el fin de la moratoria a la prohibición de cazar en Parques Nacionales va a generar una «complicada situación» que puede suponer al Estado y a las comunidades autónomas un coste de 320 millones de euros en indemnizaciones.
La entidad cinegética recuerda que el fin de la moratoria establecida en la Ley de Parques Nacionales de 2014, que fijaba unas excepciones que permitían cazar en estas áreas protegidas, llegará a su fin el próximo 5 de diciembre.
La Ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parques Nacionales que prohíbe cazar y pescar en tales áreas permitía ciertos derechos de caza y establece que privar de esos derechos pasa necesariamente y previamente por el intento de llegar a acuerdos voluntarios con los «afectados» previa aprobación de los criterios técnicos o, en su defecto, mediante los correspondientes de expropiación forzosa. Para ello se establecía un plazo de 6 años que llegará a su fin el próximo 5 de diciembre.
Sin embargo, la entidad cinegética asegura que no le consta que se haya realizado «ninguna actuación» en esa línea y, considera que, como consecuencia de ello, las administraciones competentes «tendrán que indemnizar a los propietarios por las limitaciones de uso».
De acuerdo con sus cálculos, Fundación Artemisan estima en unos 320 millones de euros el valor de estas indemnizaciones, a lo que se sumaría el coste que conllevaría realizar el control de poblaciones por parte de personal autorizado.
En ese sentido, indica que las administraciones competentes tendrán que afrontar los gastos derivados de los controles poblaciones de diversas especies que habrá que realizar, ya que la entidad alerta de que «de no hacerlo se podría producir un verdadero desastre medioambiental, que incidirá directamente en la flora protegida y en la expansión de enfermedades como consecuencia del exceso de poblaciones».
Hasta la fecha los controles son realizados por los cazadores sin que la administración tenga que asumir esa inversión y Fundación Artemisan afirma que al contrario «a día de hoy son los cazadores los que realizan importantes inversiones económicas para el control de especies, generando ingresos para la administración a través de licencias y otros trámites, así como riqueza económica para las poblaciones del entorno.
De ese modo, afirma que con la entrada en vigor de tal prohibición, será la administración la que previo pago tendrá que contratar cuadrillas que controlen poblaciones, algo que para los cazadores es «un sinsentido» que el se tengan que afrontar ese coste económico en indemnizaciones, especialmente en la situación de crisis provocada por el coronavirus.
Con las reuniones con representantes de distintas formaciones políticas y de las administraciones Fundación Artemisan pretende exponer la «complicada situación que se va a generar» el próximo 5 de diciembre, y les propondrá distintas soluciones como una modificación de la Ley de Parques Nacionales que autorice una nueva moratoria de caza y pesca o una modificación que permita la caza y la pesca en aquellos Parques Nacionales donde estas actividades hayan constituido una actividad tradicional generadora de empleo y riqueza y no sea incompatible con la propia figura del Parque.
