La Fiscalía General del Estado ha denunciado que entre las «cuestiones relevantes» en las que se ha ocupado la Unidad de Medio Ambiente durante el año 2019 figura la «proliferación de construcciones para realizar eventos sociales» tales como bodas, bautizos y comuniones en espacios naturales protegidos, algo que considera una «problemática objeto de especial preocupación».
Así lo expresa el Ministerio Fiscal en la Memoria que recoge su actividad del año 2019 y que ha sido presentada este lunes por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el solemne acto de inicio del curso judicial 2020-2021, que ha presidido el rey Felipe VI.
En el documento, el Ministerio fiscal observa que ya en los últimos años los medios de comunicación han difundido informes de las organizaciones ecologistas que alertaban sobre la proliferación de construcciones para la realización de eventos sociales y actividades similares en espacios naturales protegidos de algunas comunidades autónomas.
Ante estas informaciones, se consideró procedente contar con una mayor información al respecto y, en ese sentido, pone de ejemplo un caso en el término municipal de Colmenar Viejo y dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares de la Comunidad de Madrid, donde se habrían llevado a cabo e incluso se seguirían realizando distintas construcciones de estas características.
Tras recabar la información, la Fiscalía Provincial de Madrid tramitó las diligencias de investigación pertinentes sobre los hechos en este caso y finalmente interpuso una denuncia en el juzgado de instrucción competente.
FINCA PARA BODAS CON CONSTRUCCIONES SIN LICENCIA
Si bien, el Ministerio Fiscal admite que respecto al caso expuesto, la normativa de la comunidad madrileña permite los usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos familiares de «especial singularidad en edificaciones existentes» que pudiesen ser habilitadas a esos «exclusivos fines», recuerda que la Ley madrileña no permite la construcción de nuevas edificaciones allí donde la normativa vedaba esa posibilidad.
En todo caso, recuerda que esas construcciones «no están exentas» de las autorizaciones autonómicas y municipales pertinentes, en el caso de que procedan.
En el ejemplo que pone la Fiscalía se determinó que la parcela estaba dentro del Parque Regional en una zona de reserva natural educativa e incluida en la Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares.
En tal parcela, según los informes elaborados por agentes forestales de la Comunidad de Madrid como de la propia Policía Local, además de varias construcciones que conformaban un complejo dedicado a celebraciones de bodas y eventos similares con ajardinamientos en terreno forestal, iluminación diversa y espacios destinado a zona de baile, se podrían estar ejecutando edificaciones con destino a vivienda residencial.
NI MEGÁFONOS, NI MÚSICA A ALTO VOLUMEN
De acuerdo con el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque y las prescripciones que recoge además el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar Viejo para este ámbito de suelo no urbanizable especialmente protegido, dentro de la zona de Reserva Natural «no está permitida» la utilización de megáfonos ni de cualquier instrumento a alto volumen, limitándose la circulación o estacionamiento de vehículos a las vías adecuadas para ello, salvo autorización temporal y expresa del Patronato, y que específicamente dentro de la zona de Reserva Natural Educativa A2 está «prohibida la realización de edificaciones de carácter permanente», salvo autorización del Patronato, para que la consejería competente adopte la decisión definitiva, de acuerdo con los fines productivos agropecuarios, educativos y protección del medio natural.
En ese caso, la Comunidad de Madrid informó que las actuaciones que se llevaban a cabo podrían suponer una afección directa e indirecta a dichos Espacios Naturales Protegidos y a la Red Natura 2000 y produce una afección a los hábitats protegidos existentes en el lugar en cuestión.
Asimismo, se confirmó que no había ningún tipo de autorización o permiso para estas actuaciones de la Dirección del Parque Regional, ya que esta reconoce que «no son compatibles» con la normativa del mismo ni por el Ayuntamiento se había concedido licencia alguna ni respecto al complejo ni respecto a las edificaciones dedicadas a vivienda residencial.
En el procedimiento participó también el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que aportó un «completo número» de ortofotos con la evolución de la parcela en las últimas décadas, así como un reportaje fotográfico con imágenes aéreas tomadas en la actualidad.
De esta documentación se desprendía la existencia, junto al complejo de bodas donde incluso se estaban llevando a cabo nuevas edificaciones y movimientos de tierras, numerosas construcciones antiguas, en las que además también se habrían realizado «modificaciones significativas» o ampliaciones significativas en los últimos cinco años «sin ningún tipo de licencia».
Finalmente, la documentación e información se remitió a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Madrid, la cual, tras la tramitación de diligencias de investigación sobre los hechos, acabó finalmente interponiendo denuncia por los hechos ante el juzgado de instrucción competente.
