El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión de carácter extraordinario de este viernes, la declaración del estado de alarma para restablecer las restricciones a la movilidad en la Comunidad de Madrid que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) –y que implicaban el confinamiento perimetral de la capital y de otros nueve grandes municipios, fuentes de Moncloa.
En la conversación que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasadas las 12.00 horas el jefe del Ejecutivo le ha trasladado que hay que proteger la salud pública ya y que se aprobará el Estado de Alarma. No obstante, han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios.
Esta decisión se produce después de que Ayuso haya llamado al presidente del Gobierno después de haber comenzado ese Consejo de Ministros extraordinario, a pesar de que el jefe del Ejecutivo, «por cortesía», decidió retrasar esta reunión desde las 8.30 hasta las 12.00 para darle más tiempo.
Estas fuentes explican que la vicepresidenta primera Carmen Calvo, que ha presidido la reunión del Consejo de Ministros, en ausencia de Sanchez –que estaban en Barcelona con el Rey– se ha puesto en contacto con Aguado para comunicarle que acababa de arrancar el Consejo de ministros y que la Presidenta no había llamado al Presidente.
EL GOBIERNO CULPA A MADRID DEL CAOS JURÍDICO
El Gobierno, a través del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, ha culpado este viernes a la Comunidad de Madrid del caos jurídico en torno a las restricciones para frenar la expansión del coronavirus porque su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, no siguió el camino de su colega de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ambos del PP.
En una serie de comentarios de su cuenta de Twitter, Montilla explica que las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, deben ejecutar las actuaciones coordinadas en salud pública adoptadas por el Ministerio de Sanidad y, en tanto que conllevan limitación de derechos, sustentarlas en la Ley Orgánica de 1986 que les habilita a adoptar las medidas «que considere necesarias», con ratificación judicial.
Sin embargo, subraya que la Comunidad de Madrid no sustentó su Orden en la citada norma, «sino como cumplimiento de una del Ministerio de Sanidad con el único título legal habilitante de la Ley de 2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud».
LA ANULACIÓN ES «LÓGICA»
Por eso, el secretario de Estado sostiene que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado «lógicamente» las restricciones impuestas por Sanidad en la capital y otros nueve municipios, ya que «una ley ordinaria como la alegada por la Comunidad de Madrid no ofrece cobertura legal suficiente a la limitación de derechos fundamentales».
Una actuación que contrasta con la llevada adelante por el presidente de Castilla y León, cuyas medidas de restricción de la movilidad en León, Palencia y San Andrés del Rabanedo sí han pasado el filtro del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad.
