La Asociación de Fiscales (AF), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han pedido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, con quien se han reunido este jueves, que se dispense la vacuna contra el coronavirus a los fiscales que están en situación de riesgo, así como otras medidas urgentes contra la pandemia.
Según ha informado la APIF en un comunicado, las tres asociaciones han sostenido un encuentro virtual «muy cordial» con Delgado, la fiscal Esmeralda Rasillo y el representante del Ministerio de Justicia Francisco de Borja Vargues para hablar sobre la prevención de riesgos laborales en la Fiscalía.
De acuerdo con la APIF, las asociaciones fiscales han estado de acuerdo «prácticamente en todo». Así, han exigido a Delgado que adopte «una actitud activa en esta materia», quejándose de que ya van «25 años de incumplimiento de lo previsto en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales».
A corto plazo, han considerado «urgente» adoptar medidas preventivas contra el coronavirus dirigidas a grupos de riesgo, entre los que han mencionado fiscales embarazadas y en situación de lactancia, fiscales mayores y fiscales con patologías previas
En particular, han trasladado a Delgado su preocupación por el tema de las vacunas contra la COVID-19. «En este aspecto, pedimos que se gestionara la dispensación de la vacuna a los fiscales que se hallen en situación de más riesgo, por patologías, por edad, o por servicios frecuentes de cara al público», ha dicho la APIF.
También han considerado necesario establecer una «interpretación adecuada» de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, para dejar claro que «solo cuando resulte imposible la comparecencia del fiscal por medios telemáticos (…) será preceptiva su presencia física»
A medio plazo, han planteado la necesidad de crear un Comité de Seguridad y Salud para el Ministerio Fiscal, «tal como está constituido desde hace ocho años por los jueces», integrado paritariamente por las asociaciones y la administración –la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio de Justicia–, para abordar la confección de un plan de prevención de riesgos laborales para los fiscales.
«PANORAMA DESOLADOR»
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha lamentado que «el Ministerio de Justicia prácticamente se ha limitado a indicar que, por lo que se refiere a presupuesto en materia de prevención de riesgos laborales para el Ministerio Fiscal, no existe tal partida, hay cero euros previstos para esta materia». «Panorama desolador», ha denunciado.
La FGE, por su parte, les ha comentado que «desde 2015 no se ha hecho en esta materia prácticamente nada y lo hecho en 2015 no ha tenido ninguna relevancia ni repercusión». «Resaltó que estamos ante unos presupuestos prorrogados desde el 2018 y que, además, la Fiscalía carece de presupuesto autónomo», ha contado la asociación fiscal.
No obstante, también les ha trasladado el «desideratum» –en palabras de la APIF– de que la Fiscalía se incluya en el nuevo convenio que se está negociando entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia; que se elabore un plan de prevención de riesgos laborales específico para los fiscales; y que haya implicación de las comunidades autónomas. «Toca esperar a que estas buenas intenciones se plasmen en algo concreto porque lo que tenemos actualmente es nada», ha remachado la APIF.
