La llegada masiva de inmigrantes a bordo de pateras o cayucos a Canarias en lo que va de año 2020, que se cifra en aproximadamente 20.000 a la espera del cierre del año, ha motivado el traslado de unas 2.500 personas a la Península.
Hasta ahora estos trasladados a Península siempre se han justificado desde la Delegación del Gobierno en Canarias en que se trata de personas ‘vulnerables’ o con circunstancias como el de reagrupamiento familiar.
Sin embargo, trabajadores de la compañía Vueling –con la que se hacen traslados– admiten a Europa Press que están viajando con ellos grupos de personas inmigrantes en vuelos hacia la península que portaban documentación que, en ocasiones, tenían datos que coincidían o que se percibía que «podía ser falsa».
En este sentido, agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCER) han detenido este viernes en el aeropuerto de Gran Canaria a dos personas, de nacionalidad marroquí, por falsedad documental –portaban tarjetas de residencia que no eran de ellos– cuando pretendían coger un vuelo con destino Barcelona precisamente con la aerolínea Vueling.
Además, junto a ellos han arrestado a otra quincena de migrantes que también pretendía volar hacía península, sin embargo ahora a estas personas se les tramitará el expediente de expulsión, según apuntaron fuentes policiales.
Para que un ciudadano extranjero pueda embarcar en un avión o barco debe tener su documentación en regla, es decir, que tiene que llevar consigo el pasaporte y la tarjeta de residente, por lo que señalan las fuentes consultadas que los migrantes que viajan sin tener toda la documentación necesaria es porque la compañía que los traslada podría «tener instrucciones».
Así, el objetivo de sacar a inmigrantes de Canarias está basado en la posibilidad de que enero vuelva a ser un mes de reinicio en la llegada masiva de inmigrantes y con el fin de que el archipiélago pueda tener zonas de acogida para que estas personas pasen las primeras 72 horas y no vuelva a producirse la imagen del Muelle de Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), donde han estado los migrantes hacinados.
A ello se suma que el Gobierno de Canarias y su presidente, Ángel Víctor Torres, han intensificado la presión política al Ejecutivo central para impulsar tanto las devoluciones a los países de origen como los traslados a territorio peninsular, algo que según fuentes políticas ha sido reclamado intensamente por los socios políticos del PSOE en el Gobierno regional –NC, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Podemos–.
