Un total de 51.540 personas han fallecido en lo que va de año en España en las listas de espera de la dependencia, (31.976 dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar), según un informe del Observatorio Estatal de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.
Los datos, publicados este lunes 14 de diciembre en el marco del XXVII Congreso de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que se celebra en Fuenlabrada, revelan que actualmente «se está abandonando sin atenciones» a las 381.115 personas que están a la espera de la ley de dependencia, y cada nueve minutos fallece una persona en el «laberinto burocrático» de la ley.
Según explica la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, el impacto del Covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia ha sido «catastrófico». Las tasas de variación a 30 de noviembre de 2020 respecto a los datos de antes del estado de alarma, son todas negativas.
En concreto, el informe pone de manifiesto que hay 34.412 personas menos con derecho a prestación pendientes de recibirla pues «la lista de espera se reduce por el fallecimiento de las personas». También hay «46.446 solicitudes menos (-2,4%); 39.861 resoluciones menos (-2,3%) y 1.670 personas beneficiarias con prestación menos (-0,1%)».
En todo caso, la Asociación prevé que el Plan de choque del Gobierno y el aumento de más de 600 millones de euros del presupuesto para Dependencia (353 millones de incremento del nivel mínimo y 283 millones de nivel acordado) posibilitará la atención de «66.305 nuevos beneficiarios» y reducirá «un 20% la lista de espera de la dependencia».
Además, la Asociación destaca que se propone la generalización de la teleasistencia (867.000 nuevas), el incremento de la intensidad de la ayuda a domicilio (de 32,7 horas mensuales a 38,3) el incremento de las prestaciones de cuidadores familiares (+18%) y permite las compatibilidades (el 25% de los beneficiarios cuentan con más de una prestación).
1,4 MILLONES DE DEPENDIENTES
En España hay 1,4 millones de personas en situación de dependencia reconocida. Esto significa que un 3% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos de mayor o menor intensidad.
En este momento, tras 14 años de implantación de la ley, 381.115 personas están a la espera de un procedimiento de la norma (233.423 tienen reconocido el derecho a recibir una prestación o servicio y no la reciben, y 147.692 están a la espera de ser valorados).
«Que haya 233.423 personas del limbo de la dependencia es una canallada desde el punto de vista de las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones para resolver su sufrimiento», ha subrayado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Por comunidades autónomas, el informe indica que se mantienen «gravísimas desigualdades» entre territorios tanto en cobertura como en modelos de gestión, y que en ocho comunidades autónomas no ha crecido el número de personas beneficiarias con prestación respecto a noviembre de 2019.
En cuanto a la aportación de los usuarios (copago), la Asociación indica que se estima en un 21% sobre el total de gasto directo del sistema. Atendiendo al gasto público, precisa que se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley (50%) debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo.
Así, señala que la inversión pública fue de 8.607 millones de euros y, mientras las Comunidades Autónomas financiaron el 83,9% del Sistema de la Dependencia, con 7.221 millones de euros, la aportación estatal fue del 16,1%, con 1.386 millones de euros.
El informe también revela que el recorte acumulado de la administración general del Estado en dependencia, tras el RD-ley 20/2012, asciende a 5.864 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares.
Además, la Asociación destaca que el Sistema de Atención a la Dependencia muestra «una sorprendente capacidad para la generación de empleo» por lo que precisa que, «si se atendiera ya a las 233.423 personas del limbo de la dependencia se generarían más de 60.000 empleos directos ex-novo, y con un incremento del gasto público de 1.500 millones de euros al año».
430 DÍAS PARA RESOLVER UN EXPEDIENTE
El estudio pone de relieve otros datos relacionados con la Dependencia como: que el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación es de 430 días; que la intensidad de la ayuda a domicilio es de entre 16 horas al mes (Grado I) y 56 horas (Grado III); o que las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares van desde los 138 euros (para Grado I) hasta los 335 euros (grado III).
En este sentido, el director del IMSERSO, Luis Barriga, ha tachado de «indignidad» que el tiempo para resolver las solicitudes sea de 430 días de media. Asimismo, ha calificado de «barbaridad» el «exceso de controles» a los potenciales beneficiarios de prestaciones por Dependencia «como si fuesen defraudadores».
Además, al igual que ha expresado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha destacado que la prioridad del Ministerio son las personas en las listas de espera de la Dependencia. Por ello, Barriga ha dicho que se marcan como objetivo acabar con la lista de espera en Dependencia «a final de 2023», un desafío «dificilísimo». También ha adelantado que se plantean que la teleasistencia sea un derecho subjetivo de todo dependiente.
Durante el acto, se ha procedido también a la entrega de Premios Anuales de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En la modalidad de Institución Pública, han sido galardonados los Ayuntamientos que han aprobado índice DEC Local: Alcázar de San Juan, Alcobendas, Alcorcón, Arganda, Calatayud, Ciutadella de Menorca, Cullera, Enterría, Fuenlabrada, La Rinconada, Madrid, Maó, Miranda de Ebro, Montilla, Quart de Poblet, Parla, San Fernando de Henares, Sant Adrià de Besós, Sant Boi de Llobregat, Sevilla, Vélez Málaga, y Villajoyosa.
En la modalidad de Personas de Relevancia en la Justicia Social, ha sido premiada María Luisa Carcedo; en la modalidad a la Trayectoria en Servicios Sociales, Natividad De la Red; y en la modalidad de medios de comunicación, el periodista de TVE Aitor Lourido.
