El titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Fernando Fernández Olmedo, ha propuesto juzgar al expresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España Máximo Antonio González Jurado por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida por costear gastos personales con fondos del órgano que presidía.
Así lo ha acordado el magistrado en un auto con fecha del pasado 21 de enero, que ha adelantado El Mundo, con el que concluye la instrucción del caso, que nació a raíz de una denuncia interpuesta en marzo de 2020 por el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, y por el que acuerda pasar las diligencias previas a procedimiento abreviado.
De este modo, en esta fase intermedia del procedimiento, el juez da 10 días de plazo a las partes para que presenten escrito de acusación contra el que fuera durante más de 30 años y hasta octubre de 2017 el máximo representante en España de Enfermería o, por el contrario, soliciten el sobreseimiento de la causa.
FACTURAS POR EL TOTAL DE CASI 6.000 EUROS
Según expone el juez instructor en su resolución, durante el tiempo en que González Jurado fue presidente, «y con esta condición», acordó el pago de facturas emitidas entre 2010 y 2015, «no justificadas, a cargo del Consejo General», por, al menos, casi 6.000 euros.
Según detalla el auto, y de acuerdo con la denuncia presentada por el Consejo General de Enfermería, González Jurado habría costeado con fondos del organismo un «almuerzo con 98 invitados» con motivo de su tesis doctoral por el importe total de 3.532,13 euros, en cuya factura consta su firma como autorización.
También, billetes de ida y vuelta en AVE a Puente Genil (Córdoba) por 794,70 euros con motivo del funeral del padre del denunciado; a lo que se suman los gastos de envío a través de aduana por 319,77 euros de zapatos de la marca estadounidense Allen Edmons.
También consta la compra de una moqueta por el valor de 491,52 euros para la boda de su hijo; facturas de alojamiento y desplazamientos en AVE de asistentes a este evento, sin concretar el gasto total; y la adquisición de productos de una vinoteca en el contexto de dicha boda por los que se abonaron mediante transferencia bancaria 794 euros.
El juez Fernández considera que pese a que el investigado aseguró que no autorizo estos cargos a las cuentas del Consejo y que no sabe cómo pueden haberse realizado, «lo cierto es que la documental aportada evidencia, al menos de manera indiciaria, que estos tuvieron lugar».
Por ello, ve indicios de la comisión de los delitos de administración desleal y apropiación indebida, si bien subraya que será en el juicio donde González Jurado «podrá acreditar la falta de conocimiento de los gastos a la que se refiere o los errores que puedan haber cometido la agencia de viajes o los servicios administrativos del Consejo, a los que se refiere en su escrito de alegaciones».
«FÉRREO CONTROL»
El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España asegura en su denuncia que el que fuera su presidente durante tres decenios ha mantenido «un férreo control personal de gastos económicos de la Corporación con la colaboración de su hermano Julio González Jurado, gerente del citado Consejo General y de todas las entidades de su grupo corporativo».
El escrito explica que «a partir del mes de octubre de 2019», una vez que el actual presidente, Florentino Pérez Raya, ha podido «recuperar parte de la información económica» del órgano y de las entidades de su grupo corporativo, se han analizado las cuentas y se ha constatado la «improcedencia de determinados pagos realizados».
«Durante el tiempo en que el denunciado ostentó la Presidencia del Consejo General, éste ordenó el pago habitual y como costumbre con cargo a los fondos del mismo de una serie de facturas y gastos de naturaleza privada, sin ninguna relación con los fines corporativos, y siempre en beneficio propio o de sus familiares directos. Igualmente, y con cargo a los mismos fondos se hizo uso de una tarjeta de crédito para pagar otro tipo de gastos de naturaleza privada», afirman los denunciantes.
Añade la denuncia que el Consejo reclamó a González Jurado mediante burofax la «devolución de los importes indebidamente dispuestos, al tratarse de gastos personalísimos ajenos al objeto social», y que la falta de respuesta motivó que se acudiera a los tribunales.
El Consejo recuerda en el escrito que los fondos económicos del Consejo proceden de las aportaciones que, por colegiado y mes, son fijadas anualmente por la Asamblea del Consejo General con carácter obligatorio para todos los Colegios de España.
