El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga los en el Juzgado Central de Instrucción número 5 las donaciones finalistas que aparecen anotadas en los ‘papeles de Bárcenas’, ha respondido negativamente a la solicitud del Congreso de los Diputados para que le remitiera la información que tuviera relativa al operativo ‘Kitchen’. Sigue así la línea marcada previamente por el juez Manuel García-Castellón, quien ya se opuso también a enviar información.
Según confirman fuentes jurídicas, la negativa se debe al carácter reservado de las actuaciones que se siguen en la Audiencia Nacional y que indagan en la conexión entre la pieza de los ‘papeles’ y el operativo parapolicial que se orquestó para sustraer al extesorero documentación sensible a dirigentes del PP y evitar así que llegaran a ser judicializadas en este mismo juzgado.
De esta forma, Pedraz sigue la estela del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, quien ya en febrero respondió a la presidenta del Congreso Meritxell Batet que no remitiría la documentación que obra en el sumario de la pieza separada ‘Kitchen’ debido a que «se encuentra en fase de instrucción y por tanto tiene un carácter reservado».
Tanto en el caso de Pedraz como en el de García-Castellón, la solicitud de la documentación por parte de los miembros de la comisión de investigación relativa a la ‘Kitchen’ siguió el conducto reglado, es decir, de la presidenta del Congreso al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien a su vez lo remite a la Audiencia Nacional. Por tanto, el Supremo actúa de mera correa de transmisión en estos casos.
García-Castellón sustentaba su negativa en que la reserva en las actuaciones judiciales es un principio fundamental al que alude el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y recordaba que ese artículo señala que «las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra juicio oral».
Sumaba a esto que hay «límites infranqueables que se verían afectados en el presente caso por la remisión de documentación judicial al órgano parlamentario». Por eso incidía en que no remitía lo requerido por la Mesa de la comisión de investigación de ‘Kitchen’ escudándose en «la necesaria preservación y garantía de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las partes y de terceras personas».
LA AGENDA DE VILLAREJO Y LAS GRABACIONES A COSPEDAL
Cabe recordar que los miembros de la Mesa de la comisión aprobaron reclamar información relativa al comisario –que está en el centro de la investigación de la pieza separada número 7– como sus agendas incorporadas a la causa, las grabaciones efectuadas por el excomisario a Cospedal y a su marido en la sede nacional del PP, y la conversación que Villarejo mantuvo con los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza en febrero de 2017.
También solicitaban tener acceso a los archivos del teléfono móvil de Francisco Martínez –el que fuera número dos en Interior en la época del ministro Jorge Fernández Díaz– y las dos actas notariales instadas por él sobre los mensajes que dice haber recibido desde el móvil de Fernández Díaz, y que hacían mención al operativo.
A esto, desde la comisión sumaban todos los oficios policiales de la causa, el informe del inspector de la Policía Nacional José Ángel Fuentes Gago que declaraba incompatibles las actividades empresariales de Villarejo con el trabajo policial, los expedientes de concesión de medallas con las que se distinguió a algunos de los policías implicados, así como la relación de miembros del tribunal que aprobó el acceso de Sergio Ríos a la escala básica de la Policía.
