El conseller de Interior de la Generalitat en funciones, Miquel Sàmper, ha afirmado este miércoles que el «parámetro» para endurecer o no las medidas ante una posible cuarta ola de Covid-19 en Cataluña será el estado de los hospitales y las UCI, con el fin de evitar su colapso.
En una entrevista en Rac1, ha considerado «evidentísimo» que Europa está a las puertas de una cuarta ola que, sin embargo, cree que será distinta a las anteriores porque ya hay colectivos que han recibido la vacuna, como los ancianos que viven en residencias.
En Cataluña –ha explicado– «hay una preocupación porque después de cinco semanas de bajada lenta vino una sexta con estabilización», tras lo que se volvió a una tendencia al alza, lenta y que por ahora ve controlada.
Ha sostenido que no tiene por qué haber un repunte de contagios si se cumplen las medidas por Semana Santa, durante la que el Procicat celebrará dos reuniones –el viernes y el lunes– para fijar qué restricciones se aplicarán a partir del 10 de abril.
Y ha explicado que de momento la Conselleria de Interior ha constatado un «cumplimento muy importante» de las restricciones, una reducción de la movilidad, sin salidas masivas, y pocas sanciones por infracciones.
NUEVA LEY SOBRE MASCARILLAS Y ‘PATADA EN LA PUERTA’
Por otro lado, ha informado que este miércoles por la tarde las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad se reunirán en el Consejo Interterritorial para valorar la nueva ley del Congreso sobre medidas Covid, que hace obligatorias las mascarillas aunque haya distancia de seguridad y en las playas, entre otra medidas.
Sàmper ha recalcado que esta ley es obligatoria, aunque no habrá «actividad» sancionadora de los Mossos d’Esquadra y las policías locales este miércoles, a la espera de determinar cómo se interpreta la norma.
Preguntado por la posibilidad de que la policía entre en casas donde presuntamente se incumplen las medidas sanitarias –con la llamada ‘patada en la puerta’– ha defendido el «derecho de la inviolabilidad del domicilio» de todas las personas y que la Generalitat mantiene una postura garantista sobre este tema.
