La Comisión Europea ha instado de nuevo este martes a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como uno de los principales retos que enfrenta el país en el marco del Estado de derecho, una renovación que Bruselas insiste en que debe ser elegida por los jueces para cumplir los estándares europeos.
En su segunda evaluación anual sobre el Estado de derecho en todos los países de la UE, el Ejecutivo comunitario retoma los mismos «retos» en el caso de España que citó en el primer examen, realizado en septiembre de 2020 y que apuntaba a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la preocupación por la independencia del Ministerio Fiscal como principales conclusiones.
La urgencia por la renovación del CGPJ sigue preocupando en Bruselas porque hace más de dos años que se encuentra en situación de interinidad, explican fuentes comunitarias, que también valoran como positivo que el que el informe comunitario señalara ya el problema el pasado año ha ayudado a abrir el debate político.
Así, el documento adoptado este martes por el Colegio de Comisarios apunta como principal desafío del sistema judicial español el bloqueo político para «la renovación de varios cargos en órganos constitucionales», aunque destaca el caso del CGPJ.
Sobre esta situación, el informe celebra como «un hecho positivo» que finalmente se retirara la propuesta del PSOE y Podemos para reformar el sistema de elección de los vocales porque de salir adelante hubiera «aumentado la percepción del CGPJ como vulnerable a la politización».
La línea de Bruselas no varía respecto al año anterior ni a los mensajes que el comisario de Justicia y la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, han expresado en sus contactos con el Gobierno y la oposición llamando a una reforma que permita que sean los propios jueces quienes designen a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El informe recuerda los «llamamientos» para que España lleve a cabo una reforma del sistema de elección del CGPJ que permita que una mayoría de los vocales sean designados por jueces, «en línea con los estándares europeos». De este modo, la Comisión hace suyas las recomendaciones en esta materia del Consejo de Europa, organismo ajeno a la UE.
«Es importante que los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todos los actores sean consultados», apuntan desde Bruselas, recordando también las veces que Reynders ha apelado al Gobierno y al Partido Popular a retomar el «diálogo» para sacar del ‘impasse’ al CGPJ.
En la misma línea, la vicepresidenta Jourova ha dicho en una rueda de prensa que es consciente de la «realidad política y su complejidad» en España que ha provocado un «bloqueo», pero que es urgente que el CGPJ «funcione» sin que «se politicen sus nombramientos» para asegurar su «plena independencia».
Otros asuntos del sistema judicial español que la Comisión observa con preocupación son la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, el régimen de aforamientos de altos cargos ante el Tribunal Supremo y también y el «régimen de incompatibilidades entre jueces y fiscales».
Con todo, el informe señala que se han adoptado o están previstas «varias medidas para mejorar la calidad de la justicia», por ejemplo «la revisión del sistema de asistencia jurídica y del Código de Procedimiento Penal y otros tres proyectos de ley sobre eficiencia procesal, organizativa y digital».
Además considera que está avanzando el proceso de digitalización de la justicia y ha habido «esfuerzos» para corregir los retrasos, incluida la creación de nuevos tribunales, pero apunta que el bajo número de jueces por habitante sigue siendo una debilidad del sistema.
Por otro lado, a la hora de analizar la lucha contra la corrupción en España, el documento presentado por Reynders y Jourova apunta que «España sigue mejorando el marco institucional y legal» para evitar la corrupción y combatirla, si bien advierte que falta una estrategia anticorrupción que pudiera guiar esta lucha de manera integral.
También se hace eco de las quejas de las autoridades fiscales por la falta de recursos suficientes, lo que en la práctica afecta a la velocidad de las investigaciones y al enjuiciamiento de los casos de corrupción.
INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS
En el capítulo de libertad de prensa y pluralismo de los medios de comunicación, la Comisión describe que el Gobierno está tomando medidas para abordar las cuestiones relacionadas con el acceso a la información, pero también que sigue habiendo cuestiones que resolver sobre la transparencia de la propiedad de los medios.
Así, Bruselas expresa «preocupaciones» con respecto a la independencia y recursos del regulador audiovisual que quedaron de manifiesto cuando España tuvo que trasponer la directiva sobre medios audiovisuales.
También recoge problemas encontrados por periodistas a la hora de hacer su trabajo pero indica igualmente que se han tomado medidas para facilitar su tarea.
