Llop recuerda que el nombramiento de Delgado como FGE se hizo con respeto a la legalidad

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha señalado este martes tras conocerse que el Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos del PP y Vox contra el nombramiento como fiscal general del Estado (FGE) de Dolores Delgado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo ese nombramiento «con escrupuloso respeto de la legalidad y dentro del marco reglado».

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra ha respondido de esa manera a la pregunta sobre si el Gobierno respiraba tranquilo tras la decisión de la Sala Tercera que se fundamenta en la falta de legitimación activa de ambas formaciones. «El Gobierno respeta escrupulosamente la decisión del Tribunal Supremo», ha aseverado.

Llop comparecía este martes dado que se ha aprobado por el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de eficiencia digital en la Administración de Justicia, norma que se encuadra dentro del esqueleto legal del Plan Justicia 2030.

Preguntada sobre las negociaciones con el PP para renovar órganos constitucionales como el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo y si explora fórmulas alternativas para lograr renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Llop ha explicado que el Ejecutivo es respetuoso con el principio de legalidad y con la separación de poderes, y ha recordado que cualquier reforma que afecte al órgano de gobierno de los jueces «debe partir de las propias Cortes que son las legitimadas constitucionalmente para hacer cualquier reforma y renovación de los órganos constitucionales».

«El Gobierno insiste en que es necesaria la renovación de todos los órganos, también del Poder Judicial, y no se contempla otra opción o escenario que no sea cumplir con la Constitución», ha apuntado.

Al hilo, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado que es el ministro de la Presidencia quien mantiene conversaciones con el PP para dar cobertura a la renovación de esos órganos y ha especificado que se trabaja sobre cuatro de ellos pero no sobre el CGPJ. «El Gobierno no ha renunciado» a la renovación del CGPJ, ha insistido no obstante, para añadir que hay que dar cumplimiento a la Constitución «en toda su extensión».

Por otro lado, Llop ha indicado que gracias al uso de procedimientos digitales durante la pandemia en la Administración de Justicia se han ahorrado 12 millones de euros en desplazamientos y se ha evitado la emisión de aproximadamente 5.800 toneladas de CO2. Se debe, ha aseverado, a la celebración de manera telemática de 590.000 comparecencias y vistas.