El Ayuntamiento de Fuenlabrada adjudicó en 2024 un contrato de 3 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en espacios públicos a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acisa y Aquaterra, pese a no ser la oferta más barata. La decisión, recurrida y luego motivada, conecta el municipio madrileño con dos de los mayores casos de corrupción que investiga la Audiencia Nacional: el caso Koldo y el caso Zapatero.
Un contrato de 3 millones que no fue al más barato
El expediente 2023/OBA/001434 incluía dos lotes dentro de un acuerdo marco para tareas de mantenimiento y mejora de la eficiencia energética. El lote 1, con un presupuesto máximo de 3.000.000 de euros, fue el que se llevó la UTE Acisa-Aquaterra. La oferta vencedora presentó una baja del 27,97% sobre los precios máximos fijados, mientras que la UTE rival, BBR Instalaciones y OPS Infraestructuras, ofreció una baja del 31,50%, es decir, más agresiva para las arcas municipales.
Sin embargo, los criterios técnicos del llamado ‘sobre B’ inclinaron la balanza. La valoración subjetiva de la calidad, la organización de los trabajos y la memoria del proyecto otorgó a Acisa-Aquaterra 13,75 puntos frente a los 12,50 de BBR-OPS. La diferencia final fue de apenas 0,29 puntos (92,79 contra 92,50). El Ayuntamiento, ante el recurso interpuesto por la otra UTE, tuvo que motivar con detalle esa decisión tras una primera estimación del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que finalmente aceptó los informes al no apreciar arbitrariedad.
Las conexiones con los casos Zapatero y Koldo
La UTE ganadora une a dos empresas que, por separado, aparecen en causas penales abiertas. Acisa pertenece al Grupo Aldesa, señalado en el caso Zapatero que investiga la Audiencia Nacional. Aldesa, además, fue adquirida en 2020 por el gigante chino China Railway Construction Corporation (CRCC), lo que añade una capa de complejidad corporativa. Por su parte, Aquaterra Servicios Infraestructuras S.L. está siendo investigada en el caso Koldo, la trama de supuestos amaños de obra pública que ya ha llevado a la imputación de altos cargos del PSOE.
Ni la adjudicación de Fuenlabrada ha sido declarada irregular ni hay pruebas de amaño en este contrato concreto, pero la acumulación de señales es significativa. La empresa con mejor precio, además, tiene una mayor implantación en el municipio, lo que añade interrogantes sobre por qué los técnicos municipales puntuaron mejor la oferta de las compañías investigadas.
La legalidad no está en duda, pero la acumulación de casualidades es demasiado gruesa para no levantar al menos una ceja.
Fuenlabrada, feudo socialista bajo la lupa nacional
Fuenlabrada es uno de los municipios madrileños con mayor hegemonía socialista. Javier Ayala, alcalde desde 2017 y miembro de la Ejecutiva federal del PSOE, gobierna con mayoría absoluta. Este contexto político no es menor: mientras la dirección nacional del partido se ve salpicada por las investigaciones de los casos Zapatero y Koldo, una adjudicación local a empresas vinculadas a esas causas amplifica el ruido.
En los últimos años, otros ayuntamientos de la región como Leganés o Móstoles han tratado de blindar sus procedimientos de contratación con mayores medidas de transparencia tras polémicas similares. Fuenlabrada, con su presupuesto municipal saneado y una plantilla técnica que el tribunal avaló, insiste en que todo se ajustó a la ley. Pero la sombra de los 0,29 puntos persiste.
La adjudicación se formalizó definitivamente en julio de 2025, tras superar los recursos. Los trabajos de mejora energética ya están en marcha y, según fuentes municipales, no se han registrado incidencias. Aun así, la oposición local (PP y Vox) ha empezado a pedir explicaciones en el pleno, y no será extraño que el asunto reaparezca cuando los casos judiciales avancen.
