La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad ha rechazado el borrador de la Estrategia estatal para la convivencia de las actividades del medio rural con el lobo y su conservación, elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El texto, según ha informado la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en un comunicado, fue sometido esta semana a votación, donde fue rechazado por la mayor parte de las comunidades autónomas, incluidas Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias.
Al no ratificarse el borrador, el Gobierno central no podrá presentar el documento para su aprobación en la próxima Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.
El departamento autonómico ha recordado que Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias son las cuatro regiones que albergan el 95% de las poblaciones de lobo de toda España. Las comunidades consideran que el borrador «no se ajusta a ninguna de las finalidades de las estrategias que establece la Ley del Patrimonio y de la Biodiversidad».
«Sus redactores consideran que las actividades del medio rural son una de las principales amenazas para la biodiversidad de nuestro país, algo que contradecimos de forma rotunda», han argumentado. Denuncian además que el texto no «precisa» la identidad de sus autores ni el organismo o entidad al que pertenecen, motivo por el que han reiterado «no sentirse partícipes de las decisiones».
ESTRATEGIA «INEFICAZ»
«El documento presentado a consideración de la Comisión Estatal carece de sentido porque, además de que muchos de sus contenidos podrían vulnerar el régimen competencial establecido en nuestro país y, por tanto, resultar ineficaces, se construye sobre una decisión ya adoptada por parte del Ministerio y que resulta crucial para la gestión de cualquier especie, como es su estatus legal», han explicado.
Las regiones que han rechazado el borrador consideran que una nueva estrategia de gestión del lobo en España debe elaborarse previa valoración «detallada» del resultado de aplicación de las diferentes directrices contenidas en la línea de actuación vigente y una vez concluida la actualización del censo nacional.
«Sin ambos procesos finalizados, no son admisibles ni la orden por el que se cambió el status legal de la especie –recurrida ante la Audiencia Nacional– ni el borrador de la estrategia», han aseverado.
