La Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife, todas organizaciones personadas en el ‘caso Topillo’, que investiga la contaminación del Mar Menor, han presentado este lunes un escrito de acusación contra los responsables públicos que «abandonaron sus responsabilidades competenciales«, así como contra los empresarios y administradores de las explotaciones agrarias investigadas.
En un comunicado conjunto, las organizaciones ecologistas han indicado que «la gravedad de la situación viene determinada por la implicación de los máximos responsables, en aquella época, de ambas administraciones públicas con competencias en la materia», como fueron la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).
En este sentido, han lamentado «la existencia de indicios que apuntan a una institucionalización de la prevaricación ambiental durante años, sin que ninguno de los responsables actuara por evitar el colapso del Mar Menor».
Ante la conclusión del plazo para la entrega del escrito de acusación, han apuntado que «siempre ha sido un hecho indudable la obligatoriedad de controlar en el campo que se garantizara el cumplimiento de la legislación».
Sin embargo, las tres organizaciones conservacionistas han apuntado que la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, así como entonces titular, «pudieron haber mirado hacia otro lado con plena conciencia de las ilegalidades existentes, omitiendo los controles de los programas de actuación en materia de nitratos».
«De hecho, ya la resolución del juzgado apuntaba no solo a esa omisión del que fuera consejero como máximo responsable en el periodo investigado, sino que valoraba que existen indicios de que esta omisión fuera deliberada», han señalado desde ANSE, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife.
Asimismo, han considerado «obvia» la competencia de la CHS sobre actividades como concesiones, vertidos y ocupación, entre otros, que se desarrollan dentro del dominio público hidráulico. Así, las organizaciones sostienen que «existen indicios claros» de que el organismo de cuenca, así como el comisario de Aguas en ese momento, «eran conscientes del uso de desaladoras privadas, la extracción de aguas de pozos, vertidos de salmueras, etcétera, todo sin autorización y en multitud explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena».
En su escrito, ANSE, Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife acusan al exconsejero, A.C.C., y al comisario de Aguas, M.A.S., y solicitan para ellos pena de cárcel e inhabilitación del ejercicio de cargo público.
Asimismo, han acusado a las personas y empresas agrícolas investigadas en relación a los vertidos de salmueras, y no han dudado en vincular de forma directa estos vertidos con el colapso del conjunto del ecosistema acuático del Mar Menor, así como de sus hábitats y especies, tras reconocer que estas actuaciones «han podido ser unas de las principales causantes del catastrófico deterioro» de la laguna salada.
«Esta gravísima situación pone en tela de juicio el modo de obrar que ha existido durante muchísimos años en buena parte de la agricultura del Campo de Cartagena, con unas administraciones públicas irresponsables que asumían como una opción la dejadez de funciones», han apostillado al respecto.
Ante este escenario, las organizaciones ecologistas esperan que «se depuren las responsabilidades jurídicas, administrativas y penales de la permisividad que ha existido durante décadas en el deterioro del Mar Menor», y solicitan que se valore y evalúe la reparación del daño ambiental.
A este respecto, han aclarado que son conscientes de que no todos los responsables de la degradación del Mar Menor «durante décadas» van a ser juzgados, pero esperan que «al menos en este caso sea posible demostrar las responsabilidad penal de los implicados, contribuyendo a evitar que la impunidad en el cumplimiento de la normativa ambiental se repita en el futuro, y que se apliquen soluciones eficaces para la recuperación de los múltiples problemas ambientales que afectan a la mayor laguna litoral española».
‘GUARDIANES DE LA NATURALEZA’
La personación de las organizaciones ecologistas se desarrolla en el marco del proyecto ‘LIFE Guardianes de la Naturaleza contra el Crimen Ambiental’, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este proyecto pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.
Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta como socios beneficiarios con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía; la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Dirección General de la Guardia Civil (Seprona).
Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición ecológica y Reto Demográfico (Miteco).
