La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá este viernes un juicio contra 17 acusados (una de ellas ha sido declarada en rebeldía), integrantes de una organización dedicada a introducir y distribuir heroína en Galicia, para quienes la Fiscalía pide penas que oscilan entre 4,5 y 17 años de cárcel, además del pago de multas millonarias.
Según el escrito de acusación pública, en esta organización, había un ‘cabecilla’ que contaba con un par de colaboradores estrechos, además de otras personas integrantes de la red y proveedores, cada uno con unas funciones determinadas.
El grupo tenía alquiladas dos cocheras en un edificio de Vigo, que utilizaba, respectivamente, para la recepción de la droga y como laboratorio para su manipulación. De hecho, en uno de esos garajes se encontraron máquinas de prensado hidráulico, moldes, útiles de pesaje y embalaje, o productos químicos de corte, entre otros efectos.
La Fiscalía explica en su escrito que los acusados adoptaban múltiples medidas de seguridad para eludir la acción policial. Así, se comunicaban con teléfonos portugueses que cambiaban constantemente, evitaban las llamadas y mantenían reuniones personales en el interior de vehículos, usaban cabinas públicas para sus comunicaciones y empleaban ‘caletas’ para ocultar la droga que transportaban en los coches.
TRANSACCIONES Y DETENCIONES
Los investigadores pudieron comprobar varias de las transacciones que el grupo realizó entre julio de 2016 y enero de 2017. A lo largo de esos meses, varios integrantes de la red se desplazaron a Madrid para negociar y recoger la heroína que iban a distribuir en Galicia (aunque fueron interceptados a su regreso), y también se produjeron encuentros con proveedores y distribuidores de la droga en la comunidad gallega.
El ‘cabecilla’ de la organización y sus cooperadores más cercanos fueron finalmente detenidos en enero de 2017. En el marco de esta investigación las fuerzas de seguridad se incautaron, además de diversas partidas de heroína, de varios vehículos, teléfonos móviles y tarjetas, dinero, documentación (entre ella documentos italianos falsificados) y una pistola semiautomática.
En esta causa están acusadas 17 personas (una de ellas ha sido declarada en rebeldía), de las que 6 son de nacionalidad extranjera, ciudadanos de Rumanía, Albania, Portugal, Paraguay y Turquía. Además, varios de ellos cuentan con antecedentes por tráfico de drogas, como es el caso del jefe del grupo y uno de sus lugartenientes.
DELITOS Y PENAS
El ministerio público considera a los acusados autores de varios delitos de tráfico de drogas cometidos en el seno de una organización criminal, y en el caso de algunos de ellos, también acusa por un delito de falsedad documental y otro de tenencia ilícita de armas.
Para el jefe de la red pide la pena de 17 años de prisión, y el pago de una multa de 963.000 euros; para uno de sus colaboradores más próximos reclama 12 años de cárcel y multa de casi 771.000 euros; y pide la misma multa y 11 años de prisión para otro de sus ayudantes cercanos. Para un acusado de origen turco, al que atribuye varios delitos, reclama 12,5 años de cárcel y multas que suman más de 103.000 euros.
Asimismo, para el resto de imputados pide condenas que oscilan entre 4,5 y 11,5 años de cárcel, así como multas entre 4.050 euros y casi 1,4 millones de euros.
