El conocido como caso Azud, en el que se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos, salpica al diputado del PP en Les Corts Jorge Bellver, cuyo nombre aparece en una lista de regalos que la trama supuestamente hizo cuando ocupaba el cargo de concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia y en la empresa pública Aumsa.
Así se desprende del sumario, que el Juzgado número 13 de Valencia levantó parcialmente el viernes y que incluye una lista con numerosos regalos presuntamente realizados por parte de la trama a diferentes personas y cargos públicos, entre ellas Bellver.
En concreto, de la documentación se desprende que el diputado ‘popular’ habría recibido un reloj Omega Seamaster en las navidades de 2003 y otro del modelo Brentley en 2005.
La jueza está investigando si Jorge Bellver, a cambio de estos regalos, medió para favorecer a la trama en la adjudicación de diferentes contratos públicos, en concreto, al empresario Jaime Febrer.
En el caso en que estime que hay suficientes indicios delictivos contra él para imputarle en el procedimiento, deberá inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), órgano competente para investigar a aforados, como es su caso.
En esta causa, originada hace cinco años, se investigan delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal y figuran como imputadas unas 60 personas.
Entre los investigados se encuentran el exvicealcalde de Valencia con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil; el exresponsable de las Finanzas del PSPV José María Cataluña y empresarios como Jaime Febrer.
En la causa se investigan presuntas ‘mordidas’ a cambio de adjudicaciones de obra pública del Ayuntamiento de la capital valenciana por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum. En una segunda fase, en mayo del pasado año, la jueza ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera, todos ellos ya en libertad. Al exsubdelegado del Gobierno y al exresponsable de Finanzas socialista el PSOE les suspendió de militancia y les abrió expediente.
Actualmente se ha levantado parte del secreto de las actuaciones y permanecen bajo secreto las piezas 2, 3, 4, 5 y 6, así como toda la documentación intervenida en soportes y dispositivos de almacenamiento masivo de información, en soportes informáticos, telemáticos y de telefonía móvil, es decir, toda la documentación que no fue incautada en el registro en soporte papel y que fue objeto de registro en mayo de hace un año. También, determinados folios de distintos tomos de la pieza principal.
