El juicio la muerte violenta del perro ‘Cooper’ ocurrida en 2018, del que viene siendo acusado el matrimonio compuesto por Luis E.M. y Raquel F.R, con peticiones de pena de entre un año y tres años y ocho meses de cárcel, se celebrará este lunes, 9 de mayo, salvo un nuevo imprevisto de última hora.
Si la vista ya tuvo que suspenderse el día 18 de mayo de 2021 debido a que el matrimonio, con residencia en Santovenia de Pisuerga, se encontraba ilocalizable, el 27 de diciembre del mismo año el titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid, encargado de enjuiciar su presunta implicación en la muerte del can, se vio obligado también a una nueva suspensión ya que no habían sido citados una médico forense y una veterinaria.
La declaración de ambas es de vital importancia para el procedimiento, ya que la médico forense es la que elaboró el informe sobre el estado mental del acusado que las acusaciones populares tienen impugnado y en el caso de la veterinaria se trata de la persona que hizo el informe sobre la muerte del perro.
Los que sí comparecieron entonces fueron los acusados, quienes en su momento estuvieron ilocalizables. El varón, Luis E.M, fue detenido tras ser localizado en Proyecto Hombre, donde recibía tratamiento, mientras que ella había estado ilocalizada tras haber facilitado hasta cuatro domicilios.
No es la única suspensión sufrida en este proceso judicial. El juicio tenía que haberse celebrado inicialmente el día 20 de febrero de 2020 pero fue suspendido con el fin de determinar el estado mental del principal acusado, militar de carrera, y despejar las dudas sobre si sufre o no un trastorno mental.
La suspensión de la vista oral entonces fue acordada por el Juzgado de lo Penal 3 después de que así lo solicitara la letrada de una de las dos acusaciones populares, ejercida por Libera, y a la misma se adhirieran la fiscal del caso y el otro colectivo personado, Defaniva, frente a la oposición de las defensas de los encausados.
El motivo no fue otro que la presentación, dos días antes del juicio, de un informe médico-forense elaborado por una técnico del Instituto de Medicina Legal de Valladolid que había pedido la defensa del militar y que fue recibido por las acusaciones, sin posibilidad de practicar prueba contradictoria.
El informe apunta que Luis E.M. padece un trastorno explosivo intermitente, con ataque violentos de ira, que será utilizado por su defensor en su petición alternativa–como principal pide la absolución–como eximente de transtorno mental, de ahí la solicitud de Libera, con la adhesión de Defaniva y la fiscal del caso, para que se suspendiera el juicio con el fin de poder contrastar si dicho dictamen es o no correcto.
A tal efecto, el juzgador acordó la suspensión con el objetivo de que la Unidad Médica de la Base Militar El Empecinado, sita en Santovenia de Pisuerga, remitiera un informe con los antecedentes médicos del imputado y, al mismo tiempo, las pruebas psicofísicas bianuales a las que Luis E.M. es sometido junto al resto del personal de dicha unidad.
Con estos informes, la autora del primero impugnado por las acusaciones ha elaborado uno complementario en el que confirma la tesis ya contenida en el primigenio, es decir, que el militar padece un trastorno explosivo intermitente.
TRASTORNO INCOMPATIBLE
Las acusaciones populares, sin embargo, mantienen que ese informe supone reconocer un trastorno que sería «incompatible» con la profesión de militar, algo que también pondría en entredicho los exámenes bianuales que practican las Fuerzas Armadas por no haberlo detectado en un militar con veinte años de profesión, ya que ingresó en el Ejército en 1999 y actualmente presta servicio en el departamento de Informática.
La Fiscalía sólo inculpa al varón como presunto autor de un delito continuado de maltrato animal y le pide un año de prisión y tres de inhabilitación para ejercer profesión, oficio o comercio relacionado con los animales.
Sin embargo, las acusaciones populares que ejercen Libera y Defaniva solicitan penas que suman tres años y ocho meses para cada uno de los integrantes de la pareja por un delito continuado de maltrato animal y otro de maltrato con resultado de muerte, teniendo en cuenta la agravante de abuso de superioridad, ya que el perro tenía seis meses.
Además, piden que la inhabilitación para trabajar con animales se extienda a lo largo de cuatro años y medio por el primero de los delitos y hasta seis años por el segundo.
DELITOS DIFERENCIADOS
Las acusaciones populares consideran que, por un lado, se produjo un delito continuado de maltrato del perro, que fue adoptado por la familia a través de Defensa Animal Valladolid (Defaniva)–dicho colectivo pide una indemnización de 2.000 euros por daños morales–, y separan como un hecho diferenciado la muerte del animal como resultado de un maltrato ocurrido un día.
Además, mientras que el Ministerio Fiscal dirige su acusación sólo contra el varón de 41 años al que inicialmente investigó la Guardia Civil por un presunto delito de maltrato, las acusaciones populares inicialmente consideran responsable también a su pareja, ya que conocía los hechos, evitó denunciar el maltrato al que era sometido el can y además colaboró y encubrió su muerte.
La Asociación Animalista Libera llegó a pedir que se investigara también un posible maltrato a la niña que convivió durante tres meses en la vivienda con el cadáver del perro, algo que inicialmente denegó el Juzgado de Instrucción y ratificó la Audiencia Provincial de Valladolid.
Para ello, Libera presentó un informe pericial psicológico elaborado por expertos de la (CoPPA) en violencia infantil, al que también pretendía adherirse la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (ADDIA).
‘Cooper’ fue adoptado por la familia de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) en marzo de 2018 y encontrado muerto con signos de violencia el 20 de agosto en la cocina del domicilio de los adoptantes, una familia compuesta por una pareja y una niña de seis años, que habían mantenido el cadáver tapado bajo mantas durante varios meses. En la boca del animal se encontró un trapo con el que pudo producirse el ahogamiento del perro.
Tras conocerse el caso se produjeron protestas en Valladolid para pedir el endurecimiento de las penas contra el maltrato animal.
