Tras cinco años de investigación, la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama indaga en las presuntas irregularidades contables del Banco Popular en 2016 y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017 vislumbra su final.
Las fuentes jurídicas consultadas han señalado que la fase de instrucción se encuentra cercana a su conclusión después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 haya escuchado a los principales protagonistas, entre los que se encuentran los expresidentes del Popular, el exministro de Economía Luis de Guindos o mandatarios de organismos internacionales como la Junta Única de Resolución, y haya recabado numerosa documentación e informes periciales.
La investigación sobre el Popular, que fue inicialmente asumida por el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, supone la causa más extensa y compleja de la que se encarga Calama, y a la que ha dedicado gran parte de sus esfuerzos desde que llegó al Central de Instrucción Número 4, que también se encarga de ahondar en el presunto espionaje a miembros del Gobierno en el ‘caso Pegasus’.
A poco más de un mes de que la Audiencia Nacional eche el cierre en agosto, las mismas fuentes apuntan que esta fase procesal destinada al esclarecimiento de los hechos ha madurado lo suficiente para avanzar hasta su siguiente estadio, especialmente tras la práctica de las últimas declaraciones y los avances en la pieza separada en la que el magistrado ponía el foco en la financiación a clientes para la ampliación del 2016.
A este respecto, y según apuntan las mismas fuentes, el juez ya ha recibido el informe que encargó a finales de abril a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En concreto, el magistrado ordenó analizar las declaraciones de hasta 1.417 clientes que habrían comprado acciones del banco durante la citada ampliación a fin de determinar su patrón de comportamiento.
Este trabajo de campo llegó como resultado de las diligencias acordadas por Calama en la pieza secreta que el magistrado creó en el mes de marzo para evitar «interferencias» en las pesquisas. El mes que persistió el secreto de las actuaciones sirvió, precisamente, para que los agentes realizasen las mencionadas entrevistas a clientes localizados a lo largo de la geografía española.
SIN CITACIONES EN EL CALENDARIO
En lo relativo a las declaraciones en sede judicial, la última practicada por el instructor se celebró el pasado martes, cuando pudo escuchar al exdirector de los Servicios Jurídicos del Banco Popular Tomás Pereira Peña. Se trató de una declaración que, según otras fuentes, era de especial relevancia en tanto que serviría para poner negro sobre blanco las operaciones que la entidad llevó a cabo con la sociedad de capital riesgo Thesan Capital.
Pese a su importancia, el magistrado cedió la carga del interrogatorio al fiscal Antonio Romeral, que fue el encargado de dirigir una declaración en la que Pereira descargó la responsabilidad de las operaciones en el que fuera consejero delegado del banco, Francisco Gómez.
Sin nuevas citaciones en el horizonte, el magistrado rechazó el pasado mes de mayo las diligencias solicitadas por el expresidente de la entidad Ángel Ron, que pretendía demostrar que en mayo de 2017 –tras su salida de la dirección– el banco no presentaba problemas de solvencia ni riesgo de iliquidez.
La negativa de Calama llevó a que Ron acudiera en apelación a la Sala de lo Penal para que obligase al juez a comprobar si los consejeros del Popular fueron informados adecuadamente del significado y trascendencia de los acuerdos adoptados en el último consejo celebrado el día 7 de junio de 2017, especialmente sobre la declaración de inviabilidad del banco.
Esa petición del expresidente del banco fue respaldada por el inversor mexicano y exconsejero del Popular, Antonio del Valle, que también pidió que se instase al juez a cumplimentar esas diligencias. Sendas peticiones, sin embargo, aún no han recibido respuesta por parte de la Sala.
