La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha defendido que «España tiene leyes que son disparatadas respecto a un estado democrático europeo homologable», y considera que deben reformarse para garantizar la defensa de derechos fundamentales.
En una entrevista en el diario ‘La Vanguardia’ este domingo, ha apostado por modificar el Código Penal y los procedimientos administrativos del Tribunal de Cuentas, «al igual que otros muchos elementos que afectan a la libertad personal y política de los líderes» independentistas y a los movimientos sociales que los apoyan.
También ha pedido modificar la ‘Ley Mordaza’ porque asegura que no defiende los derechos fundamentales, la libertad de expresión o de reunión, y ha advertido de que «no hay ninguna ley europea en países con democracia consolidada que planteen unas penas tan elevadas para movilizaciones sociales».
Por otro lado, ha defendido que la «desjudicialización del conflicto político» pasa por impulsar cambios legislativos para que la cuestión de la independencia no se pueda dirimir desde la justicia, que –dice textualmente– es lo que ha intentado el Estado y lo que ha provocado que líderes independentistas hayan sido condenados con penas de prisión que tacha de increíbles e intolerables.
A la pregunta de si las relaciones se han normalizado tras la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respondido que «se normalizarán cuando la mesa de negociación obtenga resultados», que las confianzas se están reconstruyendo y que esta relación debe basarse, dice, en unas condiciones que fijó con el ministro Bolaños.
DIÁLOGO CON RESULTADOS PALPABLES AUNQUE PARCIALES
Ha explicado que espera que la mesa de diálogo, que se reunirá esta próxima semana, tenga resultados palpables y tangibles, aunque sean parciales: «Los estamos construyendo y empezando por los acuerdos que están más maduros y son posibles y acabando por aquellos que tienen una dificultad técnica».
Preguntada por si Junts debería participar en el encuentro, ha respondido que «en el acuerdo de Govern se fijaron los representantes de la mesa de negociación y está abierta la posibilidad que se incorpore», y ha dicho textualmente que los de Laura Borràs se descalifican ellos mismos de la mesa.
ESPERA QUE JUNTS PARTICIPE «PESE AL ESCEPTICISMO»
Ha detallado que el pacto de Govern entre Junts y ERC establece que la mesa se celebra para impulsar la resolución de la cuestión independentista: «Entiendo que Junts respeta los acuerdos, además el pacto de gobernabilidad recoge que, pese al escepticismo, Junts participaba de la mesa y respetaría la herramienta para llegar a acuerdos. Espero que así sea», ha avisado.
Preguntada por si Aragonès convocará la mesa de partidos catalanes que pide el PSC, ha respondido que esta medida no está en la agenda del Govern, y que en todo caso formará parte de la «segunda fase» de esta apuesta por el diálogo, porque primero prioriza consolidar la negociación, que tenga resultados y darle robustez.
Y si sobre la presidenta del Parlament, Laura Borràs, debería dimitir tras ser procesada, ha destacado que este es un asunto que afecta a la Cámara catalana y que «el Govern intenta respetar la separación de poderes», y asegura que los miembros del Govern se han conjurado para trabajar internamente en las discrepancias.
JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO, «SI NO ES EL 2030, SERÁ EL 2034»
Preguntada por si habrá Juegos Olímpicos de Invierno en 2023 en Catalunya, ha respondido que no depende el Govern y ha recordado que la semana que viene presentará un documento para presentar la candidatura en solitario, con colaboración externa.
Si bien ha asegurado que el Comité Olímpico Internacional (COI) avala que Catalunya se presente en solitario, ha apuntado que depende del Comité Olímpico Español (COE) y del Gobierno, a lo que añade: «El territorio apuesta por estar. Si no es el 2030, será el 2034»
Sobre si se ha dejado atrás el caso del espionaje con el software Pegasus, ha recordado que el presidente «Sánchez se comprometió a colaborar con la justicia, incluso en el caso que afecta al propio Aragonès para desclasificar información», e insiste que este compromiso debe ir acompañado de asunción de responsabilidades y de garantías de no repetición.
Por eso, ha defendido que la modificación de la ley de secretos es positiva: «ERC lo ha pedido y, por eso, en el acuerdo marco con el Gobierno hablamos de garantías de privacidad y de no criminalizar al independentismo».
