El Ministerio del Interior considera «legítimo, idóneo y oportuno» infiltrar a agentes policiales en organizaciones independentistas por la situación en Cataluña.
En un informe consultado este lunes y fechado a 10 de agosto, el Ministerio responde a la demanda presentada por Òmnium Cultural ante la Sala Contenciosa Administrativa de la Audiencia Nacional en julio, ha informado la entidad en un comunicado de este lunes.
El escrito subraya que los agentes «realizan su labor dentro de los parámetros de la norma» y se ajustan a la legislación vigente, entre la que cita la Estrategia Nacional contra el Terrorismo y la Estrategia de Seguridad Nacional.
Considera que en Cataluña «se ha producido violencia grave y se ha visto afectado tanto el libre ejercicio de los derechos y libertades como la seguridad ciudadana» y que, al pretender alterar la estructura territorial del Estado, la actuación de los servicios de información queda legitimada.
En el escrito, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska relaciona la reivindicación independentista con la comisión de posibles hechos delictivos, y destaca la «multimilitancia» de los participantes.
Asegura que la estrategia independentista «se ha traducido» en –en sus palabras– el llamamiento a participar en acciones manifiestamente ilegales, la participación en manifestaciones no autorizadas y el sabotaje contra instalaciones públicas.
Asimismo, el Ministerio también destaca la participación en estas acciones de «un gran número de condenados o procesados», y que ello constituye un elemento común que no puede ser ignorado.
El presidente de Òmnium Cultural ha lamentado que «hay una estrategia de Estado para vincular el independentismo al terrorismo«, según un comunicado de este lunes de la entidad.
Ha acusado al Ministerio del Interior de «inventarse prácticas violentas inexistentes» y ha instado a la ciudadanía a manifestarse por la Diada.
La demanda de Òmnium presentada ante la Audiencia Nacional narró que un agente de la policía nacional estuvo militando durante dos años en el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (Sepc), un colectivo vecinal y un ‘casal popular y que agentes policiales «intentaron captar» a un militante del Jovent Republicà.
