La Guardia Civil ha enviado a la Audiencia Nacional (AN), a falta de trasladarle toda la documentación pedida, una serie de informes elaborados por el instituto armado sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el secuestro de José Antonio Ortega Lara a manos de ETA y por los que se había interesado el juez Alejando Abascal para incorporarlos al sumario en el que se investiga la presunta participación de la cúpula de la banda terrorista en el asesinato, en 1995, del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez.
En un oficio la Benemérita da cuenta al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 del material que le facilita, en concreto cinco informes realizados entre los años 2001 y 2020. Eso sí, también le comunica que aún le queda por remitirle el contenido de los dispositivos informáticos que contienen «138 sellos», los precintos judiciales franceses intervenidos en el marco de la detención en Francia, en 2004, del dirigente etarra Miguel Albisu Iriarte, alias ‘Mikel Antza’.
«Estas tareas, por el importante volumen de dispositivos a analizar, se demorarán en el tiempo, si bien se tratará de agilizar en lo posible las citadas tareas«, señala la Guardia Civil.
Un trabajo, explica en su oficio el instituto armado, que obliga a hacer distintas operaciones de «apertura, digitalización, fotografiado, asiento y descripción en una base de datos del AGMINT» y elaborar un acta específica del tratamiento de cada sello.
Esas labores, añade en el oficio, «se están llevando a cabo actualmente y han supuesto un esfuerzo considerable en cuanto a tiempo y dedicación debido al importante volumen de dispositivos».
Según la Guardia Civil, hay alrededor de 600 dispositivos y las tareas de tratamiento están cerca de finalizar, si bien aún falta por llevar a cabo el análisis de aquellos datos que guarden relación con el asesinato de Ordóñez, como actas de reuniones del comité ejecutivo de ETA, ZUBA, en fechas cercanas por si hubieran tratado el atentado, perpetrado el 23 de enero de 1995 en San Sebastián.
En un auto del mes de julio, el juez Abascal acordó seguir investigando seis meses más y señaló que todavía tiene pendiente recopilar información de las autoridades francesas sobre el estado de tramitación de las órdenes europeas de entrega emitidas contra Javier Arizcuren, alias ‘Kantauri’, Julián Achurra Egurola, ‘Pototo’ y Juan Luis Aguirre Lete, ‘Isuntza’, algunos de los dirigentes de ETA que aparecen en los informes de la Guardia Civil.
Se trata, apuntó el magistrado, de un requisito de procedibilidad «para poder oírlos en declaración como investigados» en esta causa, en la que el magistrado de la Audiencia Nacional ya ha tomado declaración a otros exjefes de la banda terrorista: Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, e Ignacio Miguel Gracia Arregui, ‘Iñaki de Rentería’.
El instructor recordaba que todavía está a la espera de recibir el informe de inteligencia de la Benemérita que requirió en febrero de este año. En concreto, pidió a los agentes que localizasen y analizasen la documentación en poder de miembros de ETA relacionada con las actas de reunión del ZUBA en fechas inmediatamente anteriores, simultáneas y posteriores al asesinato de Ordóñez.
El juez accedió a continuar con las pesquisas hasta enero de 2023 a raíz de la petición tanto de la viuda y el hijo del concejal del PP como de la Asociación Dignidad y Justicia, acusaciones que instaron al magistrado a dirigirse a Francia para que interrogase a los tres exjefes de ETA que no han comparecido en esta causa.
La AN ya condenó a Juan Ramón Carasatorre, apodado ‘Jon’ y ‘Zapata’, a Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y a Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra en compañía de la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.
La investigación de este atentado se retomó en 2015, cuando los hechos estaban cerca de prescribir, a instancias de una querella presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado y actual presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), para que se identificara y juzgara a los ‘cerebros’ de este crimen.
Los informes de inteligencia que hizo entonces la Guardia Civil permitieron al anterior titular de dicho juzgado, el juez Santiago Pedraz, atribuir la autoría intelectual del asesinato a ‘Iñaki de Rentería’, ‘Mikel Antza’, ‘Pototo’, ‘Kantauri’ e ‘Insuntza’.
‘Mikel Antza’ declaró ante Abascal el pasado diciembre por videoconferencia desde Donosti para negar su participación en los hechos y atribuir las pruebas en su contra a supuestas torturas a presos vascos. Por su parte, ‘Iñaki de Rentería’ se negó a declarar ante el juez de la AN en febrero y solo hizo uso de la palabra para negar su implicación como autor intelectual de la muerte de Ordóñez.
