La titular del Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid tomará declaración este lunes al exviceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Ochoa Alvarado como presunto perjudicado de la red policial que ofreció supuestas influencias en la Administración a cambio de grandes sumas de dinero e información de Podemos.
En una providencia, la jueza Cristina Díaz Márquez también ha fijado para ese día a partir de las 10.30 horas la declaración de Ochoa Alvarado y también las de Carlos Aguilera, exdirector de servicios de Inteligencia en Venezuela, y la del denunciante Dimas Antúnez.
Estaba previsto que estas declaraciones se celebrasen entre el 30 de junio y el 1 de julio, pero la magistrada estimó pertinente aplazar la citación ante los cierres y controles que se preveían, por la cumbre de la OTAN, en el Paseo de la Castellana, donde se encuentra ubicada la sede del Juzgado.
Además de estas citaciones, la magistrada tiene pendiente tomar declaración a las 13 personas que figuran como imputadas por ser presuntos miembros de la red policial que se investiga por supuestos delitos de estafa y/o extorsión. Todos tendrán que declarar el 6 de octubre. Las 30 empresas que constan como investigadas aún no tienen fecha fijada.
Según indica la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción en uno de sus informes recogidos, la red que se investiga ahora en los Juzgados de Plaza de Castilla está conformada principalmente por policías nacionales y locales, abogados y un exmilitar.
Los ahora acusados se habrían aproximado a varios venezolanos que estaban relacionados con actividades de blanqueo «con el fin de solicitarles dinero a cambio de hacer valer la supuesta capacidad de influencia ante organismos públicos, como el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales –Sepblac– o la propia Policía Nacional», para «solucionar los problemas» que tendrían por estar investigados, según los informes que obra en la causa.
Además de pedirles dinero a cambio de dichas «influencias», los miembros de la red policial también estaban «interesados» en que se les proporcionase «información sobre el partido político Podemos y sus posibles vínculos con Venezuela, entre otras informaciones».
La Brigada Antiblanqueo recoge en su informe que la red recibió «millones de euros procedentes de ciudadanos venezolanos relacionados con actividades delictivas«. Esta información fue facilitada a la juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de fondos a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el supuesto blanqueo de dicho dinero en España, ya que varios de los excargos venezolanos presuntamente estafados figuran como investigados en el denominado ‘caso PDVSA’.
Fuentes cercanas a la causa han explicado a esta agencia que el informe forma ahora parte del sumario de la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid.
Según consta, las vías de recepción de fondos por parte de los investigados «han sido variadas»: desde contratos y facturas ficticias, entregas en efectivo y utilización de medios de pago electrónicos anónimos. «Han tenido en común que estas han sido facilitadas por la organización criminal y han servido para la transferencia de fondos a España que tenían su origen en actividades de carácter ilícito», señalaron los agentes.
La red policial habría contactado, entre otros, al exviceministro de Venezuela Energía Nervis Villalobos; a la extesorera del país sudamericano y enfermera del presidente fallecido Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén; y al exjefe de Seguridad del mandatario bolivariano, Adrián José Velásquez Figueroa. Todos ellos han sido investigados por presuntos delitos de blanqueo; los últimos dos han sido extraditados a Estados Unidos.
