El impago de los laudos internacionales ya tiene ránking. España y Venezuela rivalizan por el podio mundial en el impago de laudos internacionales, esto es la reclamación de una indemnización que exigen los fondos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (CIADI) por los perjuicios derivados de los cambios regulatorios.
España se convierte en un país señalado por los fondos internacionales e incluso instituciones debido a la colección de impagos acumulados por los laudos internacionales. De hecho, el Banco Mundial ha instado al Gobierno a resarcir a los perjudicados, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez se mantiene en sus trece. Esta actitud muestra una muy mala imagen del país y los fondos, ávidos por recuperar la inversión que les corresponde, están obteniendo importantes victorias judiciales, como la de Blasket Renowable, cuya posición pasaría por el embargo de las cuentas y la sede del Instituto Cervantes en Londres.
España rivaliza con Venezuela en el número de laudos internacionales sin pagar, una pobre posición que hunde la credibilidad y menoscaba la seguridad jurídica de los inversores. Ante los impagos, los fondos no se quedan impasibles y difunden duros informes contra el Gobierno, así como los ‘road shows’ por Madrid, con actos ante empresarios y partidos políticos.
EL IMPAGO DE LOS LAUDOS DEL GOBIERNO ALCANZA LOS 1.200 M€
Los fondos han llevado ante la justicia de sus respectivos países, como Reino Unido y Australia, donde los procedimientos van en tiempo y forma. De hecho, el Tribunal Superior de Australia desestimó en abril y por unanimidad el recurso de apelación presentado por el Reino de España en una disputa internacional por los recortes realizados a las renovables. La defensa de España alegó una supuesta «inmunidad soberana» frente a los procesos judiciales en el país de las antípodas relativos a la ejecución de laudos arbitrales de acuerdo a la Ley de Inmunidad de Estados Extranjeros en Austrialia.
El caso, muy similar al embargo del Instituto Cervantes en Australia, se debió a la acusación de numerosos inversores internacionales por los recortes a las primas de las renovables, una situación al que no pueden acceder los inversores españoles para recuperar su capital. De esta forma, el Alto Tribunal de Australia dio la razón al fondo Antin Infraestructure, que podría cobrar 101 millones de euros en bienes embargados a España en aquel país, es decir, todos a excepción de la embajada y las posibles delegaciones y consulados.
Los fondos no sólo buscan el resarcimiento de su capital, sino también de los intereses de demora
El pasado ejercicio 2022, España aterrizó directamente en la segunda posición entre los países con más laudos internacionales impagados. La deuda de España se eleva a unos 1.200 millones de euros, el doble respecto al ejercicio anterior y según las recientes sentencias judiciales, en este 2023 la tendencia va al alza. Los fondos no sólo buscan el resarcimiento de su capital, sino también de los intereses de demora y la indemnización por el coste de oportunidad, un hecho objetivo dada la naturaleza palpable de estos actores, quienes mueven el dinero para obtener un rédito.
EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ INVOCA UNA SUPUESTA INMUNIDAD
Desde el Gobierno de España se desecha la opción de abonar las cantidades correspondientes, como si las sentencias judiciales en otros países no fueran válidas. Además, los problemas se derivan del despilfarro del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, quien trazó un plan para atraer inversión extranjera en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria. La estrategia atrajo la captación de 70.000 millones de euros, pero pocos años después y con los recortes se eliminaron las primas a las energías renovables.
Los fondos internacionales no dudaron en llevar los casos al CIADI y a sus respectivos tribunales por los impagos. En total, hasta 55 procedimientos, con una media de 21 millones de euros por caso, aunque las diferencias son notables en algunos de ellos.
ESPAÑA TENDRÁ QUE PAGAR LOS COSTES JUDICIALES
Estos laudos han despertado el interés por este mercado. En este sentido, los elevados costes judiciales, superiores a los 250 millones de euros, han puesto de manifiesto la necesidad de especializarse contra España, un filón del que están dando buena cuenta algunos de los principales actores del mercado.
En este sentido, se ha creado la figura Third Party Funding, encargada de financiar a los fondos querellantes contra el Reino de España. El negocio, en auge desde la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de no abonar a las energías renovables, tiene una rentabilidad del 15% respecto a la cantidad obtenida, aunque puede alcanzar cotas más altas dependiendo de si hay que realizar una nueva labor al respecto.
La situación se deriva del recorte a las primas renovables que se ejecutó por el gobierno popular en 2013. Tras esta situación, decenas empresas y fondos han reclamado ante el Ciadi. Ante este contexto, España ha sido condenada en numerosos casos, y los costes ya superan los 1.200 millones. No obstante, el Gobierno pelea cada caso, pero se niega a ejecutar sentencias.
