Hace dos meses, dos agentes pertenecientes al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fueron detenidos por sustraer yfiltrar información clasificada a agentes estadounidenses. En estos momentos, un juzgado de Plaza Castilla ha abierto diligencias declaradas secretas por este caso de espionaje, según ha declarado El Confidencial.
Hasta la fecha, apenas han trascendido detalles del pleito legal, pero según las filtraciones que se han ido revelando, fue el propio Centro Nacional de Inteligencia el que denunció a sus dos trabajadores tras conocer la sustracción de información secreta. Por lo que se conoce desde el Ministerio de Defensa ya han dado declaraciones al respecto.
La ministra, Margarita Robles, una de las máximas responsables del CNI, terminó confirmado durante su visita a la base de Adazi (Letonia), la apertura del procedimiento judicial de los dos agentes del CNI. No obstante, Robles prefirió no comentar más al respecto, alegando que la causa judicial está declarada como secreta.
El CNI se escuda en supuestas «incidencias» para evitar responder a las preguntas de este medio (Moncloa.com) sobre la detención de dos sus agentes, uno de ellos en prisión.
LOS DOS AGENTES DEL CNI YA HAN SIDO DETENIDOS: UNO EN PRISIÓN Y OTRO EN LIBERTAD CON CARGOS
Los dos agentes acusados por sustracción y posterior filtración de información clasificada del Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidos. Uno de ellos, se desconoce el nombre por la protección de datos, ya ha ingresado en prisión y el otro ha quedado en libertad con cargos. Ambos agentes pertenecían a mandos intermedios dentro del CNI.
El robo de información fue descubierto a través de uno de los controles de seguridad que el Centro Nacional de Inteligencia elabora periódicamente al personal del servicio secreto español. Según el artículo 584 del Código Penal, estos agentes se enfrentan a una pena entre 6 y 12 años de cárcel. El artículo cita lo siguiente: «Al español que, con el propósito de favorecer a una potencia extranjera, asociación u organización internacional, se procure , falsee, inutilice o revele información clasificada como reservada o secreta, susceptible de perjudicar la seguridad o la defensa nacional».
Por otro lado, desde el Ministerio de Justicia, al que compete la dirección del proceso judicial, el ministro, Félix Bolaños, ha asegurado que el Gobierno de España dará «toda la colaboración» posible con el juzgado encargado del caso. «Lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial. Toda la documentación y colaboración que nosotros podamos aportar desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuando antes estos hechos», aseguró Bolaños tras participar en un Consejo de ministros de Justicia de la Unión Europea en Bruselas.
NO ES LA PRIMERA VEZ QUE ESPAÑA SUFRE FILTRACIONES POR PARTE DEL CNI
No es la primera vez que el servicio secreto español presenta denuncias por traición contra algunos de sus agentes. En el año 2007, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) interpuso una denuncia contra el exespía Roberto Flórez, quien había desempeñado labores para el centro entre 1992 y 2004. La denuncia se originó después de que se descubriera documentación clasificada en un local y dos apartamentos de su propiedad en Puerto de la Cruz (Tenerife). Además, se encontró una carta dirigida a los servicios secretos rusos en la que ofrecía trabajar para ellos a cambio de un primer pago de 200.000 dólares. Aunque no se logró demostrar la consumación de la entrega de documentos secretos, Flórez fue condenado en 2010 a 12 años de prisión.
El robo de información fue descubierto a través de uno de los controles de seguridad que el Centro Nacional de Inteligencia elabora periódicamente al personal
Otro caso resonante fue el de Juan Alberto Perote, quien en 1997 fue condenado a siete años de cárcel. Su delito consistió en llevarse del servicio secreto las llamadas microfichas, que contenían información clasificada sobre la guerra sucia contra ETA, así como registros de escuchas ilegales. Estas microfichas terminaron en posesión del banquero Mario Conde, agregando un componente adicional de escándalo a este incidente.
Lo que destaca en este caso particular es que el país extranjero al que presuntamente estaban vinculados los agentes detenidos no era una potencia adversa, sino más bien un país aliado: Estados Unidos. Con este país, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) mantiene una estrecha colaboración y existe un fluido intercambio de información.
En el pasado, los servicios secretos españoles han expresado sus quejas a la CIA por llevar a cabo operaciones en suelo español sin informar previamente, e incluso por intentar obtener información clasificada sin seguir los canales establecidos. Sin embargo, estas cuestiones se han resuelto discretamente entre ambos servicios, sin llegar a ser llevadas a los tribunales. Si ahora se confirma que agentes del CNI han sido sobornados por Washington, sería interpretado como un gesto hostil inusual entre países aliados y amigos, según indican fuentes diplomáticas a El País.
SUMAR EXIGE EXPLICACIONES A ESTADOS UNIDOS POR SU IMPLICACIÓN EN LAS FILTRACIONES DEL CNI
La formación política Sumar ha instado Estados Unidos a proporcionar más detallessobre las alegadas filtraciones de información confidencial por parte de agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al país norteamericano. Por su parte, Podemos ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la directora del organismo, Esperanza Casteleiro, para explicar los sucesos.
Marta Lois, portavoz de Sumar en el Congreso, se limitó a exigir a Estados Unidos una mayor claridad sobre el tema durante una rueda de prensa en la Cámara Baja. Mientras tanto, Javier Sánchez Serna, coportavoz de Podemos, calificó la presunta filtración como un asunto «grave». Serna expresó su preocupación afirmando que siempre es grave ser espiado por un aliado, pero aún más preocupante es que ese aliado compre a agentes de seguridad del propio país para obtener información.
En este contexto, Sánchez Serna considera que el Congreso y la comisión correspondiente deberían solicitar la comparecencia de Casteleiro. Además, instó al Gobierno de Pedro Sánchez a ponerse en contacto con la embajadora estadounidense en España, Julissa Reynoso, para obtener todos los datos pertinentes. Asimismo, solicitó al Ejecutivo esclarecer quién era el contacto norteamericano de los agentes involucrados en el presunto incidente.
LOS ANTECEDENTES DEL CNI CON EL ESPIONAJE EN ESPAÑA
La detención de dos agentes del CNI pone en alerta a Margarita Robles
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vio obligado a comparecer en un Pleno del Congreso para dar explicaciones sobre los espionajes realizados mediante el sistema Pegasus por parte del CNI a varios líderes independentistas y otros políticos del propio Ejecutivo central. Pegasus es un spyware desarrollado por una empresa israelí en 2010.
La principal ventaja de este sistema de espionaje es que no necesita ninguna acción por parte del usuario para que el virus entre en el dispositivo en cuestión. Es decir, no hace falta entrar en ningún enlace o documento infectado para que Pegasus ataque y se infiltre en el teléfono.
Un total de 63 líderes catalanes padecieron el espionaje por parte de Pegasus. Grandes figuras como Pere Aragonès, Artur Mas o Quim Torra fueron espiados a través de sus teléfonos entre los años 2017 y 2020 por el sistema informático Pegasus. Tras descubrirse el espionaje, los dirigentes independentistas señalaron al Gobierno como único responsable del ciberespionaje.
Por su parte, el Gobierno alegó que ni el Ejecutivo ni el CNI tenían que ver con el presunto espionaje a los políticos independentistas. No obstante, días después el Gobierno publicó que Sánchez y Robles también habían sufrido un ciberataque con el mismo programa después de que el Centro Criptólogico Nacional analizase los terminales del Ejecutivo.
La detención de dos agentes del CNI pone en alerta a Margarita Robles
En última instancia, se reveló que el teléfono del ministro Grande-Marlaska fue infectado, y se registró un intento fallido de acceder al terminal del entonces embajador de España en Marruecos, Luis Planas. Lejos de calmar las tensiones, esta información avivó aún más el ambiente político, llevando a la oposición a exigir explicaciones al Gobierno, que, un año después de los ataques con Pegasus, finalmente admitió ser víctima de espionaje.
Tras semanas de presión de socios gubernamentales y de investidura, el Gobierno tomó la decisión de destituir a la directora del CNI, Paz Esteban, quien compareció en la comisión de secretos oficiales del Congreso para rendir cuentas sobre las acciones de los servicios secretos. La noticia fue anunciada por Margarita Robles, ministra cuyo departamento supervisa el CNI, aunque evitó hablar de destitución y mencionó una «sustitución» para impulsar la institución, sin esclarecer las razones de la medida.
En una sesión de control en el Congreso, el presidente Sánchez justificó el cambio al frente de los servicios secretos por un «fallo en la seguridad de las comunicaciones del Gobierno». Aún no se ha definido qué departamento es responsable de la seguridad de las comunicaciones del Ejecutivo, y persisten incógnitas sobre quién está detrás del espionaje al Gobierno. Aunque hay indicios que apuntan a Marruecos, el Gobierno no ha expresado sospechas hacia el vecino del sur y ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional.
