Dolors Montserrat (PPE) ha registrado hoy una pregunta ante la Comisión Europea para que investigue los contratos de Huawei adjudicados en España. La iniciativa parlamentaria se produce en el contexto de la investigación judicial por presunta corrupción y tráfico de influencias que afecta al entorno del ministro Óscar Puente y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y tras conocerse un nuevo contrato público de Adif a Huawei Technologies por casi 400.000 euros.
El PP indica que, según diversas publicaciones periodísticas, el expediente aparece citado en documentación intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de las pesquisas sobre presuntas redes de intermediación. El contrato habría sido licitado en fechas navideñas y tramitado con carácter acelerado, lo que ha avivado las sospechas de irregularidades.
El nuevo contrato de Adif que desencadena la ofensiva europea
La adjudicación, que la UDEF está analizando, se realizó para el suministro de material destinado a redes de datos ferroviarias de la Red Ferroviaria de Interés General. Montserrat ha pedido a la Comisión que investigue si este procedimiento respetó las normas de contratación pública y si se ajusta a las advertencias de Bruselas sobre proveedores tecnológicos de alto riesgo.
La eurodiputada insiste en que la compañía china acumula reiteradas alertas de seguridad por parte de socios e instituciones occidentales y que resulta “especialmente preocupante” que el Gobierno continúe adjudicando contratos tecnológicos en infraestructuras críticas a Huawei.
Presión europea sobre Huawei y la seguridad de las infraestructuras críticas
La pregunta registrada hoy interroga directamente a la Comisión sobre si ha solicitado información al Gobierno de España acerca de todos los contratos adjudicados a Huawei en sectores estratégicos de transporte y telecomunicaciones. También plantea si Bruselas considera compatible con los objetivos europeos de reducción de riesgos que entidades públicas responsables de infraestructuras críticas sigan confiando contratos sensibles a un proveedor considerado de alto riesgo.
Montserrat recuerda que las instituciones europeas llevan años advirtiendo sobre los riesgos asociados a dependencias tecnológicas respecto de China y que la Comisión estudia nuevas herramientas para proteger la competitividad comunitaria frente a prácticas que generan vulnerabilidades económicas y estratégicas.
La cuestión trasciende lo judicial: la eurodiputada interroga a la Comisión sobre el cumplimiento de las recomendaciones europeas en ciberseguridad y reducción de dependencias estratégicas frente a China.
El impacto para España y la tensión con Bruselas
La ofensiva del PP europeo coloca al Ejecutivo español en una posición incómoda. La Comisión Europea ha anunciado que prevee llevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España, entre otros Estados miembros, por el retraso en la transposición de la Directiva destinada a reforzar la protección de sectores estratégicos frente a ciberataques. Mientras tanto, el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre la pregunta parlamentaria ni sobre el contrato de Adif.
Para España, las implicaciones son dobles: por un lado, la presión para clarificar su política de contratación tecnológica en infraestructuras ferroviarias y de telecomunicaciones; por otro, la señal de que Bruselas podría endurecer el control sobre las adjudicaciones a proveedores chinos si detecta incumplimientos de sus recomendaciones. La protección de las redes de datos vinculadas al transporte –subraya Montserrat– constituye “una cuestión estratégica para la seguridad nacional y europea”.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? Dolors Montserrat ha registrado una pregunta ante la Comisión Europea para que investigue los contratos de Huawei en España.
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La eurodiputada del PPE, el Gobierno de España, Huawei, y la trama judicial que salpica al entorno de Puente y Zapatero.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? La Comisión deberá responder a la pregunta y podría abrir un procedimiento adicional si detecta incumplimientos de las alertas de seguridad europeas.
