Pedro Sánchez se ha enfundado tantas veces el traje de ‘podemita‘ que al final acaba convirtiéndose en uno de ellos. Lejos queda ahora el día en el que el presidente del Gobierno tenía pesadillas con las imposiciones de Pablo Iglesias -«no dormiría por las noches», aseguró-, pero ahora, tras hacerse con el control de Indra, el Gobierno ha puesto los ojos en Telefónica con la compra de un 10% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un poderoso brazo inversor que tardará al menos cuatro meses en ejecutar la operación. Y es que, la compra se realizará a mercado y no en una sola operación con otros inversores institucionales.
«Nadie quiere vender y menos con la atracción generada ahora en Telefónica», apuntan fuentes del mercado a MONCLOA. De esta forma, la SEPI tendrá que comprar como máximo el 25% del volumen medio diario, tal y como establece la normativa. Para ello, los pequeños inversores tendrán que ofrecer sus títulos, una tarea difícil cuando el rendimiento de la acción de la compañía liderada por José María Álvarez-Pallete supera el 12% a los precios actuales. Es decir, la SEPI podría amortizar su inversión en apenas una década de mantener la remuneración al accionista.
Por este motivo, el precio de las acciones de Telefónica pueden subir con fuerza durante los próximos meses, como en la jornada de este miércoles, con picos del 6% en la apertura, aunque se ha desinflado poco después, recortando las ganancias en un 50%.
Las tareas se acumulan en las mesas de los Ministerios. El Gobierno no contento con la tramitación de la ley de amnistía, las peleas internas entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño, así como los numerosos retos que debe afrontar para poder contentar a Bruselas, como la reforma del subsidio de desempleo que aún debe pasar por el Congreso de los Diputados, abre ahora el melón de las posibles nacionalizaciones de empresas estratégicas con la excusa de evitar opas y posiciones significativas de terceros, como Arabia Saudí en Telefónica.
EL GOBIERNO OPTA POR LA SOLUCIÓN MÁS DRÁSTICA EN TELEFÓNICA
Hay numerosos mecanismos para proteger a las campeonas nacionales, como la ley de opas e incluso la acción de oro que guarda el Ejecutivo en un cajón para impedir que una de las empresas estratégicas más importantes, como es Telefónica, pueda pasar a manos de control de terceros.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llevado con secretismo esta operación. Pese a aprobarse en el Consejo de Ministros, hubo orden de no dar ningún tipo de información al respecto hasta que Economía, con Calviño al frente, diera luz verde a la misma. No fue hasta media tarde del pasado martes cuando Telefónica, a través de un hecho relevante ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y con la firma de la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda, se dio a conocer la intención del Gobierno de llegar al 10%. Con la falta de transparencia por bandera, la oposición y el resto de socios del Gobierno se enteraron por los medios del nuevo desempeño.
La SEPI, dependiente de Hacienda, no ha avanzado con qué dinero alcanzará los más de 2.000 millones de euros que tendrá que desembolsar a los inversores minoristas. Por este motivo, se ha cuestionado a la titular del Ministerio y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, pero de nuevo la callada por respuesta.
LA MALA SEÑAL EN TELEFÓNICA: EL APLAUSO DE BILDU Y ERC
El PP ha presionado sobre el asunto de Telefónica por tierra, mar y aire. El coordinador del área de economía del PP, Juan Bravo, ha asegurado que no existe un motivo justificado para la compra del 10% de la operadora por parte de la SEPI, y ha tildado la operación como un acto populista que amenaza con romper el mercado.
Los partidos de Gobierno, por su parte, han aplaudido la operación, pero Sumar, a diferencia del PSOE, busca ir más allá, encontrando apoyos en ERC y Bildu, a pesar de querer la independencia de sus respectivas Comunidades Autónomas.
Bravo, por su parte, ha continuado con su ataque al señalar que el Ejecutivo realiza la operación «porque quiere» y «sin motivo justificado», más cuando existe la ‘Golden share’, que consiste en el veto sobre determinadas operaciones y decisiones en el consejo de Administración de las compañías estratégicas. De esta forma, aunque el fondo saudí tenga una participación relevante, no podría tomar el control. La SEPI, en cambio, sí podría influir a la hora de modificar el consejo si encontrara apoyos.
PREOCUPACIÓN ANTE LA OCUPACIÓN EN TELEFÓNICA
El Ejecutivo lleva meses buscando un socio inversor para impedir la entrada de los saudíes, pero no ha sido capaz de encontrarlo. Ante esta situación se ha optado por la «intervención» y la «ocupación», como ha denunciado el PP, en las instituciones privadas.
«Ahora parece que el siguiente paso es la intervención, la ocupación y la colocación dentro del ámbito del sector privado», ha subrayado el diputado ‘popular’ en los pasillos del Congreso. Este movimiento es comparable con el de la SEPI en Indra, que finalmente ha sustituido a altos cargos con el apoyo de otros fondos.
Montero, por su parte, ha entrado al ruedo y ha asegurado que la operación se hace porque fue Rodrigo Rato, exministro de Economía, quien «malvendió» la participación estatal de casi el 21% en Telefónica en 1996. No obstante, la ministra de Hacienda oculta qué ocurrió después con la cotizada, cuyo precio se disparó después a cerca de los 30 euros por acción, nueve veces más de lo que cuestan en este momento.
¿Hubiera pasado lo mismo con la participación del Gobierno entonces? La operación de hace 24 años se produjo con una situación crítica para España, con una Seguridad Social en quiebra y el pago al FMI para abonar las pensiones aquel año. No había otra alternativa que vender y buscar dinero de debajo de las piedras para hacer frente a las nóminas.
MONTERO Y EL ORO DE PEDRO SOLBES
Asimismo, puestos a malvender, el Ejecutivo socialista es un experto en realizar operaciones desastrosas. Una de las más conocidas fue la venta de oro por parte del ministro Pedro Solbes para levantar la recaudación en plena crisis inmobiliaria. Fue en 2008, con una acuciante recesión, pese a que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que España estaba en la ‘Champions League’.
«Hablar de ocupación significa que Macron lo ha hecho en la empresa tecnológica líder en Francia, como Orange; significa que países como Alemania están practicando esa política que denostó Bravo», ha respondido Montero al PP. No obstante, al contrario que Alemania y Francia, cada vez que el Ejecutivo de España ha entrado en una compañía es para controlarla, al tiempo que también mantiene bajo vigilancia las participaciones de la misma. El pasado año, Telefónica vendió la mayor parte de su participación en Prisa, la editora de El País y dueña de La Ser, en un momento en el que la empresa necesita realizar ajustes por su abultada deuda.
Con la entrada de la SEPI, el Ejecutivo está en condiciones óptimas para meter toda la presión a Álvarez-Pallete y su consejo e incrementar la participación en Prisa, una ayuda que serviría de apoyo y llamada a otros inversores para entrar en la sociedad de medios de comunicación.
OUGHOURLIAN SIGUE A LA ESPERA DE UNA SOLUCIÓN EN PRISA
Con Joseph Oughourlian al frente, el Ejecutivo tiene un potente altavoz que amenaza con apagarse tras registrar unos números rojos de 36,7 millones de euros. Se da la circunstancia de que el máximo ejecutivo de Prisa y Pedro Sánchez han hecho buenas migas en la anterior legislatura, como la mencionada operación con Indra. «Prisa es clave y Telefónica podría volver a tener una participación significativa en la compañía», han sostenido fuentes del mercado.
Eso sí, la operadora tendría muy complicado dar una explicación convincente al mercado en un momento en el que pretende adelgazar la plantilla en más de 3.000 personas. Y es que, Prisa no era considerada una opción estratégica. Con la jugada en Indra, Oughourlian obtiene un mayor rédito que con Prisa, cuya caída desde máximos históricos supera el 99,9%, desde los 414 euros que llegó a valer cada acción a los 0,28 actuales.
Para Montero, la entrada del Gobierno permitirá reforzar el área estratégica de la compañía española, pero sin dar más detalles. Por el momento, se conoce que la SEPI tendrá dos consejeros en la cúpula de Telefónica.
ELÉCTRICAS Y BANCOS, CON LA MOSCA DETRÁS DE LA OREJA
En esta línea de ‘podemización’ del PSOE, no se descarta que el Gobierno pudiera hacer lo propio con otras compañías de la banca y eléctricas, siguiendo también la estela de otros países europeos. Esta estrategia cala positivamente en sus socios, como Bildu, ERC y Sumar. Todos ellos apuntan a la nacionalización de empresas como una muestra de bienestar.
De hecho, no se descarta que Bildu y ERC pongan como nuevas condiciones la nacionalización de empresas, como ha hecho Cataluña con L’Energética, la empresa pública que abastecerá el suministro para los consumidores y empresas.
No obstante, la experiencia fue nefasta para la pública de Barcelona, con Ada Colau como alcaldesa. Lo mismo ocurre con la banca, donde CaixaBank se erige como el oscuro objeto de deseo al ser la gran señalada por el rescate de Bankia. El Gobierno de Pedro Sánchez, por el momento, no tiene ningún plan en marcha, pero tampoco ha realizado filtración alguna sobre Telefónica hasta el mismo día en el que se ha iniciado la compra de acciones. Todo el mercado permanece muy atento a la SEPI, así como la política debido a los temidos precedentes de Venezuela en la nacionalización de empresas.
