Los partidos de extrema derecha de toda la UE hablan con una sola voz sobre los inmigrantes: todos los que entren ilegalmente deben ser expulsados. Vox lo viene diciendo en los últimos años, pero como el partido español también lo están haciendo Le Pen en Francia, Meloni en Italia o la AfD de Alemania. Pero esta corriente antiinmigrantes le puede salir por la culata de prosperar una iniciativa de los socialistas alemanes (SPD) y Los Verdes, que pretenden cortarles el grifo de la financiación.
No obstante, la extrema derecha está en alza en toda Europa, y el próximo Parlamento Europeo podría ser el más de derechas de toda la historia. Según las últimas proyecciones de escaños, si los partidos de extrema derecha se unieran en un solo grupo (ahora se reparten entre los Conservadores Reformistas Europeos (donde se encuentra Vox) e Identidad y Democracia), podría llegar a ser el más numeroso del hemiciclo.
De momento, la Eurocámara virará de nuevo a la derecha en la próxima legislatura. La coalición del PPE, socialistas y liberales caerá al 54% de representación frente al actual 60% mientras que Identidad y Democracia adelantará a los liberales en la tercera posición. Junto con ECR (el grupo de Vox), superarán los 180, según el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR). Las últimas proyecciones auguran que la ultraderecha ganará en nueve países (Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia).
Vox presentó en noviembre una Proposición No de Ley (PNL) en la que instaba al Gobierno de España a expulsar a todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país, además de acabar con todas las políticas de efecto llamada. David Muñoz, diputado de la formación de ultraderecha, afirmó que «todas las administraciones públicas deben trasladar el mensaje claro de que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación en nuestro país ni recibir ningún tipo de ayuda pública. Además, pedimos que se eliminen las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u ONGs que promuevan o faciliten la inmigración ilegal y el tráfico de personas, así como a endurecer las penas contra las mafias de la inmigración ilegal y a todos sus colaboradores».
Para ello, Vox sugería aprobar una «lista de países seguros», es decir, aquellos donde no existe persecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, ni amenaza de violencia en situaciones de conflicto armado, tales como Marruecos, Argelia o Senegal, países de origen y de tránsito o salida hacia España de las operaciones de las mafias de tráfico ilegal de personas.
Otra medida incluida en esta PNL era suspender la cooperación al desarrollo con Senegal o cualquier otro país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios hasta que no se desarrollen los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la emigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales.
Otras medias incluyen reformas legales para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo; aprobar normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional para acordar el internamiento de quienes soliciten cualquier protección y, por último, «oponerse a la reubicación en el territorio municipal o regional de cualquier inmigrante que haya entrado irregularmente en territorio nacional y que no haya solicitado protección internacional de ningún tipo.
Y, en el caso de aprobarse su reubicación de inmigrantes ilegales por orden del Ministerio del Interior, aumentar y reforzar la presencia policial con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos y tener controlados a los inmigrantes ilegales mientras se tramitan sus expedientes de expulsión.
LOS SOCIALISTAS ALEMANES Y LOS VERDES QUIEREN CORTAR LA FINANCIACIÓN DE AFD
Vox es la voz española de la ultraderecha. En Alemania, la AfD, la Alternativa para Alemania, un partido de ideología nacional-conservadora y euroescéptica, que este fin de semana se ha convertido en foco de todas las iras del resto de los partidos, sobre todo los Socialistas Alemanes (PSD) y de Los Verdes, que este fin de semana reunieron a cerca de un millón de personas por las grandes ciudades del país, en protesta de su última iniciativa contra los inmigrantes. Tanto PSD como Los Verdes han empezado a plantearse cómo recortar la financiación estatal que recibe la AfD.
Este misma semana, el Tribunal Constitucional Federal se ha pronunciado sobre el fin de la financiación partidaria del NPD, el Partido Nacionaldemócrata de Alemania, conocido como La Patria. El Tribunal Constitucional federal ha decidido prohibir a La Patria que reciba financiación estatal durante los próximos seis años. El jefe de Estado de Baviera, Söder, ve este paso como un posible «plan para la AfD», según el diario alemán Der Spiegel, ya que lo que dictamine el Alto Tribunal puede abrir la puerta a otros partidos de extrema derecha como la Afd. Sin embargo
La AfD fue fundada en 2013 un profesor de economía de la Universidad de Hamburgo, Bernd Lucke, el periodista de Frankfurter Allgemeneine Zeitung, Kondad Adma, y los expolíticos de la CDU, Alexander Gauland y Gerd Robanus. Su base ideológica se centra en el rechazo al euro y la vuelta al marco alemán; la disolución de la eurozona; y sobre todo se oponen a los migrantes en la crisis migratoria que vive toda Europa. Precisamente, su batalla contra los migrantes le ha granjeado numerosos adeptos. Sus actuales dirigentes son Tino Chrupalla y Alice Weidel lograron en las últimas elecciones generales celebradas obtuvieron 83 escaños, el 10% de los votos.
Ante esta respuesta, los miembros de AfD han amplificado sus declaraciones racistas y xenófobas, al tiempo que defienden el nacionalismo alemán, con tesis muy próximas a los neonazis, aunque sus representantes se desvinculan de este último movimiento y han prohibido a sus seguidores relacionarse con el partido neonazi La Patria.
Pero el detonante de las manifestaciones ha sido una reunión secreta mantenida con representantes neonazis y empresarios para reclamar la repatriación masiva de inmigrantes, no solo los ilegales, sino los que ya tienen sus papeles en regla e incluso la nacionalidad alemana.
LA RETIRADA DE FINANCIACIÓN SERÍA UN «ELEMENTO DE DEFENSA DEL ESTADO»
Lo cierto es que en Alemania ha crecido el temor al ascenso del partido Alternativa para Alemania desde que se ha conocido la reunión secreta. Y por este motivo, el SPD y los Verdes han empezado a estudiar cómo cortar la financiación de la AfD, reconocida en la Ley Fundamental alemana. La financiación, entienden, puede convertirse en un elemento de defensa del Estado al recortar significativamente los fondos estatales para los partidos hostiles a la Constitución, según ha explicado el secretario del grupo parlamentario del SPD, Johannes Fechner.
El representante de los socialistas alemanes considera que la decisión del Tribunal Constitucional Federal será determinante para saber qué se puede hacer con el AfD, ya que de esa decisión «también puede afectar a otros partidos», en referencia a la AfD.
En la actual legislatura alemana se abrió la posibilidad de congelar la financiación de los partidos después de que fracasara el segundo procedimiento de prohibición del NPD ante el Tribunal Constitucional en 2017, por lo que dos años después el Bundestag, el Bunderat y el gobierno federal presentaron de forma conjunta una moción para excluir el partido de extrema derecha NPD de la financiación estatal.
La pregunta que se hacen todos es si podría prohibirse la AfD. Todos los partidos saben que la única forma es que los de ultraderecha lucharan contra la Ley Fundamental de Alemania, contra la Constitución. Ya hay quienes abiertamente hablan de la AfD como un «peligroso partido nazi».
LA DEPORTACIÓN DE LOS INMIGRANTES, «UNA PROMESA»
Pese a las manifestaciones y las críticas, miembros de AfD, una vez descubierta la reunión secreta con neonazis, se mantienen en su postura contra la inmigración. René Springer, diputado de AfD de Brandeburgo, insiste en X que «Deportaremos a los extranjeros a sus países de origen. A millones de ellos. No es un plan secreto. Es una promesa».
La polémica sigue en aumento y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución ha decidido vigilar a los miembros de AfD como grupo sospechoso de extremismo. De momento, la Oficina Federal ha constatado que el partido «se está desplazando cada vez más a la derecha», hasta el punto de amenazar derechos consagrados en la Constitución. Esta es la razón por la que varias sedes estatales del partido han sido consideradas «grupos extremistas».
Scholz valora la gran participación en las manifestaciones y asegura que «los demócratas somos muchos, mucho más que los que nos quieren dividir», mientras la ministra del Interior, Nancy Faeser advierte del peligro que supone AdF, afirmando que «la mayor amenaza para nuestro orden democrático básico es el extremismo de derecha».
Como respuesta, los militantes de AdF comienzan a mostrar su desconfianza del gobierno y denuncian sentirse privados de sus derechos, por lo que muchos de sus oponentes temen que si se prohíbe podría tener el efecto contrario, reafirmando y reforzando sus sentimientos.
EN ESPAÑA NINGÚN PARTIDO SE HA PROPUESTO ACABAR CON LA FINANCIACIÓN DE VOX
Los sucesos en Alemania no parece que se vayan a extender a otros países. Meloni tiene garantizada su supervivencia desde el Gobierno; Le Pen con cada vez más adeptos en Francia y, en España, el partido presidido por Santiago Abascal no se ve amenazado por ningún otro partido pese a sus numerosas ‘salidas de tiesto’ y estar rozando casi constantemente las líneas rojas de la Constitución.
Más allá de los apercibimientos y eliminación de las actas del Congreso o el Senado, nadie ha dicho nada de ‘cortar el gripo’ de la financiación de Vox vía Presupuestos Generales del Estado, aunque en las comunidades donde gobierna con el PP el partido de extrema derecha haya conseguido que no se dé subvenciones a las organizaciones empresariales y sindicales. La Constitución reconoce el papel de los agentes sociales en la sociedad democrática que es España.
Y si cortar su financiación es impensable prohibir su existencia como el propio Vox pretende hacer con Junts y EH Bildu es imposible. Lo único que ha podido hacer el Tribunal de Cuentas ha sido detectar irregularidades en la financiación de su Fundación y la sospechosa procedencia de algunas de sus donaciones, como, por ejemplo, las ingresadas a través de cajeros automáticos, esto no es suficiente de suspender su financiación; como mucho ponerle multas.
