El ‘caso Koldo‘ se disputa en los tribunales de la Audiencia Nacional, pero también en las instituciones. La primera se constituirá en el Congreso y casi al mismo tiempo en el Senado, pero también hay petición en Baleares, Cataluña y se estudia si hacerlo en Canarias. Los ‘populares’ desconfían de la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en la Cámara Baja, donde el bloque independentista y la coalición de Gobierno mantiene una débil mayoría absoluta, suficiente para convertir el Congreso en una encerrona contra los ‘populares’.
Por ello, el PP prefiere la tranquilidad de su mayoría absoluta en el Senado, donde se pondrían de manifiesto las contradicciones del PSOE en el caso. Los socialistas tratan de pararla y de restarle importancia, e incluso se justifica las adjudicaciones bajo sospecha en los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias durante la etapa de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, respectivamente.
«Es el caso Sánchez y llegaremos hasta el final en los tribunales, instituciones y en la calle, explicando el asunto en cada uno de los actos de los ‘populares’», han asegurado fuentes de alto rango dentro de la formación a este medio. «Nos hemos presentado como acusación particular y nos lo han aceptado e iremos al Congreso aunque no nos fiamos de las conclusiones», han señalado.
EL PP TIENE MUNICIÓN JUDICIAL CONTRA EL PSOE
En este sentido, apuntan que el PSOE tiene muy clara su línea de defensa, al poner la urgencia y emergencia de la pandemia por encima de cómo se entregaron 53,3 millones a las empresas de Juan Carlos Cueto y Víctor de Aldama a través del exasesor y quien guardó los avales de Pedro Sánchez en sus primarias.
El PSOE ha puesto todo el foco en Ábalos, sin que se haya pronunciado por Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. La Oficina Antifraude de la UE (OLAF) ha puesto en marcha una investigación sobre estos contratos realizados por las Islas Baleares de Armengol y de Canarias, con Torres al frente, para conocer si se pagaron finalmente estas adjudicaciones, con las mascarillas fake de Baleares y si el contrato de Canarias hay irregularidades. Entre ambos gobiernos autonómicos se abonaron casi 16 millones de euros.
Baleares, además, conocía que el pedido de mascarillas llegó defectuoso, como ocurrió con otras remesas de Sanidad, con Salvador Illa al frente. Lejos de exigir el reintegro del dinero, el Ejecutivo de Armengol modificó los contratos para abonarlos con fondos europeos tras tres modificaciones.
Si la OLAF encontrara irregularidades en estos contratos, las consecuencias para España serían desastrosas. La primera de ella, se pondría en riesgo el desbloqueo de 10.000 millones de euros, el próximo mes de marzo, mientras que los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias tendrían que devolver el importe de esos fondos. Para ello, se descontarán de los próximos fondos Feder, los mismos que utilizaron ambos ejecutivos regionales para hacer frente a las facturas de la empresa controlada por Cueto y Aldama.
EL DAÑO REPUTACIONAL PARA ESPAÑA
El daño reputacional para España sería la puntilla en una Europa centrada en la lucha contra la corrupción. Los países del Norte ven como sus aportaciones van a parar a los países del Sur de Europa, sin que haya contraprestación, y las críticas irán en aumento en caso de que se destape el fraude cometido bajo la batuta de Armengol en lo más duro de la pandemia.
El Gobierno autonómico de Marga Prohens hará la reclamación correspondiente a Soluciones de Gestión y apoyo a empresas, mientras Bruselas cortará el grifo al Ejecutivo autonómico por el mismo montante, esos 3,7 millones. Todo por unas mascarillas fake que la propia Armengol admitió conocer nada más recibirlas y para después modificar el contrato y darles una total validez tras modificar la adjudicación con fondos Feder.
Soluciones de Gestión y apoyo a empresas es la firma utilizada por Aldama y Cueto para llevarse estos concursos. El sobreprecio abonado por la administración permitía generar unas cuantiosas comisiones, cercanas a los 16 millones de euros. Asimismo, Baleares pagó otros 57.000 euros de transporte y 150.000 euros de asistencia técnica.
El Ejecutivo de Armengol cambió el contrato con el fin de ponerlo a cuenta de Europa
El Ejecutivo de Armengol cambió el contrato con el fin de ponerlo a cuenta de Europa. No lo hizo en el momento, sino una vez conocido que el pedido era defectuoso, según los datos y rectificaciones de la plataforma de contratación. La otra característica de los contratos de Canarias y Baleares se centra en una negociación sin publicidad, es decir, una adjudicación directa, a dedo, con la justificación de que era necesario y urgente obtener el material sanitario. Asimismo, se tramitó de emergencia.
LA INDIGNADA ARMENGOL, MIENTRAS CUETO HABLA CON FUNCIONARIOS
El PSOE no a se ha pronunciado sobre estos hechos, mientras Armengol ha mostrado su nerviosismo al pronunciarse sobre el caso Koldo. «Estoy indignadísima», ha asegurado, mientras denuncia públicamente que le produce «asco» que haya gente que se ha lucrado en lo más duro de la pandemia.
No obstante, se mantuvo de brazos cruzados con las mascarillas falsas. El Gobierno balear las recibió el 25 de mayo de 2020, mientras dos semanas después y tras ser analizadas por el Centro Nacional de Medios de Protección, se demostraron que no eran funcionales ni se ajustaban al contrato adjudicado. Pocos meses después, cargó a los fondos Feder el pedido, almacenado como «stock de seguridad».
El principal beneficiario de la supuesta trama, Juan Carlos Cueto, señaló en una conversación grabada por la investigación, la necesidad de frenar la reclamación de Baleares a Soluciones de Gestión y apoyo a empresas por no haber dado cumplimiento al contrato al ser un material defectuoso. Cueto ha intentado frenarlo hasta el pasado 12 de enero de 2024 con la influencia de Koldo.
Asimismo, Cueto trató de usar sus influencias por «su relación personal con funcionarios públicos y/o autoridades» con el fin de obtener un beneficio para la resolución de Soluciones de Gestión.
