El fiscal Anticorrupción Luis Pastor ha pedido al juez Moreno, del juzgado central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que declaren Victor de Aldama y Koldo Garcia Izaguirre sobre los contratos de mascarillas que se firmaron con el gobierno de Baleares mientras era presidenta de aquella comunidad autónoma Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados. El juez ha dictado una providencia para que ambos declaren el día 14 de mayo por la mañana.
El fiscal hace la petición, aprobada por el juez, tras el informe 62/2026, de 15 de abril de 2026, de la Unidad Central Operativa (UCO) de Delincuencia Económica de la Guardia Civil, relativo al análisis de las contrataciones formalizadas por la Comunidad Autónoma de Baleares.
Informe de Armengol
El fiscal argumenta que «en el informe presentado (…) se da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado en orden a proceder al análisis de los contratos (…) formalizados entre el Servicio Balear de Salud y la mercantil Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, para el suministro de mascarillas FFP2 por un importe total de 3.701.500€, así como los adjudicados a Eurofins Megalab S.A. para el suministro de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2, por un importe total de 1.112.640 € (pruebas PCR, importe de adjudicación 464.064 €; y pruebas diagnósticas COVID19, importe adjudicación 660.576 €)».
Sostiene el fiscal que «en el informe se dice que “estos contratos de material sanitario, enmarcados temporalmente en la crisis del COVID19 en el año 2020, constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor De Aldama venía pagando a Koldo, al menos, desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que permitía la petición de favores, desde Víctor De Aldama hacia Koldo, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del MITMA».
Además, añade el fiscal Pastor, «este pago recurrente permitía, por tanto, a Víctor De Aldama, tener acceso al propio ministro. No en vano, en la declaración que prestó el primero ante V.I., en fecha 21 de noviembre de 2024, reconoció que en varias ocasiones observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo se lo repartía con el propio José Luis Ábalos. Esta relación económica de dinero en efectivo se mantuvo, al menos, hasta septiembre de 2022».
El fiscal recuerda que para esa fecha, tanto José Luis Ábalos como Koldo Garcia llevaban más de ocho meses fuera de la estructura orgánica del MITMA, tras ser acordado el cese de ambos en el mes de julio de 2021. «Este patrón, por tanto, comportaría que los pagos realizados por Víctor De Aldama no se ceñirían a actuaciones concretas, si no que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal», añade.
Y recuerda que «en el particular que ocupa el presente informe, las actuaciones concretas solicitadas a Koldo por Víctor De Aldama –o parte de su entorno–, se ceñirían a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material, cobro por parte de Soluciones de Gestión, etc».
Para la Fiscalía, «toda esta operativa podría ser subsumible en el delito de tráfico de influencias, de la que sería partícipes, en principio, D. Koldo García Izaguirre y D. Víctor de Aldama Delgado».
El Tribunal Supremo, mediante Auto de 26 de julio de 2024, atribuyó al Juzgado Central de Instrucción nº 2 la competencia “para el conocimiento de los hechos objeto de investigación en las Diligencias Previas núm. 65/2023 en trámite en dicho juzgado, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud Balear y Canario objeto del procedimiento núm. 69/22 de la Fiscalía Europea, manteniendo ésta su competencia sobre tales expedientes en lo relativo exclusivamente a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea”.
Ahora se abre un nuevo escenario, pues si tras las diligencias que se practiquen, el juez viera indicios de delito en Francine Armengol tendría que enviar la causa de nuevo al Tribunal Supremo porque la presidenta del Congreso está aforada. Si Armengol no se viese salpicada, la causa seguiría en la Audiencia Nacional.
