La Fiscalía del sur de Nueva York, en EEUU, ya investiga los vínculos del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con empresarios chavistas y cargos del gobierno venezolano. Tras la petición realizada por la Policía española a las autoridades de aquel país, las antiguas denuncias en contra del ex presidente se han reactivado y están siendo investigadas.
«A través de los mecanismos de cooperación de los que dispone la Policía Nacional, la agencia de los Estados Unidos -Homeland Security Investigations (HSI) ha puesto a disposición de dicha Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, la extracción telefónica de un dispositivo móvil perteneciente al investigado Rodolfo Reyes Rojas».
La primera persona que puso el nombre de Rodolfo Reyes sobre la palestra pública fue la Fiscal General de Venezuela en el exilio, Luisa Ortega Díaz, tras la detención en 2020 de Alex Saab como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Ortega entonces dijo entonces que Rodolfo Reyes pertenecía a la misma trama del «saqueo de Venezuela con las compras de alimentos», el famoso Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), investigado por la Fiscalía de EEUU por el presunto desvío de fondos de este programa fuera del país.
Rodolfo Reyes era consejero y accionista de Plus Ultra Líneas Aéreas, empresa a la que el Gobierno de Sánchez concedía un rescate de 53 millones de euros. Pero además coincidía en el consejo de administración con Carlos Ibrahim en dos empresas españolas creadas una, el 23 de diciembre de 2020 (Alimentos Los Páramos) y otra, el 28 de noviembre de 2018 (la compañía de Bocono y Biscucuy). Esta última ha llegado a compartir domicilio y sede con Plus Ultra, según consta en el registro mercantil. Ambas empresas, según la ex fiscal Luisa Ortega, tenían como objeto la comercialización y exportación de alimentos, terreno en el que involucraba la fiscal a Ibrahim y a Reyes por la compra estatal de comida con sobreprecios para Venezuela. Pero la ex fiscal nunca señalo oficialmente a dichas sociedades españolas en esa trama.
En dichas empresas también coincidieron con Ibrahim otros dos cargos de Plus Ultra: Roberto Roselli Miele y El Arigie Harbie Raif.
Por su parte, Camilo Ibrahim tenía una decena larga de empresas en Panamá: La Gran Familia Zona Libre SA, Maroa Commercial Corporation, Luxpan DFS, Uptown, Aukan, Phoenix Trade Offshore, Rugby Z.L., Sportex Zona Libre, Great Wall Enterprise Offshore, Venchicat Capital, Sometimes, Aishop SA, y Baru Overseas Investment. Abundan informaciones en la Prensa venezolana que vinculan tal trama panameña con la compra fraudulenta de alimentos, pero no constan sentencias condenatorias ni procesos abiertos hasta la fecha.
Reyes e Ibrahim llegaron a ser citados a declarar en 2018 por una comisión de investigación de la opositora Asamblea Nacional Venezolana por el fraude de las compras de alimentos y los empresarios negaron cualquier vinculación con tal trama durante su comparecencia.
Pero según esa línea investigadora, los activos de origen venezolano investigados ahora no solo pertenecerían a desvíos del programa alimentario CLAP, sino que tendrían su origen en la venta de oro del Banco de Venezuela y en fondos de PDVSA.
A esa pista se suma el rastro fiscal trazado recientemente en EEUU, adelantado por el diario ABC. De esta manera, el Departamento del Tesoro estadounidense, habría rastreado una transferencia de 519.000 dólares a una cuenta suiza usada para pagar a un intermediario financiero relacionado con fondos de la corrupción petrolera venezolana. Ese intermediario habría manejado dinero para varios beneficiarios, entre ellos Alex Saab, considerado por Washington testaferro de Maduro.
Esa cuenta suiza habría dado origen a la investigación de blanqueo de capitales y llevado hasta Plus Ultra y su rescate. La aerolínea aparece en la investigación de la Audiencia Nacional como el germen de algo mayor, el caso Zapatero y, también, en la investigación internacional vinculada al dinero de Venezuela.
Rodolfo Reyes Rojas, al que seguía la justicia de EEUU, aparece como accionista de facto de Plus Ultra y fue uno de los interlocutores clave en las gestiones para obtener el rescate público de 53 millones de euros.
El primero que arrojó la sombra de la corrupción sobre este rescate fue el eurodiputado y economista Luis Garicano, que lo explicaba en un informe: «según el registro mercantil, el presidente de la sociedad que controla, directa e indirectamente, más del 56,8% de las acciones de Plus Ultra (Snip Aviation S.L) es Rodolfo José Reyes Rojas, que ha sido investigado penalmente por una trama de corrupción de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela. Otros dos accionistas de Plus Ultra, Flavio Pedro Antonio Bórquez Tariff y Héctor Antonio Tobías Reyes, están siendo investigados por Estados Unidos por blanqueo de capitales».
Ademas, añadía Garicao que «Panacorp, por su parte, tiene como tesorero a Mohamed Ibrahim. (…) es ampliamente conocido que su tío, Camilo Ibrahim, controla la también con la trama de corrupción de los CLAP junto a Rodolfo Reyes Rojas, y por la compañía a través de Panam Capital Markets S.A.».
Paraísos fiscales
Lo prioridad ahora para los investigadores de la UDEF de Policía Nacional es probar ahora si hay transferencias de fondos de Plus Ultra a la sociedad panameña Panacorp para pagar una deuda contraída años antes de la irrupción de la pandemia del COVID en España.
La UDEF ha investigado durante meses a esta empresa, Panacorp, y en otras radicadas en Suiza y Reino Unido. La cuestión es si Plus Ultra utilizó el dinero del rescate en pagar deudas con estas sociedades o blanqueó fondos a través de ellas y en medio, si el ex presidente de Gobierno español sacó dinero de estas comisiones fuera de España.
Según el diario El Mundo, las pruebas estarían en los préstamos solicitados por Plus Ultra entre 2020 y 2021 por importe de 1,3 millones de euros a sociedades del financiero Simon Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por la Policía como cabecera de la banda criminal. El 28 de octubre de 2020 Plus Ultra suscribió un primer préstamo por importe de 500.000 dólares con WaileaInvest, entidad domiciliada en Reino Unido. El 20 de noviembre del mismo año firmó otro préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo domiciliado en Suiza. Y el 29 de enero de 2021 rubricó un tercer préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.
Todo esto pondría en cuestión la legalidad del rescate en su momento, pero no señalaría directamente a Zapatero, a no ser que otras pruebas de cargo lo imputen directamente, como por ejemplo probar su influencia en la concesión del rescate y el posterior cobro por su intervención.
Todo comenzó a caerse cuando la Policía detuvo al CEO de la compañía aérea, Roberto Roselli, empresario venezolano vinculado en su país a numerosas empresas y a otro asesor, Julio Martínez Martínez, que mantiene una excelente relación probada con el ex presidente socialista Rodríguez Zapatero. Martínez a la vez era asesor de Plus Ultra y cliente de Whathefav SL, sociedad de las hijas de Zapatero, a través de una de sus empresas.
El informe de Garicano, punto de partida de las investigaciones de la UDEF, no solo recogía el nombre de Roselli: «Según los estados financieros de Corpoestructura, S.L. y la información disponible en diversos medios, Snip Aviation, S.L. recibió en 2018 un préstamo de 1,23 millones de Corpoestructura, S.L, controlada por Rodolfo Reyes y Roberto Roselli. A su vez, Camilo Ibrahim prestó fondos a Corpoestructura, S.L. por valor de 3,39 millones. Estos apoyos pudieron jugar un papel clave en que Snip Aviation, S.L. se hiciera con el control de Plus Ultra». Esta compañía es una de las investigadas y registradas por la Policía.
Tras producirse la detención de Nicolás Maduro en Venezuela por fuerzas estadounidenses, la asociación Hazte Oír (HO), personada como acusación popular en esta nueva causa, presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La querella sostenía que José Luis Rodríguez Zapatero habría «intervenido en hechos susceptibles de encaje» en los siguientes delitos previstos en el Código Penal español: tráfico de drogas (arts. 368 y ss. CP), blanqueo de capitales (art. 301 CP) y pertenencia a organización criminal (art. 570 bis CP). En esa querella ya se planteaba el blanqueo de capitales.
Hazte Oír preparó esta querella tras acceder al indictment (escrito de acusación) presentado por la fiscalía estadounidense y tras intensos días de trabajo jurídico, analizando vías legales en Estados Unidos, con el fin de trasladar a España los elementos relevantes para la investigación y persecución de posibles responsabilidades.
En la relación de hechos se relataba que «en fecha 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) hizo pública una acusación formal indictment (Caso S2 11 Cr. 205) presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que se imputan a Nicolás Maduro Moros y a otros altos cargos del régimen venezolano delitos de narcotráfico internacional, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y blanqueo de capitales. Dicha acusación fue anunciada públicamente por el Fiscal General de los Estados Unidos y se basa en investigaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA) realizadas durante varios años».
Los querellantes aportan «la resolución norteamericana -y la traducción automática de la misma- que amparó la extracción de Nicolás Maduro, así como su traducción al español. Debe recalcarse que en dicha resolución se identifican unos investigados, pero al mismo tiempo también se señala la existencia de otros participantes, conocidos o desconocidos, lo que es de gran relevancia para esta acusación».
Vínculos de Zapatero
Además, la querella detallaba vínculos políticos, económicos y personales de Zapatero con el régimen venezolano, incluyendo reuniones con altos cargos, mediaciones internacionales, y presunta participación en actividades económicas opacas. También se menciona un incremento significativo en su patrimonio desde que dejó la presidencia, lo que se considera un posible indicio de enriquecimiento ilícito.
Aquel documento señalaba que Delcy Rodríguez, entonces solo vicepresidenta de Venezuela, mantenía una relación cercana y personal con José Luis Rodríguez Zapatero. Se mencionaba que Rodríguez Zapatero la consideraba su «amiga», según intercambios de mensajes privados publicados en medios españoles. Además, se indica que ambos participaron juntos en reuniones con Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen venezolano, y que Delcy Rodríguez estuvo involucrada en diversas actividades económicas y políticas en las que Zapatero habría actuado presuntamente como intermediario.
La querella recogía también la «especial relevancia» de la «evaluación de la evolución económica de su entorno familiar, entre ellas la sociedad Whathefav SL, propiedad de sus hijas (Laura y Alba Rodríguez Espinosa) debe incorporarse como elemento esencial de análisis» y añadía que «esta sociedad, cuyo crecimiento económico significativo coincide temporalmente con la actuación del querellado como interlocutor privilegiado del régimen, introduce un vector adicional de investigación desde la perspectiva del blanqueo de capitales, en tanto que las estructuras familiares y societarias son mecanismos recurrentes de integración de fondos en contextos de criminalidad organizada».
Todo eso es lo que ahora está investigando el juez Calama, del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional.
