El PSOE ha activado este mes de mayo una operación argumental con un objetivo nítido: diluir el impacto de las causas judiciales que cercan a la cúpula del partido bajo la teoría de la campaña orquestada. Moncloa y Ferraz han coordinado un discurso que apela al llamado ‘efecto Peinado’ —en referencia al juez que instruye el caso de Begoña Gómez— para presentar todas las investigaciones como parte de una misma ofensiva política destinada, según los socialistas, a derribar al Gobierno de coalición.
La construcción del relato: de la ‘Kitchen’ al ‘efecto Peinado’
La estrategia se ha hecho visible estos días en la sucesión de declaraciones públicas de ministros y dirigentes territoriales. Óscar López levantó la bandera de la sospecha: “Con todo el respeto, pero cuanto mayor me hago, más me cuesta creer en las coincidencias”. Salvador Illa, con su habitual templanza, apuntó en la misma dirección: “Respeto la justicia, pero sé distinguir lo que es casualidad de lo que no lo es”. Y Óscar Puente, el más directo, denunció filtraciones que “acompasan los tiempos de la justicia y de la política de una manera sorprendente” para crear la sensación de un acoso judicial sin precedentes.
En La Moncloa, según fuentes consultadas por Moncloa.com, se da por sentado que el desgaste de la imagen pública del sistema judicial —alimentado por procedimientos como el del hermano del presidente o el de la propia Begoña Gómez— es terreno fértil para movilizar al electorado progresista. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz en relación con la trama de Leire Díez han reforzado ese diagnóstico: cerrar filas es la única opción política.
De hecho, una causa en particular, la que dirige el juez Juan Carlos Peinado, proporciona el molde narrativo. Dos años de instrucción sin un solo indicio delictivo y un rosario de decisiones contradichas incluso por la propia policía han convertido ese expediente en la coartada perfecta para etiquetar cualquier nueva investigación como parte de una campaña. Bajo esa sombrilla, el PSOE mezcla ahora casos tan dispares como el presunto tráfico de influencias de Zapatero, las comisiones investigadas a José Luis Ábalos o la operación de chantajes que, según la UCO, se gestó desde Ferraz con el secretario de Organización Santos Cerdán como presunto cerebro.
Sobre este último asunto, Moncloa opta por un perfil bajo forzado: se desentiende de la gestión de Cerdán y califica la trama de “frikis” —en privado lo definen como una aventura personal—, mientras promete explicaciones en el Congreso sin que el presidente se dé por aludido. La intención es blindar a Sánchez y, simultáneamente, avanzar la idea de que cualquier operación judicial que afecte al partido es un intento de interferencia antidemocrática.
Cuanto más ruido judicial llega a la calle, más fácil resulta para Ferraz transformar cada sentencia en un agravio colectivo.
En ese armazón retórico caben, sin embargo, contradicciones que el PSOE no puede ocultar del todo. Socios de izquierda recuerdan —fuera de micrófono— que el partido levantó la voz contra la supuesta ‘lawfare’ solo cuando los reveses tocaron a Sánchez, mientras que causas igualmente endebles contra Podemos, como la de los sobresueldos, se prolongaron sin que Ferraz encontrara argumento de campaña orquestada. Ese reproche no amaina el discurso oficial, pero añade una sombra de oportunismo que los estrategas socialistas intentan compensar con una equiparación total de todos los casos.
El pulso entre el poder judicial y el Ejecutivo desde la amnistía
La semilla de esta confrontación se plantó, en opinión de la dirección federal, en el arranque mismo de esta legislatura. La aprobación de la ley de amnistía al procés provocó reacciones sin precedentes: jueces y magistrados se manifestaron togados, el Consejo General del Poder Judicial emitió un durísimo comunicado que acusaba al Gobierno de provocar la “abolición del Estado de derecho”. Aquel choque entre poderes, que muchos interpretaron como un exceso del órgano de gobierno de los jueces, se ha convertido para Ferraz en el antecedente de la actual “deriva judicial”.
Ese trasfondo permite al PSOE pintar todas las actuaciones recientes como el desarrollo natural de aquella hostilidad institucional. Da igual que se trate de un juicio por enchufismo, de una trama de comisiones o de un supuesto tráfico de influencias con empresarios de dudosa reputación: la etiqueta de “ofensiva política” ha pasado a funcionar casi como un automatismo. “El que pueda hacer que haga elevado a su máxima expresión”, respondió la dirección del partido apenas se supo de la imputación de Zapatero, insinuando sin rodeos que el procedimiento judicial carecía de fundamento.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz, la dirección de Sánchez asume que esta estrategia defensiva es también la única vía para mantener cohesionado al partido. Los barones territoriales más expuestos —desde Illa en Cataluña hasta García-Page en Castilla-La Mancha—, aunque con matices, respaldan públicamente la tesis de la campaña orquestada porque perciben que el electorado socialista tradicional necesita un relato con el que contrarrestar la narrativa de corrupción. No obstante, en privado algunos presidentes autonómicos advierten que esta línea argumental es una moneda de dos caras: si las nuevas causas aportan pruebas sólidas, el partido se arriesga a un descrédito formidable.
El aterrizaje territorial es inmediato. En comunidades como Cataluña, Asturias o Navarra —todas con gobiernos socialistas o copresididos—, los equipos de comunicación ya han recibido la instrucción de replicar el argumentario federal en cada intervención pública. La consigna es no entrar en el detalle de cada sumario, sino remitirse al marco general de “persecución política”. Eso deja a los ejecutivos autonómicos en una posición incómoda cuando los medios locales preguntan por expedientes concretos; pero es la opción que Moncloa considera menos mala.
En el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, Patxi López ha comenzado a modular las preguntas de control hacia la oposición para forzar al PP a debatir sobre el funcionamiento de la justicia y no sobre los contenidos judiciales. La cúpula del partido estudia además reactivar la comisión de investigación sobre las ‘cloacas del Estado’, convencida de que llevar el debate al terreno de las prácticas policiales del pasado puede desgastar a la derecha y cambiar el eje de la conversación pública.
Desde el análisis estratégico que cabe hacer en Moncloa.com, el PSOE aprovecha una ventana de desconcierto ciudadano ante la complejidad de los procesos judiciales para tapizar todo el debate con una capa de agravio político. Es una maniobra que ya rindió réditos en la moción de censura de 2018, cuando la sentencia del caso Gürtel permitió a Sánchez plantear su llegada al poder como la culminación de una regeneración democrática. Pero ahora el escenario es más frágil: la acumulación de casos y la naturaleza íntima de algunos de ellos —el hermano, la esposa— erosionan esa lectura y despiertan cierta inquietud en los sectores más institucionales del socialismo.
El riesgo a corto plazo no está tanto en una derrota parlamentaria —el Gobierno mantiene apoyos suficientes— como en que algún escape de información judicial derribe el andamiaje argumental. Por el momento, la ejecutiva federal aprieta el paso: la próxima comparecencia de Sánchez ante el pleno del Congreso para hablar de la trama Leire Díez servirá para medir la solidez del relato y la resistencia de sus socios. El cierre de filas se mantiene, pero depende de un factor que Ferraz no controla del todo: que las próximas decisiones judiciales no entreguen un titular demoledor que deje a la teoría de la campaña orquestada sin oxígeno.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: «Todas las causas judiciales forman parte de una ofensiva política orquestada para derribar al Gobierno progresista».
- Protagonista: Pedro Sánchez (presidente del Gobierno y secretario general del PSOE).
- Próximo hito: Comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso de Leire Díez, prevista en las próximas semanas.
