Salvador Illa ha llevado este lunes a la 41ª Reunión del Cercle d’Economia un anuncio de calado: la movilización de 4.800 millones de euros en inversiones en infraestructuras que combinará fondos públicos con capital privado en los próximos seis años. El president de la Generalitat ha detallado el plan ante la élite empresarial catalana con un mensaje nítido: la recuperación de la estabilidad ya permite acelerar obras estratégicas.
El Govern ha activado este paquete dentro de un esfuerzo inversor global que supera los 20.000 millones de euros, pero Illa ha puesto el foco en los 4.800 millones que arrancarán de forma ‘inmediata’, según sus palabras. La cifra se desglosa en dos grandes bloques, con un claro protagonismo de la colaboración público-privada como llave para desatascar proyectos enquistados.
El Cercle d’Economia como escaparate de la estabilidad recuperada
No es casual que el foro económico de referencia haya sido el elegido. Illa ha presumido de haber devuelto «un horizonte de estabilidad» a Cataluña desde que asumió la presidencia hace dos años, un argumento que repite en cada encuentro con el empresariado. La presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, también puso en valor el retorno de grandes empresas que trasladaron su sede social durante el procés y la inminente aprobación de los primeros presupuestos de la Generalitat en tres años. «Claro que hay retos, pero si ha pasado esto en los últimos dos años, imagínense lo que podemos hacer colectivamente en la próxima década», ha agregado Illa.
El discurso incluyó una mención a las nuevas conexiones aéreas de largo radio, como el primer vuelo directo a Taiwán que Starlux Airlines prevé operar en 2027 y las rutas con Ciudad de México y Boston. Todo ello refuerza la imagen de una Cataluña que vuelve a hacer negocios, un eje central de la estrategia del socialista para consolidar su legislatura.
El rompecabezas de las obras: L9, carreteras y la terminal de Lleida
El grueso de la inversión se reparte en dos bloques. El primero, dotado con 3.300 millones de euros, cubre la construcción de las estaciones centrales del tramo central de la L9 del Metro de Barcelona (500 millones), el despliegue de los ejes viarios 2+1 para reducir la siniestralidad en 366 kilómetros de carreteras catalanas (720 millones) y el desdoblamiento parcial del tramo Berga-Bagà (470 millones). El segundo bloque, de 1.500 millones, financiará el desdoblamiento de la C-55, la segunda fase del tranvía de Tarragona y Reus, una red de intercambiadores de autobuses y la terminal de trenes de Lleida-Quatre Pilans.
Illa ha subrayado que sin la implicación del sector privado, algunas de estas infraestructuras tardarían «20 o 25 años» en completarse. La Generalitat aspira a reducir ese plazo a solo seis años, gracias a un nuevo modelo que ya se ensayó con la consulta al mercado lanzada el pasado marzo. Territori, Vivienda y Transición Ecológica, bajo la dirección de Sílvia Paneque, ha recogido las recomendaciones de las potenciales licitadoras y se prepara para sacar los concursos.
Colaboración público-privada: la fórmula para recortar plazos de 20 a 6 años
La clave del anuncio es el mecanismo de colaboración público-privada que, según el Govern, permitirá «acelerar las infraestructuras estratégicas». No se ha detallado el reparto exacto entre recursos públicos y capital privado, pero la conselleria de Territori Vivienda y Transición Ecológica ya ha completado la fase de consultas con constructoras, concesionarias y operadores de electrolineras. La intención es replicar el modelo en tres grandes concursos: la ampliación de carriles alternos en carreteras de doble sentido, el mantenimiento del tramo central de la L9 y la red de carga ultrarrápida.
Illa ha convertido el Cercle d’Economia en el espejo de la Cataluña ordenada que prometió hace dos años.
El president puso ejemplos concretos de obras que, con la ingeniería financiera tradicional, se demorarían décadas. Ahora, la administración catalana confía en que el capital privado absorba parte del riesgo y acelere la maquinaria. La gran incógnita es si los pliegos resistirán el escrutinio de los potenciales licitadores y si la Generalitat sabrá mantener el ritmo prometido.
La tramoya política: presupuestos, financiación autonómica y confianza empresarial
El despliegue inversor no se entiende sin el acuerdo para la nueva financiación autonómica que Illa cerró con el Gobierno central —pendiente de votación en el Congreso— y que permitiría a la Generalitat disponer de más recursos. El president sacó pecho de ese pacto y lo vinculó a la capacidad de emprender obras largamente postergadas. Además, la inminente aprobación de los presupuestos catalanes —tras un trienio de prórrogas— da a su equipo la estabilidad que exigía el sector privado.
Illa pidió «valentía» y «federalismo» para guiar a la Unión Europea, en una edición del Cercle que gira en torno a la autonomía estratégica del continente. Pero el mensaje principal fue doméstico: las instituciones y las empresas deben confiar en el potencial catalán y combatir el pesimismo. «El país hará un salto hacia delante», zanjó.
La gran incógnita es si el modelo de colaboración público-privada resiste el paso por los pliegos y la burocracia. Por ahora, Illa ha puesto la maquinaria en marcha. El Consell Executiu tendrá que traducir los megavatios retóricos del Cercle en licitaciones concretas. Mientras, el Govern espera que la estabilidad vuelva a ser el principal activo de la legislatura.
