EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PSOE ha reconocido que pagó 44.859 euros a Leire Díez, exconcejala socialista en Vega de Pas, como asesora de comunicación en Cantabria entre 2015 y 2017. Es su tercera versión en la causa por tráfico de influencias y cohecho.
- ¿Quién está detrás? La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes a los socialistas de “mentir más que hablar” y ha exigido explicaciones al Gobierno.
- ¿Qué impacto tiene? La rectificación tensa el control al Ejecutivo en el Congreso y refuerza la ofensiva del PP contra la financiación irregular del partido que sostiene a Pedro Sánchez.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha pasado al ataque este martes tras la última rectificación del PSOE sobre los pagos a la exconcejala socialista Leire Díez. En una rueda de prensa celebrada en la Cámara baja, Muñoz ha censurado que el partido de Pedro Sánchez haya mutado su discurso desde una negación rotunda hasta reconocer abonos cercanos a los 45.000 euros.
“Primero: no sabemos quién es esta señora, nunca ha estado en Ferraz, es una pequeña Nicolás; Segundo: sólo le pagamos 15.000 euro y sólo la contratamos en 2017; Tercero: bueno vale, ahora reconocemos que también le pagamos 45.000 euro y que la tuvimos en nómina en 2015 y 2016”, ha enumerado Muñoz, reproduciendo los vaivenes de la versión oficial socialista. La dirigente popular ha sentenciado que en el PSOE “mienten más que hablan”.
De la negación a los 45.000 euros: la cronología de un giro en el discurso socialista
La investigación del Juzgado de Instrucción Número 9 de Plaza de Castilla —que indaga en presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho atribuidos a Leire Díez— ha forzado al PSOE a rectificar en varias ocasiones. Según consta en el escrito remitido al juez Arturo Zamarriego, el partido ha revisado la documentación contable del PSOE cántabro y ha encontrado pagos adicionales que elevan la cifra total a 44.859 euros brutos. Lejos de los 15.612 euros que admitió en diciembre del año pasado.
La propia Díez, que fue concejal en el Ayuntamiento de Vega de Pas entre 2011 y 2015, prestó servicios como asesora técnica de comunicación desde el 1 de septiembre de 2015 hasta el 28 de febrero de 2017, según la nueva documentación. Y, en un segundo periodo, del 1 de marzo al 7 de septiembre de ese mismo año. El PSOE sostiene ahora que lo hizo “en calidad de trabajadora autónoma dependiente”, una figura que no encaja con la inicial negativa de Ferraz a reconocer cualquier vínculo.
La evolución de las cifras ha sido vertiginosa: la primera versión oficial negaba todo conocimiento; la segunda admitía una contratación puntual en 2017; la tercera desvela un contrato de casi dos años. “Es un guion que se repite”, advierten desde el Grupo Popular, donde ven un patrón de ocultación similar al que el PP atribuye a otros casos de financiación del partido que ocupa La Moncloa.
El PP carga con dureza: “Mienten más que hablan” y reclama responsabilidades
Ester Muñoz no ha ahorrado munición. Además de la ya clásica acusación de “mentir más que hablan”, la portavoz popular ha vinculado el caso con la “estrategia de opacidad” del Gobierno de coalición. “No es un episodio aislado; cada semana conocenemos un nuevo capítulo de irregularidades en la financiación del PSOE”, ha afirmado ante los periodistas.
El Grupo Popular ya ha anunciado que registrará varias preguntas parlamentarias para que el Ejecutivo aclare si la contratación de Díez se extendió a otras federaciones socialistas. Además, fuentes del partido en el Senado adelantan que forzarán una comparecencia de la ministra de Hacienda si los datos apuntan a irregularidades fiscales. “La transparencia es la única vacuna contra la corrupción”, ha subrayado Muñoz.
El impacto en el Congreso es inmediato: la sesión de control de esta semana promete ser una de las más tensas del periodo de sesiones. El PP quiere que Pedro Sánchez dé explicaciones personales, aunque Moncloa intenta desviar el foco hacia la gestión económica. En Génova creen que el caso Díez encaja en una narrativa más amplia que busca erosionar la credibilidad del presidente del Gobierno.
La cuarta versión del PSOE sobre Leire Díez convierte la “transparencia” que predica Sánchez en un sarcasmo político de alto voltaje.
El Eje del Poder Popular
Para el PP, el caso Leire Díez no es solo una munición dialéctica: es una oportunidad para reforzar su perfil de partido que exige cuentas. En Génova se lee este episodio como una metáfora del deterioro institucional que achacan al Gobierno. “Cada rectificación del PSOE nos da la razón”, apuntan fuentes de la dirección nacional.
En el plano territorial, el asunto tiene resonancia en Cantabria, donde el PP gobierna con mayoría absoluta desde 2023. La presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido ya a los socialistas cántabros que aclaren si los pagos afectaron a contratos públicos. Y en otras comunidades populares, como Madrid o Andalucía, los respectivos gobiernos autonómicos vigilan cualquier ramificación que pudiera salpicar la gestión del PSOE local.
La ofensiva popular se completa con la petición de que el caso se investigue en la comisión parlamentaria de seguimiento de la financiación de los partidos, que el PP quiere reactivar en el Senado. “Si el PSOE no tiene nada que ocultar, no debería temer la luz y los taquígrafos”, ha remachado un portavoz del GPP.
El desafío para Génova es mantener la presión sin que la oposición caiga en el ruido. Con el ciclo electoral asomando en el horizonte, el partido quiere demostrar que es la única alternativa capaz de devolver la decencia a las instituciones. La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, prevista para dentro de dos semanas, será la próxima estación en la que el PP medirá la temperatura del caso.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PSOE miente sistemáticamente sobre su financiación; el PP lidera la exigencia de transparencia frente al Gobierno.
- Protagonista: Ester Muñoz (portavoz del Grupo Popular en el Congreso).
- Próximo hito: Sesión de control al Gobierno en el Congreso, prevista para el próximo miércoles, donde el PP forzará a Pedro Sánchez a pronunciarse sobre el caso.
