EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Comisión Europea ha remitido una carta de emplazamiento adicional a España por no transponer la Directiva CRD VI, que limita el intervencionismo gubernamental en fusiones bancarias.
- ¿Quién está detrás? Bruselas, que ya abrió en julio de 2025 un procedimiento de infracción por otras dos irregularidades, y el Gobierno español, que dispone de dos meses para responder.
- ¿Qué impacto tiene? España se expone a un dictamen motivado y a una posible multa del TJUE. La opa del BBVA sobre el Sabadell fracasó, pero el choque normativo sigue y afecta a futuras operaciones en el sector financiero.
La Comisión Europea ha ampliado este jueves el procedimiento de infracción que mantiene contra España desde el verano pasado. El detonante es la falta de transposición de la Directiva 2024/1619 (CRD VI), cuyo plazo venció el pasado 10 de enero y que blinda el control de las fusiones bancarias por parte del regulador financiero, no de los gobiernos nacionales.
Una directiva sin transponer y un retraso que escala la queja
La carta adicional de emplazamiento, enviada por los servicios de la Comisión, supone un nuevo capítulo en el expediente que se inició en julio de 2025. El Ejecutivo comunitario sostiene que la normativa española contraviene el recién estrenado marco CRD VI (Capital Requirements Directive VI), que establece que las autorizaciones para adquisiciones, fusiones o escisiones en el sector bancario deben ser otorgadas por el supervisor prudencial —el Banco de España y, en su caso, el BCE— y no por el Ministro de Economía.
España ha dejado pasar la fecha tope sin adaptar su legislación. La Comisión ha actualizado su evaluación jurídica y ha incluido las disposiciones pertinentes de la CRD VI entre las infracciones detectadas. “La Comisión considera que las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco que regula las adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afecten a las entidades de crédito”, reza el comunicado oficial. El Gobierno dispone de dos meses para contestar y “subsanar las deficiencias” señaladas. Si la respuesta no convence, Bruselas podría emitir un dictamen motivado —el paso previo a demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE— y solicitar sanciones económicas.
La bronca va más allá del retraso burocrático. La propia Comisión recalcó este jueves que “las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la unión bancaria”. La frase es una pulla directa a la estrategia que el Gobierno de Pedro Sánchez desplegó durante la opa hostil del BBVA al Sabadell, que acabó fracasando en abril pasado tras años de batalla regulatoria y política.
Los otros dos reproches que ya pesaban desde 2025
El procedimiento original se abrió por dos motivos adicionales. El primero, la potestad que el derecho español confiere al Ministro de Economía para vetar o autorizar operaciones de concentración bancaria, una facultad que, según Bruselas, socava los poderes prudenciales del BCE, la autoridad competente cuando la adquisición supera el 10% del capital.
La opa fracasó, pero el expediente sigue vivo: lo que está en juego es la capacidad de un gobierno para vetar fusiones bancarias por criterios políticos.
El segundo reproche apuntaba a la aplicación que se hizo de la Ley de Defensa de la Competencia: la Comisión entendió que las trabas opuestas a la opa —que incluyeron condiciones adicionales como mantener la sede en Cataluña o preservar la marca Sabadell— no encajaban en las excepciones justificadas por interés general que contempla la norma.
Ambos cargos siguen en pie. Con la nueva carta, la Comisión refuerza su tesis y amplía el espectro normativo.
La opa del BBVA sobre el Sabadell se fue diluyendo a lo largo de 2025 y acabó archivada cuando la entidad vasca no logró reunir ni el 26% de las acciones. Sin embargo, el expediente comunitario no depende del resultado de aquella operación. Lo que Bruselas perseguía desde el minuto uno era la legislación subyacente, no un éxito concreto de la oferta.
El Eje del Poder Europeo
La ampliación del procedimiento de infracción se produce en un momento en el que la UE está apretando a los Estados miembros para completar la unión bancaria. Países como Alemania o los Países Bajos han renunciado históricamente a interferir en fusiones nacionales en aras de unas reglas comunes; España, Italia o Polonia han mostrado más resistencias.
La Comisión Europea —con un doble espacio— interpreta el bloqueo político a las consolidaciones como un lastre para la competitividad del sector y un obstáculo para el mercado único financiero. La Directiva CRD VI, aprobada en lo más álgido de la crisis derivada de la guerra de Ucrania, fue un intento de cerrar esa brecha. España no la ha transpuesto, y Bruselas no está dispuesta a cerrar los ojos.
Para el Gobierno de Sánchez, el coste político puede ser elevado. La oposición —PP y Vox— acusó entonces al Ejecutivo de utilizar los poderes públicos para favorecer a la entidad catalana, y la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha recordado en varias ocasiones que la legislación europea está por encima de las conveniencias electorales. La Moncloa se escuda en que la opa ya está muerta, pero el campo de batalla se ha trasladado a los juzgados europeos.
La carta de emplazamiento adicional es solo un aviso. Si en dos meses no hay una transposición adecuada, la Comisión emitirá un dictamen motivado. Si la contestación sigue sin ser satisfactoria, el caso acabará en el Tribunal de Justicia de la UE, que podría imponer multas diarias hasta que se corrija la legislación. El historial español en esta materia es conocido: España acumula más de 130 procedimientos de infracción abiertos, y en materia financiera ya tuvo que pagar una sanción de 3,2 millones de euros en 2023 por no ejecutar a tiempo una directiva de resolución bancaria.
La lección de Bruselas es diáfana: el fracaso de la opa no exonera a España de cumplir con las reglas. La unión bancaria es uno de los pocos proyectos que mantienen el consenso en la Eurocámara y en el Consejo. Los próximos dos meses dirimirán si el Gobierno rectifica o sigue la vía de la confrontación.
