La consellera de Interior, Núria Parlón, reclama un endurecimiento de las penas por tenencia ilegal de armas de fuego tras el segundo homicidio en la calle Mineria de la Zona Franca en menos de un mes. El último tiroteo, ocurrido en la noche del domingo, reactiva el debate sobre la seguridad en Barcelona y la capacidad de los Mossos d’Esquadra para frenar la escalada de violencia vinculada al crimen organizado.
El segundo crimen en el mismo escenario
Un nuevo tiroteo con una víctima mortal tuvo lugar la noche del domingo en la calle Mineria de la Zona Franca, el mismo punto donde el pasado 16 de mayo otro hombre fue asesinado a tiros. La coincidencia del escenario, apenas 23 días después, añade una carga de alarma vecinal que el Ayuntamiento ha intentado mitigar con un mensaje de tranquilidad: la principal hipótesis policial es que se trata de un ajuste de cuentas entre grupos criminales, y no de un riesgo indiscriminado para la ciudadanía.
Según la reconstrucción de los hechos, la víctima recibió varios disparos poco después de las nueve de la noche en un patio interior situado entre las calles Mineria y Mare de Déu del Port. Los vecinos intentaron reanimarla sin éxito. El autor, descrito como un hombre corpulento vestido de negro, logró huir. Aunque los canales oficiales de los Mossos no han ofrecido detalles, fuentes extraoficiales apuntan a que el fallecido sería de origen serbio.
La respuesta política: endurecer las penas
La consellera Núria Parlón aprovechó este lunes para reclamar un endurecimiento de las penas por tenencia ilegal de armas de fuego. La titular de Interior considera que el marco penal actual es insuficiente para disuadir el uso de armamento en ajustes de cuentas. Además, ha anunciado que, tras la visita del Papa a Barcelona —cuya fecha no ha precisado—, se reunirá con el Ayuntamiento de Barcelona para analizar qué refuerzos estratégicos adoptar en la capital catalana.
Más de un tiroteo semanal: el mapa de la violencia
Cataluña acumula ya más de un tiroteo por semana en lo que va de año. Según datos de los Mossos, se han registrado una treintena de incidentes con arma de fuego, lo que supone un incremento de entre el 30% y el 40% respecto al mismo periodo del año anterior. Cinco de ellos han sido mortales. Los investigadores vinculan esta escalada al negocio de la marihuana a las disputas entre organizaciones criminales y a un acceso cada vez más fácil a armamento.
La sucesión de homicidios está cambiando la percepción de inseguridad en Barcelona, y la respuesta penal actual no parece estar a la altura.
¿Qué margen tiene el Govern para cambiar el Código Penal?
La petición de Parlón choca de inmediato con una realidad competencial: el Código Penal es competencia del Estado. No es un debate nuevo: comunidades como Madrid o Andalucía ya trasladaron al Ministerio del Interior su preocupación por el acceso a armas de fuego en entornos criminales, sin que se hayan producido cambios legislativos sustanciales. La particularidad catalana radica en que la petición surge de un Govern presidido por el PSC, un partido que en el pasado ha priorizado la prevención social sobre el punitivismo. Este giro discursivo pone a prueba la coherencia del relato de seguridad del president Illa. La consellera, dirigente del PSC, sabe que su petición será leída en clave de exigencia a Moncloa, y que Sánchez difícilmente podrá ignorar un problema que se traduce en muertos en la calle. Mientras tanto, la reunión con el Ayuntamiento tras la visita papal supone un reconocimiento de que los instrumentos autonómicos —más Mossos, más coordinación— tienen un límite si no se revisa la respuesta penal. Cataluña no es la primera comunidad que lo pide, pero la combinación de una tasa de tiroteos anómala y el eco mediático de las últimas ejecuciones le da a esta reclamación un peso político inédito. El reto para la Generalitat es no quedar atrapada en un discurso que ahonde la sensación de inseguridad sin soluciones inmediatas.
El caso Mineria, con dos crímenes en menos de un mes, obliga al Govern a moverse deprisa. La reunión con el consistorio marcará el tono de la respuesta, pero la verdadera partida se juega en Madrid.
