Salvador Illa propone una reforma del Código Penal para endurecer las penas por tenencia ilícita de armas de fuego. La reacción llega tras el asesinato ayer de un hombre de un disparo en la cabeza en la calle Balmes, en pleno centro de Barcelona, mientras la ciudad estaba blindada por la visita del papa León XIV.
El suceso elevó a seis los homicidios con arma de fuego en la vía pública en lo que va de 2026, de un total de treinta tiroteos registrados. “No pararé hasta que sea cero”, declaró Illa en una entrevista en Aquí, Catalunya de SER Catalunya, donde defendió que “quien la hace, la paga”.
La gota que colma el vaso: un asesinato en pleno centro bajo el dispositivo del Papa
El asesinato de la calle Balmes, a apenas media hora a pie de la Sagrada Família, se produjo pese al despliegue de miles de agentes de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional. El Pontífice recorrió sin incidencias los puntos previstos, pero el crimen evidenció la persistencia de una violencia armada que la Generalitat no consigue atajar.
Según datos de los Mossos, los seis homicidios de este año con arma de fuego en la calle duplican las cifras de los últimos ejercicios. La sensación de inseguridad escala, aunque el President ha querido dejar claro su respaldo al cuerpo: “una policía que funciona muy bien”, pero que necesita “respuestas” judiciales más contundentes.
Una propuesta sin competencias: el límite institucional de la Generalitat
Illa admitió que endurecer las penas por tenencia ilícita de armas no es una decisión que corresponda al Govern. “No es una competencia nuestra, pero sí podemos trabajar para que eso pase”, explicó en la entrevista. El Código Penal es legislación estatal, por lo que cualquier modificación debería negociarse con el Gobierno central.
En los despachos del Palau de la Generalitat se asume que el gesto tiene más de declaración de intenciones que de propuesta legislativa real. Sin embargo, la iniciativa coloca a Moncloa ante el espejo de la inseguridad en una de las capitales económicas del país.
El president traslada a Moncloa un aviso: la inseguridad escala y necesita una respuesta penal, aunque la herramienta no esté en su mano.
El número de tiroteos en Barcelona han aumentado este año, y fuentes del Govern consultadas por Moncloa.com señalan que Illa quiere capitalizar electoralmente la demanda ciudadana de más castigo. La portavocía de ERC, de momento, guarda silencio sobre una medida que podría tensar aún más la frágil coalición.
El mensaje político: más allá de la reforma penal
La propuesta de Illa busca situar a la Generalitat como un actor proactivo ante un problema que tradicionalmente ha sido responsabilidad del Estado. No es la primera vez que un president del PSC reivindica cambios en el Código Penal por razones territoriales, pero sí la primera en hacerlo en un contexto de gobierno compartido con los independentistas.
Al mismo tiempo, el Govern afronta otro frente delicado: la huelga de profesores. Illa ha tendido hoy la mano a los sindicatos para resolver “el mayor incremento de recursos” en educación, aunque el conflicto con USTEC sigue abierto. La acumulación de crisis de corto plazo obliga al president a un equilibrio entre el tono duro con la delincuencia y el perfil dialogante con los docentes.
La próxima reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, prevista para finales de mes, será la primera prueba de si la petición de endurecimiento penal encuentra eco en el Ministerio del Interior. Por ahora, en el Palau insisten en que “quien la hace, la paga”, pero sin una reforma del Código, el mensaje se queda en un aviso político.
