El Partido Popular ha deslizado este miércoles la expectativa de que la Audiencia Nacional dé un paso más en la instrucción del llamado caso Leire, imputando al Partido Socialista Obrero Español como persona jurídica por un presunto delito de organización criminal. La tesis, expuesta por fuentes de la dirección popular a diversos medios, pivota sobre los pagos realizados a la exmilitante Leire Díez y busca instalar un relato de descomposición institucional a pocos meses del nuevo ciclo electoral.
La hipótesis popular y el marco jurídico de la Audiencia Nacional
El PP, que venía de un “paréntesis” mediático por la visita del Papa, confía en que el juez Santiago Pedraz dicte un auto de imputación contra el partido. Según ha podido confirmar esta redacción a través de fuentes parlamentarias, los populares interpretan los movimientos de la Audiencia como un indicio de que la causa —abierta por supuestas actividades para desbaratar procedimientos judiciales— puede elevarse a la persona jurídica del partido. Sin embargo, desde el tribunal no ha trascendido ninguna resolución en ese sentido.
No obstante, en la cúpula del PP admiten que un movimiento así no bastaría para quebrar la mayoría de investidura. «.
El salto cualitativo de imputar a un partido como organización criminal requeriría, según juristas consultados, un estándar probatorio muy superior al que, por ahora, ha trascendido del sumario. La fiscalía ni siquiera se ha pronunciado. La Audiencia Nacional no ha filtrado auto alguno, y todo apunta a que la expectativa del PP se construye sobre filtraciones interesadas, no sobre resoluciones firmes.
Ferraz enciende la defensa jurídica y política contra la ‘guerra judicial’
En Ferraz, la respuesta ha sido inmediata. El partido insiste en que se trata de una nueva embestida de la campaña de lawfare orquestada por la derecha para desgastar al Gobierno. «No vamos a permitir que se criminalice nuestra labor institucional con filtraciones y presunciones», señala un comunicado que la dirección federal ha difundido esta mañana y que puede consultarse íntegro en la web oficial del PSOE.
La estrategia se despliega en dos planos: el jurídico, con una batería de recursos y querellas por filtraciones que ya prepara el equipo de los servicios jurídicos; y el político, con intervenciones de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y del portavoz parlamentario, Patxi López, que este jueves llevarán al Congreso la denuncia de una «deriva judicial partidista». La maniobra pretende blindar el relato socialista y forzar a la oposición a retratarse.
Sin embargo desde Ferraz se recalca que la solidez de la mayoría parlamentaria es uno de los activos que más incomoda al PP. Los barones socialistas, incluidos los más críticos como Emiliano García-Page, han cerrado filas en privado para evitar cualquier fisura que el adversario pueda explotar.
La imputación de un partido político como organización criminal exigiría un estándar probatorio muy superior al que, por ahora, ha trascendido del sumario.
El Eje del Poder Socialista
La ofensiva popular se inscribe en un momento de reordenación interna del PSOE, pero también de reafirmación del liderazgo de Pedro Sánchez. Recordamos precedentes como la operación Kitchen o la estrategia de intoxicación judicial que ya sacudió la moción de censura de 2018. Entonces, la respuesta fue la cohesión; ahora, el partido vuelve a dibujar un cordón sanitario frente a lo que considera una utilización espuria de los tribunales.
En el plano territorial, la mayoría de los presidentes autonómicos del PSOE mantienen un perfil institucional. Fuentes próximas a los gobiernos de Castilla-La Mancha, Asturias, Navarra y la Generalitat aseguran que no hay voces discordantes con la línea de Ferraz. La lectura compartida es que el PP intenta instalar una crisis moral que desgaste al Ejecutivo, pero los datos de gestión económica y las últimas encuestas internas del partido indican que el votante socialista castiga más la desunión que las causas judiciales.
El riesgo real, admiten en la dirección, es que la acumulación de titulares —y no los autos judiciales— termine por erosionar la confianza ciudadana a medio plazo si el debate público queda secuestrado por el ruido. Por eso la apuesta de Moncloa pasa por acelerar en los próximos días el ritmo de anuncios sociales —vivienda, salario mínimo, transición ecológica— y devolver la iniciativa legislativa al Parlamento.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: Defensa de la legitimidad institucional y rechazo a la instrumentalización partidista de la justicia.
- Protagonista: Patxi López (portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso) y Pilar Alegría (portavoz del Gobierno).
- Próximo hito: Comparecencia de la ministra de Justicia en el Congreso y posible presentación de una moción en el Pleno para condenar el uso partidista de los tribunales.
