Los cálculos iniciales de Bruselas se han quedado cortos. Las telecos europeas calculan que reemplazar los equipos de proveedores chinos como Huawei y ZTE duplicará el coste previsto, hasta una horquilla de entre 30.000 y 40.000 millones de euros, según ha podido confirmar EXPANSIÓN el nuevo dato, muy por encima de los 17.000–21.500 millones que barajaba la Comisión Europea en enero, amenaza con encarecer la factura de los consumidores y añade presión a la tramitación de la nueva Ley de Ciberseguridad (Cibersecurity Act II o CSA2).
La factura que Bruselas no quiso ver
Cuando la Comisión presentó en enero el proyecto de CSA2, estimó que retirar los equipos de ‘proveedores de alto riesgo’ —léase fabricantes chinos subordinados a Pekín— costaría entre 17.000 y 21.500 millones de euros en cinco años. Pero los operadores europeos, que han hecho sus propias cuentas, elevan esa cifra al doble. La horquilla preliminar que manejan Telefónica, Orange y Vodafone oscila entre 30.000 y 40.000 millones, según fuentes del sector consultadas por este diario. La diferencia es tan abultada que los números de Bruselas parecen casi ingenuos.
En España, el impacto podría alcanzar los 4.000 millones de euros para las tres grandes telecos si se incluye no solo la red móvil 5G sino también las fijas. Para contextualizar, Telefónica España destinó 1.522 millones de euros a inversión total en 2025; sustituir los equipos chinos le exigiría multiplicar ese esfuerzo sin ayuda pública.
El malestar de las operadoras se tradujo en un documento conjunto, auspiciado por las patronales GSMA y Connect, fechado a mediados de mayo, que arremetía contra la CSA2 y advertía de un ‘ejercicio masivo de rip and replace’. Las compañías denuncian que desviar recursos a reemplazar equipos funcionales limita la innovación en 6G o redes basadas en IA y puede provocar inestabilidad operativa —averías e incluso apagones— con degradación del servicio para el ciudadano. Además, critican que la medida invada competencias nacionales en seguridad.
La propuesta de CSA2 es más dura que la anterior ‘caja de herramientas’: ya no recomienda, obliga. Fija un plazo de 36 meses tras la aprobación de la norma para que las redes móviles estén libres de equipos chinos. Si el reglamento se aprueba a finales de 2026, el plazo vencerá hacia 2029 o 2030. También amplía el alcance a las redes fijas —aunque sin plazo cerrado— y extiende el concepto de activos críticos a la red de acceso radio, sistemas de gestión y transporte. Un vuelco regulatorio de enorme calado.
Lo que Bruselas llama protección es para las telecos una losa de 40.000 millones que pagarán los consumidores.
El pulso de Moncloa: la seguridad nacional no se cede a Bruselas
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha plantado. El pasado 9 de junio, en el consejo europeo de Telecomunicaciones, el ministro Óscar López defendió que ‘no puede ser que los Estados miembros no tengan ningún papel en la definición de las cadenas de suministro de nuevas tecnologías que afectan a la seguridad nacional’. La postura española choca con la de la Comisión, que quiere definir a nivel supranacional quién es proveedor de alto riesgo, es decir, vetar a Huawei y ZTE desde Bruselas.
España, que mantiene una relación política estrecha con China —con numerosas visitas de Sánchez y otros cargos socialistas al gigante asiático—, ha evitado hasta ahora señalar a los fabricantes chinos como riesgo y ha mencionado a Huawei como socio para el desarrollo del 5G. Muchos países europeos, sin embargo, ya han aplicado restricciones en mayor o menor grado, lo que deja a España en una posición incómoda si la mayoría cualificada del Consejo termina aprobando la norma.
El Eje del Poder Europeo
La negociación de la CSA2 refleja una fractura clásica en la UE. Francia y Alemania, históricamente recelosas de la presencia china en infraestructuras críticas, respaldan la propuesta de la Comisión. Los países del este, alineados con Washington, ven en la ley una herramienta de soberanía tecnológica. En el sur, la cosa cambia: España, lastrada por una deuda pública elevada y unos márgenes empresariales estrechos, teme que el coste de la sustitución recaiga sobre los consumidores y lastre la digitalización. Italia, con posiciones ambiguas, podría acabar sumándose a la mayoría.
El problema no es menor. Los operadores europeos arrastran rentabilidades mediocres y deudas abultadas por las guerras de precios y la inversión en fibra y 5G. Imponerles 40.000 millones adicionales sin compensación financiera —al contrario que en Estados Unidos, donde el Congreso aprobó un fondo de ‘rip and replace’— equivale a detraer recursos de la innovación y trasladarlos a un ejercicio de sustitución masiva. La factura, inevitablemente, se trasladará al recibo del consumidor final.
En el plano político, Moncloa se juega mucho. Si la CSA2 sale adelante por mayoría cualificada, Sánchez quedaría señalado como el socio díscolo que intentó proteger a Huawei en nombre de la seguridad nacional, pero sin capacidad de veto. La contradicción de defender la soberanía estatal mientras se aceptan fondos Next Generation condicionados por Bruselas no pasará desapercibida. La próxima cumbre del Consejo Europeo será clave para ver si el Gobierno español mantiene el pulso o acepta una derrota anunciada.
