La jueza que instruye la causa de la DANA ha sumado un nuevo elemento que refuerza su tesis: el móvil del diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, demuestra que el Cecopi fue avisado en directo del desbordamiento del barranco del Poyo a las 18:55 del 29 de octubre de 2024. El acta de cotejo, realizada por la Letrada de la Administración de Justicia el pasado 12 de junio, confirma que Amparo Fort, la alcaldesa de Chiva, llamó a Mascarell para comunicarle que “ya estamos inundados”.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La jueza incorpora el cotejo del teléfono del diputado provincial Avelino Mascarell (PP), que acredita una llamada a las 18:55 de la alcaldesa de Chiva alertando del desbordamiento del barranco del Poyo.
- ¿Quién está detrás? La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado de instrucción número 3 de Catarroja, investiga la gestión del Cecopi y del Consell el día de la catástrofe.
- ¿Qué impacto tiene? La instructora considera “difícilmente sostenible” la versión del PP sobre un apagón informativo en la reunión del Cecopi, lo que refuerza las sospechas de inacción institucional.
La llamada que tumba el relato del PP
Los datos extraídos del terminal de Avelino Mascarell revelan una conversación especialmente incómoda para los responsables del Cecopi (el Centro de Coordinación Operativa Integrada, el organismo que reúne a todas las administraciones durante las emergencias en la Comunitat Valenciana). La alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, también del PP, telefoneó al diputado provincial de Bomberos a las 18:55 del día de la tragedia, apenas tres cuartos de hora después de que la Rambla del Poyo empezara a desbordarse en su cabecera.
Según el acta a la que ha tenido acceso elDiario.es, Mascarell no pudo acreditar otras comunicaciones posteriores porque los mensajes se eliminaban automáticamente en WhatsApp, pero la llamada de voz queda registrada en la factura telefónica. El dato clave es que esa llamada se produjo en plena reunión del Cecopi, cuando el PP sostiene que ningún responsable autonómico tenía constancia de lo que ocurría aguas arriba.
Una llamada que el Cecopi no puede ignorar: la alerta más temprana sobre el Poyo llegó a un diputado del PP que estaba en la sala donde se decidían las acciones de emergencia.
Los otros avisos que sí llegaron al Cecopi
Pero el caso no se limita a Mascarell. La instructora también ha puesto el foco en Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y en Emilio Argüeso, entonces secretario autonómico de Emergencias, investigado junto a la exconsellera Salomé Pradas. Ambos recibieron, casi en el mismo intervalo, la llamada de Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, que observaba el desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo, “con olas nunca vistas”.
La jueza Nuria Ruiz Tobarra los califica de “especialmente significativos” en su último auto, porque Mompó mantenía una “comunicación fluida y constante” con Pradas durante la reunión. A estas alturas de la instrucción, resulta “difícilmente sostenible” la tesis del PP y de los ejecutivos de Carlos Mazón y de Juan Francisco Pérez Llorca sobre el supuesto desconocimiento de la catástrofe en el barranco del Poyo.
El Escenario Valenciano
El nuevo hallazgo judicial complica la estrategia defensiva del PP en las Corts Valencianes. Tanto Mazón como los consellers del ramo han insistido durante año y medio en que la información no fluyó correctamente, pero los autos acumulan pruebas de que el Cecopi sí recibió señales directas del desastre. La oposición de PSPV y Compromís ya ha anunciado que pedirá la reprobación del presidente en el próximo pleno y que utilizará estos documentos para plantear una comisión de investigación que aclare las responsabilidades patrimoniales de la Generalitat.
A escala nacional, el goteo de evidencias judiciales influye directamente en el debate que el Congreso de los Diputados mantiene sobre la reforma del sistema de Protección Civil. El Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado que los fondos estatales para la reconstrucción (más de 1.200 millones ya transferidos al Consorcio de Compensación de Seguros y a la Generalitat) deben ir acompañados de una revisión de los protocolos autonómicos para evitar que se repita una tragedia similar. La próxima comparecencia de los investigados ante el TSJ (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana), prevista para finales de julio, será determinante para saber si las acusaciones particulares añaden los nuevos indicios al relato de inacción institucional que persiguen.
Ficha del Caso
- El caso: La magistrada del juzgado de Catarroja ha incorporado el cotejo del móvil del diputado provincial de Bomberos, que demuestra que el Cecopi fue alertado a las 18:55 del 29-O del desbordamiento del barranco del Poyo.
- Datos importantes: Llamada de la alcaldesa de Chiva; mensajes temporales de WhatsApp; otros avisos recibidos por Mompó y Argüeso desde Torrent; el auto del 16 de junio califica de “difícilmente sostenible” la versión del PP.
- Resumen: La instrucción judicial acumula pruebas de que la cúpula del Consell conoció la crecida del Poyo casi en tiempo real, lo que desmiente la defensa política de Mazón y acerca las posibles responsabilidades penales y políticas.
