EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Gobierno de Canarias ha decidido cerrar los centros de menores Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura, a partir del 1 de julio por la baja ocupación tras los traslados de menores migrantes a otras comunidades.
- ¿Quién está detrás? La Consejería de Bienestar Social, dentro del Ejecutivo autonómico presidido por Fernando Clavijo (CC), en coalición con el PP, argumenta razones de eficiencia en el gasto público.
- ¿Qué impacto tiene? El cierre deja en el aire a 42 trabajadores y supone la reubicación de 25 menores, ya integrados en su entorno escolar y social, lo que ha desatado las críticas de CCOO Canarias.
A partir del 1 de julio, dos centros de acogida de menores migrantes en Fuerteventura echarán el cierre. La razón oficial: una ocupación que apenas supera la mitad de las plazas disponibles, tras la redistribución de 2.000 expedientes hacia la península impulsada por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
La Consejería de Bienestar Social comunicó la decisión el pasado 16 de junio a la entidad gestora, la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, con la que intentó negociar una salida alternativa —sin éxito— para los centros de Ayagaures y Ancor.
Una red de acogida que ya sobra tras un año de reforma migratoria
Los números delatan el cambio de época. Ayagaures cuenta hoy con nueve menores para 24 plazas; Ancor, con 16 de 25. En total, 25 niños y adolescentes ocupan 49 camas disponibles. El contrato firmado en 2019 bajo el paraguas de una emergencia humanitaria obliga a pagar por plaza, con independencia de que esté cubierta. “Una situación insostenible”, califican desde el área de Bienestar Social, que ve incompatible mantener centros semivacíos con una gestión responsable del erario autonómico.
Esa presión se ha reducido drásticamente gracias a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que entró en vigor hace quince meses y convirtió la solidaridad interterritorial en una obligación. Según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se han tramitado ya 2.000 expedientes de traslado desde Canarias, Ceuta y Melilla “sin un solo incidente”. El dato lo dio en Lanzarote y explica por qué la red insular de acogida se ha quedado grande de repente.
La cara laboral y humana: 42 empleos y el desarraigo de los menores
CCOO Canarias ha puesto el foco en lo que considera una decisión “de enorme impacto social y laboral”. El despido colectivo de los 42 trabajadores se comunicó el 16 de junio y, según la coordinadora de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Zayda González, no está justificado si el servicio continúa por otra vía. El sindicato recuerda que el contrato nació en una emergencia con un convenio colectivo más favorable para la empresa y que ahora, con el V Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores, la gestora “no lo ve rentable”.
Pero más allá de los puestos de trabajo, el cierre golpea a los 25 menores que llevan meses —en algunos casos, más de un año— construyendo rutinas: escuela, amistades, atención sanitaria, vínculos comunitarios. “Es grave que una discrepancia económica pueda disolverse con despidos y el desarraigo de niños en situación de extrema vulnerabilidad”, subrayan desde la organización sindical. La reubicación forzosa rompe ese tejido cotidiano que la Ley de Protección del Menor dice amparar.
Cuando una empresa considera que el cuidado de la infancia vulnerable deja de ser rentable, algo se rompe en el sistema.
El Pulso Territorial
La decisión se inscribe en el complejo equilibrio que maneja el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) en coalición con el PP. Desde que se reformó la Ley de Extranjería, la presión migratoria sobre los servicios sociales de las islas ha bajado a niveles que el propio ejecutivo califica de “descongestionados sustancialmente”. Canarias tutela ahora una cuarta parte de los menores que llegó a tener antes de la reforma, y se han resuelto otros 1.000 expedientes de protección internacional. El cierre de Ayagaures y Ancor responde, por tanto, a una reorganización administrativa que busca eficiencia en el gasto: cada plaza vacía se paga igual y el Gobierno autonómico quiere redirigir esos fondos a centros con ocupación real.
El contexto territorial revela contrastes. Canarias sigue siendo puerta de entrada, pero la corresponsabilidad obligatoria ha repartido la carga entre comunidades que antes apenas recibían derivaciones. Mientras tanto, la ministra Rego anunció que a mediados de julio una Conferencia Sectorial repartirá 35 millones de euros entre las autonomías con mayor flujo de entrada. De ellos, Canarias recibirá cuatro millones adicionales, que se suman a los 140 ya asignados. La incógnita ahora es si la racionalización de la red canaria seguirá cerrando más dispositivos y si los trabajadores de Mundo Nuevo serán recolocados en otros contratos de la administración. El 1 de julio se sabrá la letra pequeña de una medida que, por debajo de las cifras de eficiencia, tiene rostro de niñez interrumpida.
Ficha Autonómica
- El caso: El cierre de dos centros de menores migrantes en Fuerteventura por baja ocupación tras la redistribución obligatoria de 2.000 expedientes desde Canarias, Ceuta y Melilla.
- Datos importantes: Ayagaures (9 de 24 plazas ocupadas) y Ancor (16 de 25). 42 trabajadores afectados por un despido colectivo comunicado el 16 de junio. El contrato con la Asociación Solidaria Mundo Nuevo data de 2019 y obliga a pagar por plaza, tanto ocupada como vacía.
- Resumen: El Gobierno canario clausura los centros el 1 de julio argumentando sostenibilidad financiera. CCOO exige la recolocación de los trabajadores y medidas que eviten el desarraigo de los 25 menores, mientras el Ejecutivo autonómico defiende la reorganización de la red de acogida tras la descongestión migratoria.
