El pleno del 17 de junio en la Asamblea de Madrid cerró el periodo de sesiones con un cruce de acusaciones por la exigencia del empadronamiento para acceder a las bonificaciones del abono transporte. La presidenta Isabel Díaz Ayuso y los portavoces de la izquierda protagonizaron un enfrentamiento que sacó a la luz viejas contradicciones programáticas y abrió una brecha sobre quién debe financiar los descuentos de un servicio que mueve a millones de viajeros cada día.
La diputada socialista Cristina González Álvarez calificó la medida —prevista en la ley del Consorcio Regional de Transportes— de “sectaria, racista y xenófoba” y situó a Ayuso y a Vox “peleando por el primer puesto en el Mundial de los fachas”. Según sus cálculos, la exigencia de figurar en el padrón municipal afectaría a unas 200.000 personas que hoy se benefician de los abonos con descuento.
La bronca: ‘fachas’ frente a ‘hipócritas’
La réplica del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, elevó el tono del debate. “Prefiero estar en el mundo de los fachas y no en el de los jetas y chorizos”, soltó, antes de acusar al PSOE de generar una alarma social “falsa e injustificada” solo por desviar la atención de sus problemas judiciales. Rodrigo recordó que la ley del Consorcio Regional de Transportes ya recoge desde su creación que las bonificaciones financiadas con recursos públicos deben destinarse a los residentes en Madrid o en las comunidades con las que existan convenios. No es un invento de este gobierno, insistió.
Pero el giro más picante lo dio la propia presidenta Ayuso al rescatar el programa marco municipal del PSOE de 2023. En aquel documento electoral, los socialistas defendían explícitamente el empadronamiento “como vía para favorecer el sentido de pertenencia e impulsar el arraigo social como mecanismo de acceso a la situación de regularidad”. Casi las mismas palabras que hoy tachan de xenófobas cuando el PP las aplica a un título de transporte.
Los programas de 2023 que ahora se contradicen
Más Madrid no se libró del mismo señalamiento. En su programa para el Ayuntamiento de Madrid de 2023, la formación de Manuela Bergerot se comprometía a “asegurar el derecho efectivo al empadronamiento a todas las personas que residan en Madrid” precisamente para facilitar el acceso a servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. El padrón como llave de entrada a las prestaciones públicas era una reivindicación compartida por toda la izquierda madrileña hace solo tres años; ahora, cuando el gobierno autonómico lo ata a los descuentos del abono, la califican de “facha”.
El padrón como llave de entrada a los servicios públicos fue una bandera de la izquierda en 2023; ahora, aplicada al transporte, se ha convertido en sinónimo de xenofobia según las mismas formaciones.
En el turno de réplica, la diputada socialista insistió en que la medida “niega el derecho al transporte a los no empadronados” y eso, a su juicio, es inaceptable. No obstante, el consejero Jorge Rodrigo aportó ejemplos de otros municipios gobernados por la izquierda donde el padrón es filtro habitual: en Getafe se exige para acceder a las piscinas municipales, en Valladolid lo pedía el exalcalde Óscar Puente y en muchas otras ciudades de toda España el padrón determina quién recibe bonificaciones en tasas o servicios.
El trasfondo financiero: quién paga el transporte en Madrid
Más allá del rifirrafe dialéctico, el trasfondo de la polémica es económico. El 94 % de la financiación del transporte público madrileño recae en la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de la región, según datos del Gobierno regional. Es decir, son los impuestos de los residentes madrileños los que sostienen el grueso del sistema, mientras que los descuentos que ahora se aplican al abono —hasta el 60 % en algunos títulos— se financian con ese mismo dinero público.
La administración autonómica defiende que es “lógico” que las ayudas beneficien prioritariamente a quienes las pagan con sus tributos, sin perjuicio de los convenios que ya existen con Castilla-La Mancha y Castilla y León. De hecho, Ayuso ha ofrecido negociar acuerdos bilaterales con cualquier otra comunidad para que sus ciudadanos también puedan disfrutar de bonificaciones cuando se desplacen a Madrid, siempre que haya reciprocidad y se consigne la partida correspondiente.
Un precedente que ya se vivió en la capital
No es la primera vez que el padrón desata un debate agrio en Madrid. En 2019, el gobierno municipal de Manuela Carmena endureció los requisitos de empadronamiento para acceder a las ayudas de emergencia social tras detectar fraudes. Aquella decisión, adoptada por un ejecutivo de Ahora Madrid, apenas generó ruido entre las filas de la izquierda, que la respaldó como una medida de control del gasto. La diferencia ahora es que el abono transporte es un bien de uso cotidiano para cientos de miles de personas, y cualquier restricción se siente directamente en el bolsillo del usuario.
La paradoja deja un regusto amargo para el lector: dos fuerzas políticas que hace tres años consideraban el empadronamiento un derecho fundamental para acceder a los servicios públicos ahora lo tachan de racista cuando es el PP quien lo aplica en el transporte. La próxima sesión de la Asamblea, ya en septiembre, determinará si el pulso se traslada a una modificación legislativa o si la polémica se diluye con el fin del periodo de sesiones. Mientras tanto, los abonos transporte siguen renovándose con los descuentos actuales, aunque el Gobierno regional ya ha dejado claro que la residencia será un requisito cada vez más vigilado.
