La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para el alcalde de Ourense, y PP, PSOE y BNG exigen explicaciones inmediatas.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía ha solicitado la inhabilitación de Gonzalo Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación.
- ¿Quién está detrás? Los tres partidos de la oposición en el Concello de Ourense –PP, PSOE y BNG– reclaman explicaciones.
- ¿Qué impacto tiene? El caso sume a la ciudad en una parálisis institucional que los grupos esperan que la Justicia resuelva cuanto antes.
La petición fiscal, conocida este jueves, sitúa al regidor ourensano ante su mayor tormenta judicial desde que en 2019 el partido Democracia Ourensana (DO) se hiciera con la alcaldía. Los hechos investigados, que permanecen bajo secreto de sumario, se refieren a una actuación del alcalde que la Fiscalía considera constitutiva de prevaricación. La gravedad de la medida –nueve años de inhabilitación supondrían apartarlo de la política municipal durante más de una década– ha disparado de inmediato la reacción de los tres grupos de la oposición.
La portavoz del PP en Ourense, Ana Méndez, fue la primera en tomar la palabra. “Esiximos explicacións públicas”, exigió, dejando claro que, a su juicio, Jácome “segue sen dar a cara”. Méndez recordó que el alcalde no ha presentado su declaración de bienes en los últimos siete años y lamentó que “o alcalde sempre está no centro da polémica por cuestións relacionadas coa súa actuación persoal e institucional”.
Desde el PSOE, la socialista María Fernández Ojea calificó la situación de “moi grave, gravísima”. En una comparecencia cargada de mesura, señaló que “calquera político ao uso non sei se dimitiría pero polo menos pensaría en dar explicacións públicas e en dimitir por ética e estética”. No obstante, los socialistas insistieron en respetar los tiempos judiciales y rechazaron “facer xuízos paralelos”. La prioridad, subrayó Fernández, es que “Ourense deixe de vivir instalada no ruído, na polémica e nunha parálise”.
El BNG sumó su voz a través del portavoz municipal, Luis Seara. Aunque reconoció que “os tempos da xustiza non os marcamos nós”, apremió a que el caso “se resolva coa maior brevidade posible” dada la condición de Jácome como “presumible candidato ás municipais”. Seara recordó que su formación ya ha elegido a un equipo de trece personas “preparado para asumir os retos de gobernar a partires de maio do 2027”, en un intento de proyectar estabilidad frente al desconcierto que genera la imputación del regidor.
PP, PSOE y BNG han dejado de lado sus diferencias este jueves: la petición de inhabilitación contra Jácome les ha unido en una exigencia de transparencia que la política municipal ourensana llevaba años sin ver.
El silencio de Jácome y una parálisis que ya pesa en el Concello
Hasta el momento, el alcalde no ha hecho declaración pública alguna. Fuentes municipales consultadas por este diario se limitan a señalar que Jácome “respetará los cauces judiciales”, pero evitan cualquier comentario adicional. Ese mutismo irrita a la oposición, que le reprocha la ausencia de una comparecencia institucional. Mientras, la maquinaria administrativa del Concello de Ourense sigue girando al ralentí, lastrada por una dinámica de crisis recurrentes que, según coinciden PP, PSOE y BNG, ahuyenta inversiones y desgasta los servicios públicos.
La incógnita judicial es ahora la que dicta los tiempos. La Fiscalía ha formalizado su escrito de acusación y el juzgado deberá decidir si abre juicio oral. Los plazos, según fuentes jurídicas, pueden alargarse varios meses, con lo que la sombra de la inhabilitación planea sobre una legislatura que ya encara su tramo final antes de las municipales de 2027.
El Laboratorio Gallego
El caso de Ourense no es un episodio aislado en la política gallega, sino la última expresión de un fenómeno que la comunidad arrastra desde hace años: la irrupción de liderazgos municipalistas que desafían a los partidos tradicionales. La Democracia Ourensana de Jácome, nacida como una escisión local, ha logrado conservar la alcaldía pese a no contar con mayoría, apoyándose en una combinación de personalismo y gestión controvertida que ha desconcertado a PP, PSOE y BNG. Lo que observamos en Galicia es que este tipo de plataformas tienden a multiplicarse cuando las formaciones clásicas no logran conectar con el descontento vecinal.
La unidad de acción que los tres partidos han exhibido este jueves en Ourense trasciende, además, la política local. A nivel nacional, PP, PSOE y las fuerzas soberanistas difícilmente coinciden en asuntos de calado; sin embargo, la petición fiscal contra Jácome ha servido de catalizador para un bloque común que prioriza la estabilidad institucional por encima de las siglas. En un país donde el ruido político rara vez se apaga, esta reacción conjunta ilustra cómo los procesos judiciales pueden crear extraños compañeros de viaje. Queda por ver si ese consenso táctico se mantendría en un eventual escenario post-Jácome, cuando los intereses electorales de cada formación volverían a chocar de lleno.
La proyección inmediata apunta a los juzgados, pero la clave de fondo es el 2027. Si la inhabilitación prospera, cambiará el tablero municipal ourensano; si no, Jácome se presentará de nuevo avalado por un electorado que ya ha demostrado no penalizar sus polémicas. Cualquiera de los dos desenlaces servirá de lección –o de aviso– para el resto de Galicia, donde el pulso entre los partidos de siempre y los outsiders está lejos de resolverse.
Ficha del Caso
- El caso: La Fiscalía solicita nueve años de inhabilitación para el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación vinculado a su gestión municipal.
- Datos importantes: La petición se conoció el 25 de junio de 2026. Jácome, al frente de Democracia Ourensana, gobierna desde 2019. Las próximas elecciones municipales serán en mayo de 2027.
- Resumen: PP, PSOE y BNG, habitualmente enfrentados, han unificado sus críticas exigiendo transparencia y celeridad judicial, mientras el Concello de Ourense afronta una parálisis que los tres grupos consideran insostenible.
