El juez central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, que investiga la Causa Plus Ultra, ha dictado «la suspensión y el bloqueo cautelar de cualquier acto jurídico, societario o registral, promovido directa o indirectamente por los administradores investigados o por personas que actúen en su nombre mediante poderes otorgados, para cualquier operación en la que intervengan como sujeto o como objeto. Siendo los intervinientes: Snip Aviation y su administradora única María Aurora López López, Fly Spain y su administradora única María Aurora López López y Corpoestructura SL y su administrador Mohamed Ibrahim Ibrahim así como Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli Miele«.
El juez también ha decidido «librar de oficio al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, a fin de que difunda la resolución y se abstengan los notarios de inscribir, autorizar o dar eficacia a actos de disposición, apoderamientos, modificaciones societarias, transmisiones patrimoniales o cualquier otro negocio jurídico proveniente de la mercantiles Snip Aviation, S.L. y su administradora única María Aurora López López; Fly Spain, S.L. y su administradora única María Aurora López López; y Corpoestructura, S.L. y su administrador Mohamed Ibrahim Ibrahim, titular así como Rodolfo Reyes Rojas, Roberto Roselli Miele, salvo autorización expresa de esta Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. En dicho oficio se hará constar el carácter urgente de lo medida acordada».
La investigada Aurora López, esposa de Rodolfo Reyes, «que se encuentra en busca y captura en las presentes actuaciones, estaría tratando de realizar distintos actos jurídicos documentados a través de algunas de sus sociedades mercantiles, principalmente, Snip Aviation SL, Fly Spain SL y Corpoestructura SL en la notaría de (…) a través de videoconferencia. Mercantiles todas ellas relacionadas con los hechos objeto de investigación», sostiene el juez Calama en un auto de este jueves.
El préstamo a Plus Ultra
Argumenta el magistrado que «María Aurora López López, cónyuge del también investigado Rodolfo Reyes Rojas, es
directora de Panacorp Casa de Valores SA, entidad financiera panameña que otorga un préstamo participativo (en torno a 6,3 millones de euros en 2017) a Plus Ultra, evitando así su disolución. Es también la titular real de Snip Aviation SL y actúa como propietaria mayoritaria de Fly Spain. Ambas empresas tienen participación significativa (aprox. 45 % y 11% respectivamente) en el capital social de Plus Ultra, sumando aproximadamente casi el 60%».
La investigación desveló que «Panacorp Casa de Valores SA actuó como prestamista en el marco de un contrato privado de
inversión o préstamo suscrito en un periodo temporal próximo a la concesión de la ayuda pública a Plus Ultra y devuelto en fecha 24.03.2021, esto es, seis días después de la recepción del préstamo ordinario por importe de 19 millones de euros, procediéndose a
continuación, a la transferencia de las cantidades correspondientes desde cuentas bancarias situadas en España a cuentas bancarias radicadas fuera de nuestro país».
Es más, según el auto, «la participación de Panacorp Casa de Valores SA, adquiere especial relevancia desde el punto de vista financiero, dado que la concesión del préstamo participativo por importe de 6,3 millones de euros evitó la disolución de la compañía Plus Ultra por quiebra técnica».
Asimismo, el investigado Rodolfo Reyes, en busca y captura, «controla la mercantil Corpoestructura SL, a través de la cuales se ejecutaron una serie de operaciones entre septiembre de 2018 y julio de 2019, y que supusieron un importe total superior a los 11,5 millones de euros transferidos desde varios países (USA, Suiza, Portugal, Gibraltar y Reino Unido) a través la citada mercantil», sigue el juez.
De esta manera, está claro que para el juez «aparecen indicios de la participación de Aurora López López en un entramado delictivo dirigido a la obtención y canalización de fondos públicos mediante la simulación de préstamos, para su ulterior blanqueo a través de sociedades mercantiles interpuestas. Esta investigada se encuentra actualmente en situación de busca y captura, lo que evidencia una voluntad de sustraerse a la acción de la justicia y agrava el riesgo de que, aprovechando su posición de administradora de diversas mercantiles, continúe realizando actos de disposición o de reorganización societaria orientados a ocultar, transformar o hacer irreconocible el origen ilícito de los bienes».
Por todo esto el juez ordena «la suspensión y el bloqueo cautelar de cualquier acto jurídico, societario o registral promovido
directa o indirectamente por los administradores investigados o por personas que actúen en su nombre mediante poderes otorgados, para cualquier operación en la que intervengan como sujeto o como objeto; y (ii) la expedición de oficio al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado, a fin de que difunda la resolución y se abstengan los notarios de inscribir, autorizar o dar eficacia a actos de disposición, apoderamientos, modificaciones societarias, transmisiones patrimoniales o cualquier otro negocio jurídico proveniente de las sociedades investigadas o de sus administradores, salvo autorización expresa de esta Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia».
La orden del juez llega tras un oficio de la UDEF de la Policía Nacional del pasado 19 de junio, en la que el inspector jefe del Grupo 14, avisaba al juez de que «los citados actos jurídicos consistirían en el otorgamiento de poderes de representación a favor de terceros, en particular de un letrado identificado como (…), pudiendo dichos actos estar orientados a eludir los efectos de la investigación judicial en curso, así como a posibilitar la continuidad de operaciones de naturaleza jurídica y económica. Máxime cuando, según las informaciones recabadas, tales apoderamientos y actos de representación se formalizarían mediante sistemas de videoconferencia o comparecencia telemática, constando asimismo que la administradora e interviniente se encontraría en situación de búsqueda y captura, existiendo indicios racionales de que dichas actuaciones pudieran estar dirigidas a obstaculizar o dificultar la acción de la Justicia».
En el mismo oficio los investigadores pedían exactamente las medidas que ha adoptado Calama.
