EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Parlamento Europeo propone un impuesto del 3-5% sobre los servicios digitales de grandes tecnológicas, con un potencial recaudatorio de hasta 43.000 millones de euros desde 2028.
- ¿Quién está detrás? La Comisión de Presupuestos de la Eurocámara, con respaldo de populares y socialdemócratas, busca forzar su inclusión en el Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
- ¿Qué impacto tiene? Afecta a Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. España ya aplica su propio tributo digital, pero la tasa comunitaria unificaría criterios y podría tensar las relaciones con Estados Unidos.
El Parlamento Europeo ha puesto sobre la mesa un gravamen europeo a los servicios digitales que podría recaudar hasta 43.000 millones de euros a partir de 2028. La iniciativa, impulsada desde la Comisión de Presupuestos, propone un tipo adicional de entre el 3% y el 5% sobre los ingresos de las grandes tecnológicas, con umbrales de 750 millones de euros de facturación global y 50 millones de negocio en la Unión Europea. La medida, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, aspira a nutrir el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP, el presupuesto comunitario a siete años) y a evitar la fragmentación fiscal que ya han generado impuestos nacionales como el español, el francés o el italiano.
Una tasa del 3%-5% con más calado que los impuestos nacionales
El documento con el que trabaja la Eurocámara detalla que las empresas afectadas serían aquellas con más de 750 millones de euros de facturación mundial y más de 50 millones de ingresos comunitarios. Esos elevados umbrales dejan fuera a pymes y startups y apuntan directamente a los gigantes como Meta, Amazon, Netflix, Microsoft o X. La novedad respecto a los tributos digitales ya existentes es la amplitud de actividades gravadas: además de la publicidad online, el nuevo impuesto abarcaría el comercio electrónico B2C, los servicios de streaming y los de computación en la nube.
Según los cálculos de los expertos parlamentarios, un tipo del 3% arrojaría unos ingresos de 20.600 millones de euros, mientras que un 5% los elevaría hasta los 42.900 millones. La cifra representa entre el 10% y el 22% del presupuesto actual de la UE y, en palabras de los autores, “proporcionaría a la Unión una fuente de recursos propios de gran visibilidad”. De hecho, el comercio electrónico entre empresas y consumidores aporta alrededor del 70% de la base imponible estimada.
La Comisión Europea ya dispone de su propio estudio sobre nuevos recursos propios, pero sus estimaciones son mucho más modestas: unos 5.000 millones anuales, extrapolando sin ambición las tasas nacionales existentes a los Veintisiete. El Parlamento, en cambio, apuesta por una posición de fuerza aprovechando que “somos un mercado de 450 millones de consumidores”, señalan fuentes parlamentarias.
La presión sobre la Comisión y el Consejo: Moncloa y los equilibrios del sur
La Eurocámara no tiene competencia directa en fiscalidad —el presupuesto comunitario se aprueba por unanimidad en el Consejo—, pero utilizará su capacidad de veto sobre el MFP para presionar. La propuesta ha sido trabajada de forma conjunta por eurodiputados del Partido Popular Europeo y de Socialistas y Demócratas, y cuenta con el visto bueno del grueso de fuerzas europeístas. Eso refuerza su amenaza de bloquear el presupuesto si no se introducen estos impuestos.
Sin embargo, la unanimidad exigida en el Consejo convierte cada nuevo recurso propio en un campo de minas geopolítico. Países como Países Bajos, Dinamarca o Suecia ya han mostrado recelo ante cualquier gravamen que pueda lastrar la competitividad europea. De hecho, la propuesta alternativa de la Comisión, el impuesto CORE —a todas las empresas con más de 100 millones de facturación— ha levantado ampollas precisamente entre los socios del norte. El Parlamento presenta el tasazo digital como una alternativa menos invasiva para el tejido productivo europeo, lo que podría facilitar el apoyo de gobiernos como el español o el italiano, siempre que la recaudación se vincule a gasto en defensa y competitividad.
Para España, que ya grava los servicios digitales desde 2021, la tasa europea aportaría certidumbre jurídica y evitaría las represalias comerciales selectivas de Estados Unidos, que en el pasado llegó a amenazar con aranceles a países con impuestos digitales unilaterales. Madrid podría ver en la propuesta una palanca para financiar el despliegue de fondos europeos sin aumentar su propia presión fiscal, aunque el calendario de aplicación —2028— deja un amplio margen de negociación interna.
El Eje del Poder Europeo
La propuesta fiscal reactiva la pugna transatlántica latente desde el fracaso del acuerdo global de la OCDE sobre servicios digitales. La mayoría de las compañías afectadas tienen sede en Estados Unidos, y aunque el acuerdo comercial firmado con la Administración Trump rebajó las tensiones, un tributo comunitario de este calibre podría reavivarlas. La UE ya trató de coordinar un impuesto global en el seno de la OCDE, pero la iniciativa se estancó, empujando a países como España, Francia o Italia a lanzar sus propias tasas. Ahora, el Parlamento quiere retomar la senda multilateral desde Bruselas.
El verdadero pulso no es con Washington, sino con los Veintisiete: si el Consejo no logra la unanimidad, el Parlamento está dispuesto a tumbar el MFP entero.
El nodo del poder europeo oscila entre los estados frugales, que rechazan cualquier ampliación de recursos propios que no vaya acompañada de recortes del gasto nacional, y los países del sur, que ven en los nuevos impuestos una vía para financiar bienes públicos europeos sin cargar a sus ciudadanos. Alemania, con un ojo puesto en la competitividad industrial, y Francia, que ya tiene su propio impuesto digital, jugarán papeles determinantes. Si el tasazo se vincula a la financiación de la defensa común o al fondo de competitividad, podría abrirse paso entre los recelos del norte.
La Eurocámara ha puesto una cifra sobre la mesa —43.000 millones— que convierte el debate en un desafío existencial para el próximo MFP. Fuentes parlamentarias advierten de que la votación se utilizará como moneda de cambio: o se introducen estos impuestos o no habrá presupuesto plurianual. La Comisión, por su parte, ve con buenos ojos ampliar los recursos propios pero prefiere caminar sobre seguro; su propuesta de 5.000 millones evidencia la distancia entre la prudencia comunitaria y el maximalismo del hemiciclo. La ventana crítica se abrirá en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de octubre, donde se esbozarán las grandes cifras del MFP. Hasta entonces, el tasazo digital del Parlamento funcionará como un termómetro de la capacidad de la UE para financiarse sin depender del cheque británico que ya no existe.
