EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Seis sindicatos canarios se han unido para reclamar al Gobierno regional el complemento de carrera profesional para 12.000 empleados públicos, bloqueado desde hace 20 años y valorado en 40 millones de euros.
- ¿Quién está detrás? CCOO, Co.bas, CSIF, Intersindical Canaria, Sepca y UGT, que exigen una implantación sin más dilaciones a la Administración autonómica.
- ¿Qué impacto tiene? La primera manifestación será el 30 de junio ante Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria y el 2 de julio se celebrará una reunión clave con la Dirección General de Función Pública. Si no hay avances, se barajan nuevas movilizaciones.
Los 12.000 empleados públicos de la Administración General canaria exigen al Gobierno regional el complemento de carrera, bloqueado veinte años y valorado en 40 millones de euros. La reivindicación, que afecta mayoritariamente a los grupos 4 y 5, los mileuristas de la función pública, ha unido por primera vez a seis centrales sindicales en un frente común. CCOO, Co.bas, CSIF, Intersindical Canaria, Sepca y UGT protagonizan un desafío directo al Ejecutivo de Fernando Clavijo (Coalición Canaria).
Un derecho reconocido por ley que Canarias sigue sin aplicar
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) —la norma estatal que regula los derechos de los trabajadores públicos— reconoce desde hace años el derecho a la carrera profesional horizontal, un complemento salarial ligado a la antigüedad, la formación y el desempeño. En la mayoría de las comunidades autónomas, este complemento ya está implantado en la Administración General; Canarias, en cambio, sigue sin aplicarlo para este colectivo que llevan dos décadas esperando un reconocimiento que nunca llega.
Los sindicatos denuncian un «agravio comparativo injustificado». La semana pasada, el pasado 17 de junio, se constituyó la Mesa Técnica de la Carrera Profesional, un foro que debía desbloquear la situación, pero las organizaciones representativas aseguran que el Gobierno canario carece de voluntad real para resolver el conflicto. Ni en los presupuestos canarios de 2026 ni en los proyectos futuros aparece una dotación específica para este complemento, que costaría unos 40 millones de euros al año. Una cifra que, según los sindicatos, «no es nada» para una administración cuyo presupuesto supera los 9.000 millones de euros.
Movilización en la calle y una reunión decisiva
Ante la falta de avances, los sindicatos han decidido pasar a la movilización. Este lunes, el 30 de junio, una concentración a las puertas de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria servirá como primera medida de presión. Pero el verdadero pulso se librará el 2 de julio, cuando los representantes sindicales se sienten con la Dirección General de la Función Pública para exigir un compromiso claro de calendario y financiación.
Los empleados afectados, en su mayoría de los grupos 4 y 5, cobran salarios que rozan el mileurismo. El complemento supondría un incentivo notable, pero la administración ha condicionado su implantación a un sistema de evaluación del desempeño que podría tardar otros dos años en activarse. «No podemos permitir que la implementación quede secuestrada por burocracia administrativa», advierten los portavoces sindicales, que se niegan a aceptar más demoras.
El enfado del personal es tal que, según fuentes sindicales, podría escalar a nuevas formas de protesta si la reunión del 2 de julio no arroja resultados concretos. Una huelga general no está descartada.
Veinte años de bloqueo, un complemento de unos 100 euros al mes para los mileuristas de los grupos 4 y 5, y la amenaza de prolongar otros dos años la espera con evaluaciones de desempeño.
El Pulso Territorial
El Gobierno de Canarias, presidido por el nacionalista Fernando Clavijo y apoyado por el PP y Agrupación Socialista Gomera (ASG), maneja un presupuesto anual que superó los 9.000 millones de euros en 2026. Como hemos podido comprobar, los 40 millones reclamados representan menos del 0,5% del gasto autonómico, una cantidad que, en teoría, sería asumible si existiera voluntad política. La paradoja es que, mientras otras comunidades como Murcia o Extremadura ya han implantado la carrera horizontal para su personal de Administración General, Canarias sigue siendo la última autonomía que mantiene bloqueado este derecho para el único colectivo sin él.
El pulso sindical coloca al Ejecutivo canario en una encrucijada: ceder y abrir una vía de gasto no prevista en plena ejecución presupuestaria, o mantener el pulso y arriesgarse a un conflicto laboral prolongado. La reunión del 2 de julio será, por tanto, un termómetro. Si el Gobierno no ofrece un calendario firme, los sindicatos no descartan una huelga que podría colapsar servicios administrativos básicos. Mientras, la manifestación del día 30 en Las Palmas de Gran Canaria marcará el grado de movilización real de una plantilla que lleva dos décadas viendo pasar los presupuestos sin que nadie escriba su complemento.
El Estatuto Básico del Empleado Público está de su parte; los precedentes en otras comunidades, también. Lo que falta es el compromiso político y la partida presupuestaria que conviertan el derecho en nómina.
Ficha Autonómica
- El caso: La Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias acumula veinte años sin aplicar el complemento de carrera profesional horizontal a sus 12.000 empleados públicos, pese a estar reconocido en el EBEP.
- Datos importantes: Coste estimado de 40 millones de euros anuales; mayoría de afectados en grupos 4 y 5 (mileuristas); Mesa Técnica constituida el 17 de junio, primera protesta el 30 de junio y reunión clave el 2 de julio.
- Resumen: Los sindicatos exigen que el Gobierno de Canarias asigne presupuesto y fije un calendario sin condicionarlo a evaluaciones de desempeño que alargarían la espera. Si no hay avances, se plantea una escalada de movilizaciones que podría incluir huelga.
